El Tribunal Oral Federal número 7 ha iniciado el proceso judicial contra 87 personas, incluyendo a la expresidenta argentina, 19 exfuncionarios y 65 empresarios, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos por obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. El caso, conocido como la Causa Cuadernos, se basa en los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años el traslado de bolsos con dinero desde empresas contratistas hasta despachos oficiales y domicilios particulares. La fiscal Fabiana León califica la investigación como la más extensa sobre hechos de corrupción en la historia judicial argentina.
El Tribunal Oral Federal número 7 de Argentina inició este jueves 6 de noviembre el juicio oral contra 87 personas acusadas de participar en una red de corrupción vinculada a la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El proceso, conocido como la Causa Cuadernos, representa el mayor expediente por corrupción en la historia judicial argentina y concentra la atención del país sudamericano por la magnitud de las acusaciones y el peso político de los imputados. La expresidenta Cristina Kirchner, actualmente cumpliendo arresto domiciliario por otra condena relacionada con la Causa Vialidad, figura como principal acusada y supuesta jefa de una asociación ilícita.
El debate se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con audiencias programadas todos los jueves de 9:30 a 13:30 hasta fin de año. A partir de marzo de 2026 se sumará una segunda jornada semanal. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli conforman el tribunal encargado de evaluar las pruebas y testimonios de un caso que involucra 540 hechos de supuestos pagos ilegales. La primera sesión se dedicó a la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Stornelli, quien instruyó la investigación desde su inicio en 2018.
Entre los acusados figuran algunos de los nombres más relevantes de la administración kirchnerista. Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, enfrenta cargos como organizador de asociación ilícita y coautor de 187 cohechos pasivos. Roberto Baratta, exfuncionario del mismo ministerio y superior directo del chofer Oscar Centeno, está imputado como organizador de la asociación ilícita y autor o coautor de más de 100 cohechos pasivos. También se sientan en el banquillo José López, exsecretario de Obras Públicas, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, exsecretarios de Transporte, junto a otros funcionarios de menor rango que habrían participado en distintas instancias del esquema de recaudación ilegal.
La lista de empresarios acusados incluye a algunos de los nombres más prominentes del sector privado argentino. Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri y accionista de las firmas ODS e IECSA, está imputado como autor de 16 cohechos activos. Aldo Benito Roggio, presidente del Grupo Roggio y titular de Metrovías, enfrenta acusaciones de tres cohechos activos y coautor de 12 más. Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y presidente del directorio de ESUCO, aparece complicado por testimonios de otros arrepentidos. También figuran Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona, todos ellos titulares de importantes grupos empresariales con contratos estatales durante el periodo investigado.
El origen del caso en los cuadernos
La causa debe su nombre a ocho cuadernos manuscritos por Oscar Centeno, quien trabajó como chofer de Roberto Baratta entre 2003 y 2015. En esas páginas, Centeno registró detalladamente sus viajes transportando bolsos con dinero desde las sedes de empresas contratistas del Estado hasta oficinas y domicilios de funcionarios públicos. Los cuadernos incluyen fechas, horarios, lugares y montos, conformando una bitácora precisa del presunto circuito de recaudación de sobornos. Según los registros, los pagos eran entregados en el departamento que el matrimonio Kirchner tenía en el barrio porteño de Recoleta, en la residencia presidencial de Olivos o directamente en la Casa Rosada.
La existencia de los cuadernos llegó al conocimiento de la Justicia por una cadena de acontecimientos que comenzó en noviembre de 2016. Centeno entregó los documentos a su amigo Jorge Bacigalupo, también remisero, para que los custodiara ante el temor de que su exesposa Hilda Horovitz los descubriera. Esta última ya había realizado denuncias sobre irregularidades vinculadas a su expareja en otra causa judicial. En enero de 2018, Bacigalupo entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot del diario La Nación, quien los digitalizó y posteriormente los entregó a la Justicia en abril de ese año antes de publicar la investigación. El caso se hizo público el 1 de agosto de 2018 con una serie de allanamientos y detenciones que sacudieron el panorama político argentino.
Un peritaje oficial realizado por la Gendarmería Nacional estableció que los cuadernos fueron efectivamente escritos por Oscar Centeno. Los expertos caligráficos determinaron que la mayoría de los textos manuscritos corresponden a un mismo puño escritural, el del chofer, y que las copias digitales que circularon en la prensa son fieles a los originales resguardados en tribunales. El estudio detectó algunas anomalías en nombres y direcciones con tachaduras y sobreescrituras, pero confirmó la autenticidad general del material. Este peritaje resulta crucial para la acusación, ya que desestima las impugnaciones de las defensas que cuestionaban la veracidad de los documentos.
El rol de los arrepentidos
Una de las características distintivas de este proceso es la cantidad de imputados que se acogieron a la figura del arrepentido, mecanismo legal que permite reducir la pena a cambio de aportar información útil para la investigación. 25 personas firmaron acuerdos de colaboración, incluyendo al propio Oscar Centeno, el exsecretario José López, el empresario Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Ernesto Clarens y Claudio Uberti. Sus testimonios fueron determinantes para reconstruir el funcionamiento del presunto esquema de corrupción y corroborar las anotaciones de los cuadernos. Los empresarios arrepentidos admitieron haber pagado entre el 10% y el 20% del presupuesto de las obras públicas adjudicadas, además de aportes adicionales en periodos electorales.
El tribunal aceptó como prueba los testimonios de estos imputados colaboradores, cuyas confesiones constituirán parte central del debate. Entre los 626 testigos propuestos se encuentran también Hilda Horovitz, la exesposa de Centeno, Miriam Quiroga, exempleada presidencial, y el propio Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos al periodista. Este último enfrenta su propia situación judicial compleja, ya que fue procesado por supuestamente alterar contenidos de algunos cuadernos, aunque posteriormente la Cámara Federal revocó ese procesamiento por falta de mérito. La credibilidad de los testigos y arrepentidos será uno de los ejes centrales del debate judicial.
Antes del inicio del juicio, las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios propusieron una reparación integral mediante el pago de una compensación económica para cerrar sus causas penales. Sin embargo, la fiscal Fabiana León rechazó tajantemente esta propuesta, declarando públicamente que en su fiscalía no se vende impunidad. La Unidad de Información Financiera, que actúa como querellante, también se opuso a cualquier acuerdo que evitara el juicio. Esta postura evidencia la determinación del sistema judicial de llevar adelante el proceso hasta sus últimas consecuencias, descartando salidas alternativas para los acusados.
Cristina Kirchner y su respuesta
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita que habría operado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre mayo de 2003 y noviembre de 2015. Según la teoría de la acusación, el esquema fue ideado por su fallecido esposo Néstor Kirchner junto al entonces ministro Julio De Vido, y continuó funcionando tras la muerte del expresidente en 2010 bajo la conducción de Cristina. El objetivo habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos ilícitos con fines de enriquecimiento personal y financiamiento de otras actividades. La figura jurídica de asociación ilícita prevé penas de hasta 10 años de prisión.
Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión en su domicilio por la Causa Vialidad, donde fue declarada culpable de administración fraudulenta por direccionar obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Resulta significativo que en ese proceso el Tribunal Oral Federal 2 descartó expresamente la figura de asociación ilícita y la condenó por defraudación al Estado. Esta decisión quedó firme con el aval de la Corte Suprema, lo que plantea interrogantes sobre la consistencia jurídica de aplicar ahora la figura de asociación ilícita en la Causa Cuadernos por hechos vinculados al mismo periodo gubernamental.
La expresidenta se conectó virtualmente desde su lugar de detención en la calle San José 1111 del barrio porteño de Recoleta para participar en la primera audiencia del juicio. A través de sus redes sociales, calificó el proceso como una opereta judicial diseñada para mantener viva la presión política y distraer la atención de otros problemas. Vinculó el avance del juicio con la situación económica del país, denunciando un segundo mega endeudamiento de Argentina por miles de millones de dólares que hipoteca el presente y futuro de varias generaciones. Su defensa argumenta que se trata de una estrategia de persecución política conocida como lawfare, término que refiere al uso de mecanismos judiciales con fines políticos.
Un proceso que marcará la historia judicial
La fiscal Fabiana León, quien lleva adelante la acusación, advirtió que se trata de la investigación de hechos de corrupción más extensa realizada en la historia judicial argentina, comparable solo con unas pocas a nivel mundial. El expediente principal acumula más de 12.000 fojas y se han generado varias causas paralelas que investigan aspectos como la cartelización de la obra pública y el lavado del dinero proveniente de los sobornos. Esta última incluye a Carolina Pochetti, viuda del exsecretario Daniel Muñoz, como principal procesada por un daño estimado de 70 millones de dólares en propiedades compradas en Miami y Nueva York. Muñoz, considerado figura clave en la recepción del dinero, falleció en 2017 y su muerte extinguió la acción penal en su contra.
El juicio se extenderá por al menos tres años según las estimaciones del tribunal. La complejidad del caso, el elevado número de acusados y testigos, y la cantidad de pruebas a analizar convierten este proceso en un desafío mayúsculo para el sistema judicial argentino. Las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y después de la feria judicial de enero, aunque el tribunal aún debe decidir si estas se realizarán de manera virtual o presencial. La Cámara de Casación había instado al tribunal a acelerar el ritmo de las audiencias para evitar que el proceso se prolongara excesivamente, aunque mantener la atención y coherencia durante años resultará una tarea compleja.
La Causa Cuadernos representa un momento definitorio para la Justicia argentina. El desenlace del juicio tendrá implicaciones que trascienden lo meramente judicial, afectando la percepción ciudadana sobre la corrupción, la credibilidad de las instituciones y el futuro político del país. Para los defensores del proceso, se trata de un ajuste de cuentas histórico con prácticas sistemáticas de enriquecimiento ilícito. Para sus detractores, constituye un ejemplo de persecución política mediante instrumentos judiciales. Entre estos extremos, 87 personas enfrentan acusaciones que podrían cambiar sus vidas y marcar un precedente sobre cómo Argentina lidia con su pasado reciente de corrupción y poder.
