Alejandro Gil se desempeñó como ministro de Economía de la dictadura comunista de La Habana entre 2018 y 2024. Pocos días después de su cumpleaños, en febrero de 2024, tras recibir felicitaciones de los funcionarios del régimen, incluido a quien funge como presidente, Miguel Díaz-Canel, Gil fue cesado del cargo. En marzo de ese año se abrió una investigación contra Gil por la comisión de presuntos “graves errores”. Este se ha convertido en el caso más sonado contra un exfuncionario en los años recientes en la isla.
En su día, la destitución de Gil llamó la atención considerando que el régimen cubano tiene como constante exaltar las bondades de su sistema y la probidad de los suyos. Sin embargo, cuando el régimen ha precisado de un chivo expiatorio tampoco le ha temblado el pulso para perpetrar las purgas necesarias que le den oxigeno y le aseguren la supervivencia. Esta semana Gil ha sido condenado a cadena perpetua y tiene pocos días para apelar la sentencia. El exfuncionario cumplirá 62 años el próximo febrero.
Transcurrido un año y ocho meses de la destitución de Alejandro Gil, el denominado Tribunal Supremo Popular de Cuba ha condenado al exfuncionario de alto nivel en dos procesos: en el primero, lo condena a cadena perpetua por espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos; en el segundo, lo condena a 20 años de cárcel por cohecho para falsificar documentos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
El exfuncionario caído en desgracia es ingeniero en Explotación del Transporte, trabajó en empresas estatales dentro y fuera de Cuba y ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Finanzas y Precios hasta que, en 2018, fue nombrado ministro de Economía y Planificación. Gil también ejerció como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y, naturalmente, pertenecía al Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Desde su posición como ministro de Economía fue el rostro visible de impopulares medidas de ajuste y el responsable de implementar el incremento a los precios de los combustibles que han empeorado las condiciones de muchos y que la población resintió ampliamente. La designación adicional como viceprimer ministro, en diciembre de 2019, evidenció su incidencia y peso en la estructura de poder del régimen.
Tras su destitución, en febrero de 2024, el presidente Díaz-Canel dijo a los medios estatales que no se tolerarían posibles actos de corrupción: “Bajo este principio, se mantendrá la legalidad, la confrontación permanente, la transparencia y la cero tolerancia ante este tipo de acciones que afectan a nuestro pueblo”, señaló.
Hace un mes y medio, el 31 de octubre, la Fiscalía General de Cuba comunicó la imputación del exministro y de otras personas “por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial”.
En el marco de esos señalamientos y acusaciones, el Tribunal ha indicado este lunes que las sentencias en contra del exministro se producen porque Gil aprovechó sus cargos públicos para obtener beneficios personales que incluyen la recepción de dinero de empresas extranjeras y el soborno de otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes.
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Iberoamericana, Carlos Rodríguez, ha indicado a CNN que Gil era una figura “sui géneris”: no tenía vínculos con los sectores políticos tradicionales de Cuba y llegó a las altas esferas del poder a partir del gobierno de Díaz-Canel. Esa condición lo hacía “relativamente vulnerable”.
“Entonces, cuando aparece en la escena política cubana Alejandro Gil, siempre llamó la atención su perfil, que era un perfil relativamente desconocido, y aparece en todo este período posterior al cambio, a la sucesión en el liderazgo cubano posterior a Fidel Castro, es decir, en el período de Raúl, y realmente llega al Consejo de Ministros y como ministro de Economía en la etapa más reciente de la presidencia de Díaz-Canel”, describe Rodríguez.
El profesor consultado por la cadena americana de noticias destaca que las “purgas políticas” han sido una práctica común en Cuba, en la etapa posterior a la Revolución y toma del poder por parte del castrismo: “Siempre que hay una situación difícil, que amenaza la cohesión o la estabilidad, o alguna situación de crisis económica, o crisis en algún punto, tal vez en política exterior, siempre ha aparecido una figura ad hoc para ser enjuiciada y ser acusada de espionaje, de diversos delitos, delitos de Estado, con gravedad, y han sido sancionados con grandes penas (…) Estamos viendo un patrón que se ha repetido a lo largo del período revolucionario”, puntualiza el analista.
