El Gobierno aprobará el martes la transformación del antiguo Sepes en Casa 47, una entidad que gestionará 40.000 viviendas en alquiler social y promoverá la construcción de otras 55.000, con precios un 38% por debajo del mercado. Los contratos de arrendamiento podrán extenderse hasta 75 años de duración, garantizando estabilidad habitacional a largo plazo para miles de familias.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la creación de Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda que sustituirá al antiguo Sepes y se convertirá en el principal instrumento del Gobierno para abordar la crisis de acceso a la vivienda en España. La entidad gestionará inicialmente 40.000 viviendas en alquiler social y más de 2.400 metros cuadrados de suelo público, con contratos de arrendamiento de hasta 75 años de duración. El anuncio, realizado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación del proyecto, marca un punto de inflexión en las políticas públicas de vivienda tras décadas de gestión insuficiente en este ámbito.
La transformación responde al mandato constitucional del artículo 47, que establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Según explicó la ministra, se trata de un paso necesario que el Estado español no había dado hasta ahora de manera definitiva. «Damos un paso de gigante en la consolidación del Estado de bienestar», afirmó Rodríguez, quien destacó que todas las viviendas que gestione la nueva empresa serán destinadas exclusivamente al alquiler social, con prohibición expresa de venta al sector privado. La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente Pedro Sánchez, quien celebró en diciembre la voluntad de su Ejecutivo de transformar la Entidad Pública Empresarial del Suelo en un operador que garantice viviendas protegidas de manera indefinida.
Precios un 38% por debajo del mercado
Los precios de los alquileres gestionados por Casa 47 estarán un 38% por debajo de los que se ofertan en el mercado libre, según los cálculos del Ministerio de Vivienda. La ministra explicó que los inquilinos no superarán el 30% de su renta media en pagos de alquiler, estableciendo así un umbral que busca garantizar la viabilidad económica de los arrendamientos. Los precios finales se determinarán en función del valor presente de las viviendas y su ubicación territorial, dejando espacio para ajustes según las características de cada inmueble y zona geográfica.
Casa 47 gestionará en un primer momento 40.000 viviendas y 2.400 metros cuadrados de suelo en los que se ha proyectado la construcción de otras 55.000 casas adicionales. El antiguo Sepes había acumulado un parque inmobiliario de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria que será transferido al nuevo organismo. Además, el Ministerio ha anunciado que próximamente sumará para su gestión un paquete de 100 millones de euros del banco malo Sareb, con el objetivo de incrementar el parque público disponible y alcanzar las metas establecidas en el plan de vivienda del Gobierno.
La ministra también avanzó que los requisitos de acceso se ajustarán al plazo de arrendamiento. En cada contrato, se examinarán las pensiones brutas de 16.000 euros anuales hasta los 60.000 euros, estableciendo franjas según los ingresos familiares. Sin embargo, la duración de hasta 75 años para toda familia permitirá que se garantice el cumplimiento de los requisitos de permanencia durante décadas, otorgando derecho a un arrendamiento de la plaza hasta su jubilación e incluso más allá. Los inquilinos pasarán principalmente por requisitos económicos, ya que los resultados se basarán en rentas anuales y no en patrimonio acumulado.
Despliegue territorial desde 2026
Casa 47 comenzará su actividad de forma efectiva a partir del martes, cuando se apruebe su constitución en el Consejo de Ministros, pero su despliegue por territorios no arrancará hasta 2026. No existe un diseño público detallado sobre la distribución geográfica, aunque se han mencionado datos territoriales específicos. En Cataluña, por ejemplo, se encuentran una cuarta parte del parque, alrededor de 14.000 viviendas, mientras que Madrid capital cuenta con 1.300 unidades. En la Comunidad Valenciana se suman otras 1.500 y en Andalucía alrededor de 4.500 inmuebles.
El modelo contempla la búsqueda activa de terrenos públicos desde el próximo año para permitir actuar desde la disposición y planificación de los suelos hasta la calificación de las viviendas. La empresa podrá además promover directamente construcciones en el primer filtro económico para garantizar el acceso a vivienda digna. Con estos límites de precios, la nueva entidad espera favorecer a casi el 60% de la población española, concentrándose en aquellos colectivos más vulnerables, especialmente jóvenes de entre 25 y 35 años de edad.
La transformación del Sepes, cuya misión originaria era la gestión de suelo urbano y residencial, responde también a una apuesta estratégica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó hace un año al convertirlo en el brazo ejecutor visible en materia de vivienda pública. La consolidación de Casa 47 supone el cambio definitivo de un modelo de servicios públicos como Renfe, Adif o Aena hacia uno centrado en garantizar derechos sociales. La ministra Isabel Rodríguez subrayó que esta transformación representa un avance que no tiene vuelta atrás y que el parque público español permanecerá bajo control estatal con un fondo de 180 millones de euros para añadir viviendas al parque público que gestionará la entidad.
