Un menor fue sentenciado por el ataque que costó la vida al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La condena abre interrogantes sobre la violencia política y el uso de menores por parte del crimen organizado.
Un tribunal especializado en menores de Colombia impuso este miércoles una condena de siete años de internamiento en un centro especializado al adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político murió semanas después del atentado, ocurrido en Bogotá el pasado 7 de junio. Aunque la sentencia cumple la Ley de Infancia, el impacto simbólico del crimen trasciende lo judicial.
El ataque reabrió viejas heridas: Colombia revive con este asesinato los fantasmas de décadas de violencia política. Las investigaciones apuntan a una red criminal organizada que habría manipulado al menor, y ya incluyen a otros cinco adultos procesados. Una justicia rápida puede aplacar la indignación pública, pero no necesariamente garantiza que se desmonten las estructuras que siguen explotando a adolescentes para cometer crímenes.
La rigidez procesal también pesa. Una vez aceptados los cargos de tentativa de homicidio, la ley no permitió modificarlos, pese a que Uribe falleció días después. Esa limitación deja un sabor a impunidad parcial, pues el castigo legal difícilmente se corresponde con la magnitud del crimen político.
Más allá de los tribunales, la tragedia expone la persistencia del reclutamiento de menores por redes criminales. Desde hace décadas, jóvenes han sido usados como sicarios o mensajeros, y este caso confirma que el fenómeno continúa enraizado. La justicia puede castigar al ejecutor, pero la urgencia nacional es frenar la cadena que arrastra a nuevos menores hacia la espiral de violencia.
La dimensión política añade otra capa de complejidad. Tras el asesinato, el padre de Miguel Uribe decidió asumir la candidatura presidencial en su lugar, lo que abre el debate sobre cómo la violencia puede convertirse en capital político en un país marcado por el dolor. Colombia se enfrenta así a un dilema: entre el recuerdo de las víctimas y la tentación de instrumentalizar sus muertes.
La condena contra el joven atacante envía un mensaje de legalidad, pero el desafío mayor es evitar que la violencia política siga dictando las reglas del juego democrático. Mientras las estructuras criminales que manipulan a menores no sean desarticuladas, cada sentencia será apenas un parche sobre una herida mucho más profunda.
