Colombia, Brasil y Bolivia sellaron en Bogotá una declaración conjunta para proteger la Amazonía y construir una posición común de cara a la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém. Entre propuestas de cooperación policial, llamados a la transición energética y reclamos indígenas, la cumbre dejó en evidencia tanto las ambiciones como las contradicciones regionales.
La V Cumbre de Países Amazónicos reunió a Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Luis Arce en la capital colombiana con un objetivo central: articular una agenda común frente a la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal y la explotación de hidrocarburos en la mayor selva tropical del planeta. La Amazonía, compartida por nueve países, concentra el 10% de la biodiversidad mundial, pero vive bajo la presión de economías extractivas y del crimen organizado que atraviesa fronteras.
El anfitrión Gustavo Petro insistió en su visión crítica hacia los combustibles fósiles, coherente con su política de transición energética. “Uno de los principales enemigos de Colombia es el narcotráfico, el oro y cierta minería extraída ilícitamente”, señaló. Su discurso buscó situar a la Amazonía como un terreno de disputa no solo ambiental sino también moral, donde el futuro del planeta depende de decisiones que rompan con la dependencia del petróleo y el carbón.
Lula, por su parte, jugó a dos bandas. El líder brasileño defendió la creación de una policía amazónica internacional, con base en Manaos a partir del 9 de septiembre, para enfrentar al crimen transnacional que erosiona los bosques. Al mismo tiempo, reiteró que Brasil seguirá explorando petróleo en la región como fuente de financiamiento para su transición energética. Una apuesta pragmática que revela la tensión entre el discurso ambiental y la realidad de las cuentas nacionales. “Queremos que la COP30 sea la COP del cambio”, afirmó, aunque sin ofrecer una hoja de ruta clara sobre cómo equilibrar desarrollo, transición y conservación.
Luis Arce se alineó en un tono conciliador, pidiendo anteponer los “intereses regionales” a los nacionales. Su intervención reforzó la idea de que el Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en 1978, necesita actualizarse con compromisos más concretos y mecanismos de financiamiento internacional que permitan a los Estados amazónicos sostener políticas de largo plazo.
El documento final, conocido como Declaración de Bogotá, incluyó la creación de un fondo internacional para los bosques tropicales y la coordinación de agendas climáticas nacionales. Sin embargo, organizaciones como Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty criticaron la falta de una propuesta clara para abandonar los combustibles fósiles. En paralelo, comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en la cumbre exigieron “acciones reales” más allá de discursos solemnes, recordando que en Colombia 27 líderes indígenas han sido asesinados en lo que va de 2025.
La cumbre también estuvo atravesada por la violencia política: el minuto de silencio inicial recordó a las víctimas de dos ataques guerrilleros ocurridos un día antes, que dejaron más de veinte muertos en el país. Ese telón de fondo recordó que la protección de la Amazonía no puede desvincularse de las dinámicas de conflicto armado, desigualdad y violencia que la atraviesan.
La cita de Bogotá proyecta hacia la COP30 de Belém la imagen de una región que busca hablar con una sola voz, pero que arrastra contradicciones internas. La Amazonía sigue siendo territorio de encrucijadas: entre la vida y el extractivismo, entre el discurso climático y las urgencias fiscales, entre la retórica de unidad y las tensiones soberanas.
La pregunta es si en noviembre, frente a la comunidad internacional, la región logrará mostrar un compromiso real o quedará atrapada en el mismo dilema de siempre: prometer la salvación del bosque mientras se negocia su sacrificio.
