El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el fin del TPS para 250.000 venezolanos más y ahora los exhorta a que se “autodeporten”. El anuncio se hizo a través del Departamento de Seguridad Nacional este miércoles. La institución advierte que pondrá fin a ese mecanismo de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de venezolanos residir en Estados Unidos sin caer en la ilegalidad.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, había tomado medidas al inicio del año para poner fin al estatus de protección temporal de unos 300.000 venezolanos. La reciente medida afectará ahora aproximadamente a 250.000 inmigrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos con el programa de 2021. “Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos del Gobierno de Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, precisó un portavoz de Seguridad Nacional a través de un comunicado.
Sin matices, la administración estadounidense ha señalado la inconveniencia de mantener el estatus de protección y la presencia de venezolanos en su territorio: “Al considerar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”, indicó el portavoz.
El TPS o Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido un mecanismo empleado en diferentes administraciones y que permite otorgar protección a ciudadanos que se han visto forzados a dejar su país porque la situación interna los expone a peligro inminente. Este mecanismo contempla a ciudadanos procedentes de 17 países y evita la deportación de los beneficiarios de dicho estatus.
Gobiernos demócratas y republicanos, en el pasado, han otorgado medidas de protección a ciudadanos de diferentes países por considerar las situaciones de crisis que viven en sus países. Se infiere que, al suspenderlas o revocarlas, las autoridades asumen y están enviando el mensaje de que el peligro ha desaparecido y hay condiciones y garantías para que los ciudadanos retornen a sus países de origen.
Los críticos del TPS alegan que la protección es temporal y el beneficiado tarde o temprano debe regresar a su país. Se entendía, sin embargo, que si las condiciones continuaban implicando riesgo para la vida y la integridad se justificaba la extensión del estatus de protección, pero lo que está planteando la administración actual es una interpretación en sus términos, acorde a su plan y en consonancia con la política migratoria que ha asumido.
El gobierno Trump seguirá enfrentando críticas, resistencias, obstáculos y desafíos legales. Pero, si los venezolanos pierden el estatus conferido por el TPS y no han resuelto su situación migratoria a través de un nuevo proceso, enfrentan el riesgo de ser deportados.
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia permitió al gobierno Trump revocar el Estatus de Protección Temporal a más de 350.000 venezolanos. Aunque del TPS se han beneficiado ciudadanos procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre otros países, de momento, se revoca para los ciudadanos venezolanos beneficiados del programa en 2021 y cuya prórroga se efectuó en 2023.
Al revocarse el estatus asignado por el TPS el ciudadano pierde su condición legal en Estados Unidos, una legalidad incierta y temporal pero que ciertamente le libra de ser ilegal y le da la posibilidad de obtener un permiso de trabajo legal en el país. Perder el TPS en esas circunstancias es perderlo casi todo y enfrentarse a la deportación. Un recurso muy utilizado en esos casos es presentar una solicitud de asilo que le permite al solicitante ganar tiempo sin estar sometido a la expulsión mientras cursa su solicitud.
El asilo, vinculado al derecho internacional público, una vez que es concedido o conferido tras procesos a menudo dilatados en el tiempo, brinda un estatus permanente que permite al beneficiario optar por la residencia y posterior ciudadanía, mientras que el TPS es una política migratoria nacional que puede ser tanto renovada, en las fechas en que la administración lo determine, como revocada.
