El resurgimiento del sarampión en Bolivia activa las alarmas en Perú. Puno, departamento fronterizo, redobla esfuerzos sanitarios para evitar una reintroducción del virus que América Latina había logrado controlar.
Cuando América Latina parecía haber cerrado una página en su historial de enfermedades prevenibles, el sarampión —esa vieja amenaza de la infancia— vuelve a asomar con fuerza. Esta vez, el foco está en Bolivia, y el eco inmediato se escucha al otro lado de la frontera: en la región peruana de Puno.
El Ministerio de Salud de Perú emitió este sábado una alerta epidemiológica regional por riesgo de reintroducción de casos de sarampión importados desde el país vecino. La decisión, tomada por la Dirección Regional de Salud (Diresa), busca reforzar la vigilancia activa, la vacunación y las acciones preventivas, no solo en los puestos fronterizos, sino en toda la región puneña.
La alerta no es exagerada. Según datos oficiales bolivianos, al 17 de julio se han registrado 125 casos: 104 en Santa Cruz, 10 en La Paz y el resto dispersos entre Potosí, Beni, Chuquisaca, Oruro y Pando. En otras palabras, el virus se está moviendo con libertad por territorio boliviano. Puno, con sus pasos fronterizos intensamente transitados —en particular Tilali, Kasani, Anapia, Tinicachi y Desaguadero—, representa una puerta abierta a posibles contagios.
La respuesta peruana ha sido rápida. Se han distribuido 44.750 dosis de vacunas en los centros de salud de la región, priorizando a niños menores de dos años, la población más vulnerable. Además, se han establecido seis puntos de vacunación específicos en la frontera, con operativos intensificados los martes y viernes en Desaguadero.
Esta alerta pone sobre la mesa una cuestión más amplia: la fragilidad de los sistemas de prevención regionales y la necesidad de mantener altos niveles de inmunización, incluso cuando los casos son bajos o inexistentes. El sarampión no desaparece por decreto. Basta una baja cobertura vacunal, un brote no contenido o un flujo migratorio descontrolado para reactivar el ciclo del contagio.
En los años recientes, la pandemia de COVID-19 desvió recursos y atención, postergando campañas de vacunación infantil en muchos países latinoamericanos. Lo que hoy ocurre en Bolivia puede ser, en parte, una secuela de ese descuido estructural.
En este contexto, Puno no es una excepción, sino un espejo. Lo que hoy ocurre en sus consultorios podría repetirse mañana en otras regiones fronterizas del continente si no se actúa con rapidez y coordinación binacional. La movilidad humana, intensificada por razones laborales, familiares o incluso por comercio informal, exige estrategias sanitarias regionales sostenidas, no reactivas.
El desafío, una vez más, es político, sanitario y educativo. Político, porque exige coordinación entre gobiernos que a menudo priorizan disputas antes que la cooperación. Sanitario, porque obliga a invertir en prevención sin esperar el desastre. Educativo, porque sin una ciudadanía informada y confiada en la ciencia, ni la mejor campaña tendrá impacto duradero.
El sarampión reaparece para recordarnos que las fronteras sanitarias no existen. Pero también que la salud pública —cuando es tomada en serio— sigue siendo una forma concreta de justicia social.
