El primer ministro israelí ha solicitado el indulto mientras sigue en el poder y afronta cargos por corrupción. El gesto traslada la crisis desde los tribunales al corazón del sistema y obliga al país a responder una pregunta incómoda: qué pesa más, el cargo o la ley.
Cuando un jefe de Gobierno en ejercicio pide el indulto antes de que concluya su proceso judicial, el acto deja de ser puramente legal y entra de lleno en el territorio de la política. Es lo que sucede en Israel con la solicitud de perdón presentada por Benjamín Netanyahu al presidente Isaac Herzog en las causas que lo acusan de corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. El procedimiento es formalmente posible, pero la coyuntura lo vuelve excepcional. Y cuando una excepción se activa desde la cúspide del poder, el sistema entero se ve interpelado.
El indulto existe como válvula extrema. No dicta inocencias ni reescribe hechos: suspende una condena con razones que trascienden el expediente. Por eso su uso exige una prudencia quirúrgica. Aquí, la prudencia choca con el contexto. No estamos ante un dirigente retirado ni ante un cierre de ciclo; estamos ante un gobernante que pide clemencia mientras gobierna. La institución queda colocada ante un dilema sin escapatoria: conceder el perdón puede leerse como tutela política sobre la justicia; negarlo, como empujón a una polarización mayor.
Desde hace años, Netanyahu gobierna con una doble sombra: liderazgo exterior y fragilidad interior. Sus partidarios leen en su proceso la mano de una justicia politizada; sus críticos ven la tentación de blindarse con el cargo. Entre ambas visiones se ensancha una grieta que no es solo ideológica: es institucional. El indulto, lejos de suturarla, la vuelve más visible.
La figura del presidente entra entonces en primer plano. No se trata de contar votos ni de calibrar titulares, sino de salvaguardar una arquitectura constitucional. Decidir implica medir consecuencias que desbordan el caso concreto. Un sí instalaría la sospecha de que el poder premia al poder. Un no alimentaría la narrativa de persecución sobre la que se ha edificado una parte del apoyo social al primer ministro. En ambos escenarios, la confianza pública sufre. Y cuando la confianza se erosiona, las democracias se vuelven frágiles aunque sigan funcionando.
El fondo del asunto supera a una biografía. La pregunta es universal: ¿goza de un trato distinto quien gobierna? La democracia contemporánea se sostiene sobre una respuesta simple y exigente: la ley alcanza a todos, con mayor rigor a quien manda. Alterar esa balanza equivale a introducir una fisura lenta, difícil de reparar porque opera con apariencia de normalidad.
Hay quien dirá que el indulto también es parte del derecho. Es cierto. Y por eso mismo su activación entreverada con el poder ejecutivo requiere una sobriedad extrema. La excepcionalidad no se proclama; se demuestra. En este momento, más que clemencia, Israel necesita claridad. Más que gestos, garantías. La fortaleza de un sistema no se mide por su capacidad de proteger a sus líderes, sino por su disposición a someterlos.
Lo que viene ahora compromete el equilibrio entre poder y justicia. Sea cual sea la decisión, dejará una pedagogía pública. Enseñará si la política respeta el límite que la justicia marca o si lo considera negociable. Enseñará si el Estado es más grande que sus hombres o si los hombres terminan ocupando al Estado.
Netanyahu ha pedido perdón. El país debe decidir algo más difícil: si concede una excepción o afirma una regla. No es un trámite. Es un espejo.
