La resistencia del expresidente boliviano a comparecer ante los tribunales, respaldado por una barrera humana armada con lanzas en el Trópico de Cochabamba, refleja una crisis institucional que trasciende la figura del líder cocalero y expone las profundas fracturas de un país dividido entre la legitimidad popular y el orden jurídico, mientras las amenazas de «convulsión” nacional ponen a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas bolivianas.
Los 2.000 partidarios armados con lanzas que protegen a Evo Morales en el Trópico de Cochabamba no solo desafían a la justicia boliviana. Representan la manifestación más visible de una crisis que atraviesa las instituciones del país andino y que tiene al expresidente como protagonista de una estrategia de confrontación que anticipa «convulsión» si no logra ser candidato en 2025. Esta barrera humana, compuesta principalmente por cocaleros y dirigentes campesinos, simboliza el choque entre dos concepciones de legitimidad que han coexistido de manera conflictiva en Bolivia durante décadas.
«Si inhabilitan a Evo va a haber una convulsión. Si quiere eso, pues, eso va a ser la responsabilidad del Gobierno», declaró Morales en una entrevista con la agencia EFE en marzo pasado. Sus palabras, pronunciadas meses antes del actual enfrentamiento, anticipaban un escenario que hoy se materializa en barricadas humanas y amenazas de movilización nacional. El Tribunal Supremo Electoral confirmó en julio que Morales no será inscrito como candidato presidencial para las elecciones del 17 de agosto, una decisión que ha intensificado la polarización política y social en el país.
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi fue categórico al explicar las razones de la exclusión: «ninguna etapa de un proceso electoral puede ser revisado o retrotraído». La decisión se basa en que el expresidente no cumplió los plazos establecidos y enfrenta restricciones constitucionales que le impiden una nueva postulación. Sin embargo, para los sectores que respaldan a Morales, esta determinación representa una maniobra política destinada a excluir al líder con mayor respaldo popular en amplias zonas rurales del país.
El MAS se fractura tras 29 años
El conflicto trasciende las diferencias entre Morales y las instituciones para convertirse en una fractura profunda del oficialismo. Su enfrentamiento con el presidente Luis Arce, quien fuera su ministro de Economía durante los años de bonanza económica, ha dividido al Movimiento al Socialismo (MAS) en dos bandos irreconciliables. Por primera vez en 29 años de historia, el partido oficialista celebró aniversarios separados: el ala «arcista» en La Paz y la «evista» en Santa Cruz, evidenciando una ruptura que parece definitiva.
«Arce cometió un gran error al señalar que no hay que tener miedo al pluralismo de ideas», criticó Morales, quien considera que esto marca una «diferencia ideológica» fundamental con el sector que lo respalda. Para el expresidente, el MAS debe mantener su tradición «antiimperialista», una línea que considera traicionada por la actual administración. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respondió con dureza a las movilizaciones: «no tienen como fin el legítimo ejercicio de los derechos ciudadanos, sino el intento deliberado de alterar el orden democrático», reflejando la escalada entre ambos sectores.
Más allá de las disputas internas, Morales enfrenta barreras jurídicas que parecen infranqueables para sus aspiraciones presidenciales. El Tribunal Constitucional estableció en diciembre de 2023 que la reelección en Bolivia es «por una única vez» de forma continua, inhabilitando al expresidente que ya gobernó tres períodos consecutivos entre 2006 y 2019. Esta decisión constitucional ha cerrado la puerta legal para una nueva candidatura, independientemente de su respaldo popular en sectores bien identificados del electorado boliviano.
«Estoy habilitado legal y constitucionalmente para ser candidato», insiste Morales, quien dice basarse en consultas a «expertos nacionales e internacionales» que cuestionan la interpretación del Tribunal Constitucional. Sin embargo, sus intentos de participar a través de partidos alternativos han fracasado sistemáticamente. Tanto el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) como el Frente para la Victoria perdieron su personería jurídica por no alcanzar el 3% de votos requerido por la legislación electoral en las elecciones de 2020.
Seis muertos en dos semanas de bloqueos
Las movilizaciones de junio dejaron un saldo trágico que ilustra los costes de la estrategia de confrontación adoptada por el expresidente. Cuatro policías y dos civiles fallecieron durante los bloqueos que paralizaron el país durante dos semanas, mientras los seguidores de Morales cerraron carreteras en varias regiones para forzar su candidatura. Los enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden marcaron un punto de inflexión en la crisis, demostrando que la retórica de la «convulsión» puede traducirse en consecuencias fatales para la estabilidad nacional.
«No permitiremos que intereses particulares de quienes quieren imponer una candidatura por la fuerza quieran disfrazarla como reivindicaciones sociales», declaró el presidente Arce durante un acto oficial, mientras el Gobierno desplegaba militares para mantener expeditas las vías de comunicación. Los dirigentes «evistas» mantienen la presión con amenazas de nuevas movilizaciones. «La lucha va a continuar en los nueve departamentos», afirmó Juanita Ancieta, una de las líderes campesinas que respalda a Morales, en declaraciones que reflejan una estrategia de confrontación nacional que podría paralizar nuevamente el país.
Morales denuncia la existencia de un «plan negro» para impedir su participación política, que atribuye a Estados Unidos en alianza con sectores de derecha bolivianos. «En alianza con la derecha, el país del norte busca evitar el retorno de la izquierda a Bolivia», declaró al medio brasileño ICL, utilizando un discurso que ha caracterizado su carrera política pero que ahora enfrenta el escepticismo de sectores que antes lo respaldaban incondicionalmente.
Bolivia se aproxima a los comicios de agosto en medio de una crisis institucional que trasciende la figura de Morales y pone en tela de juicio la solidez del sistema democrático. El país está llamado a decidir si prevalecerán las reglas democráticas o si la movilización social logrará imponerse sobre las decisiones de los tribunales. La respuesta determinará no solo el futuro político inmediato, sino también la consolidación de las instituciones que el propio proceso de cambio ayudó a construir durante los años de gobierno del expresidente Evo Morales.
