El país andino se prepara para unas elecciones generales decisivas, marcadas por la fragilidad económica, el desgaste del oficialismo y un escenario político que apunta a una reconfiguración profunda del poder.
Bolivia llega a las urnas este domingo con la sensación de estar cerrando un ciclo político que se prolongó durante dos décadas. El Movimiento al Socialismo (MAS), que bajo el liderazgo de Evo Morales y, posteriormente, de Luis Arce, definió el rumbo del país en el siglo XXI, enfrenta su contienda electoral más complicada desde que alcanzó el poder en 2006.
La cita electoral se desarrolla en un clima enrarecido. La economía boliviana, que durante años fue ejemplo de crecimiento sostenido en Sudamérica gracias a los ingresos por exportación de gas y minerales, atraviesa un momento crítico. Las reservas internacionales han caído a mínimos históricos, la inflación presiona sobre los precios de alimentos básicos y el desempleo golpea especialmente a los jóvenes. El tipo de cambio, tradicionalmente estable, es objeto de especulación en un mercado cambiario que refleja la incertidumbre generalizada.
El MAS llega desgastado, no solo por la crisis económica, sino también por las divisiones internas. La fractura entre el ala que responde a Evo Morales y la que apoya a Luis Arce ha debilitado la cohesión partidaria, dificultando la construcción de una narrativa unificada. En los barrios populares y en las zonas rurales —tradicional bastión electoral del MAS— se percibe un desencanto que podría traducirse en abstención o en voto de castigo.
La oposición, fragmentada durante años, ha logrado articular candidaturas competitivas en varias regiones. Aunque no presenta un frente único, se beneficia del hartazgo ciudadano y de un electorado urbano que busca alternancia. Sin embargo, la desconfianza en la clase política sigue siendo alta, y muchos votantes temen que el cambio de color político no garantice un cambio en la forma de gobernar.
La jornada del domingo será también una prueba para la institucionalidad democrática. El Tribunal Supremo Electoral ha insistido en que cuenta con las condiciones para garantizar transparencia, pero el recuerdo de las turbulentas elecciones de 2019 sigue vivo. Aquella crisis —que derivó en la renuncia de Morales, en denuncias de fraude y en protestas masivas— dejó huellas en la confianza ciudadana y en la credibilidad del sistema electoral.
Más allá de quién gane, el próximo gobierno tendrá que enfrentar un desafío estructural: reconstruir un modelo económico que ya no puede sostenerse únicamente sobre las exportaciones de gas, diversificar la producción y recuperar la inversión pública sin generar desequilibrios fiscales insostenibles. En paralelo, deberá lidiar con una sociedad polarizada y con tensiones regionales históricas que tienden a resurgir en momentos de incertidumbre.
Bolivia votará con la memoria de lo que fueron años de bonanza y con la realidad de un presente que exige ajustes difíciles. El desgaste del MAS y la oportunidad de la oposición se combinan en una elección que, más que un cambio de autoridades, podría marcar el inicio de un nuevo capítulo político. La respuesta ciudadana en las urnas dirá si el país opta por una transición ordenada o si se encamina hacia un periodo de mayor confrontación.
La elección definirá al próximo presidente y, al mismo tiempo, abrirá el debate sobre cómo Bolivia redefinirá su contrato social y político en un contexto de márgenes de maniobra cada vez más estrechos.
