La reciente advertencia de la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, pone en evidencia una verdad incómoda pero inevitable: salir de una lista gris no significa haber dejado de ser observados.
Durante su intervención en un acto público esta semana, Matusz elogió algunos avances del gobierno panameño en materia de transparencia fiscal y combate al lavado de activos. Sin embargo, su mensaje no deja margen a la interpretación: “El esfuerzo debe ser constante”. La frase, lanzada con diplomacia, es un recordatorio severo de que la confianza internacional no se gana de una vez y para siempre. Se mantiene a base de coherencia regulatoria, aplicación efectiva de las leyes y resultados verificables.
Panamá sabe bien lo que está en juego. Estar en una lista restrictiva de la Unión Europea —ya sea por prácticas fiscales dañinas o deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales— afecta más que la reputación: encarece el crédito, inhibe inversiones y coloca al país bajo una vigilancia asfixiante. Por eso, salir de esas listas, como sucedió en años recientes, fue celebrado como un logro político y económico. Pero el peligro de reincidir sigue latente.
La UE no está sola en su monitoreo. Organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el FMI observan con lupa el comportamiento financiero panameño, sobre todo por su historia de opacidad y su rol como centro bancario regional. El caso Panamá Papers aún resuena en los pasillos diplomáticos, y cualquier signo de retroceso en la fiscalización o en la implementación de reformas podría reactivar sanciones o presiones multilaterales.
La embajadora Matusz también apuntó a las oportunidades de cooperación bilateral, particularmente en asistencia técnica, digitalización de procesos tributarios y formación de personal especializado. Son áreas donde Europa puede ser aliada, no solo vigilante. Pero para eso, se requiere voluntad sostenida y visión a largo plazo.
A fin de cuentas, lo que está en disputa es el lugar de Panamá en el nuevo orden global de la transparencia económica. Ya no basta con adecuar leyes. Se exige aplicarlas con eficacia, sin zonas grises ni excepciones toleradas. Como lo demuestra la experiencia de otros países de la región, no se trata de ceder soberanía, sino de demostrar responsabilidad ante un entorno financiero cada vez más exigente y entrelazado.
Panamá no puede permitirse volver a ser señalada. La vigilancia es continua y la confianza, frágil. En este tablero, no basta con salir de la lista: hay que evitar volver a ella.
