El Consejo General del Poder Judicial ha declarado idónea a la fiscal de Sala en apenas 15 minutos, marcando un contraste radical con el informe negativo que recibió su predecesor. Peramato, experta en violencia de género y perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales, deberá comparecer ahora ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de su nombramiento definitivo. El proceso se acelera en un momento de crisis institucional para la Fiscalía española.
El Consejo General del Poder Judicial ha alcanzado este miércoles un consenso inédito al respaldar por unanimidad la candidatura de Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado español. La decisión, adoptada en un pleno extraordinario que duró apenas 15 minutos, contrasta de manera notable con el tratamiento dispensado a Álvaro García Ortiz, único candidato al que el órgano de gobierno de los jueces declaró no idóneo para el cargo. La rapidez del proceso refleja la ausencia de objeciones tanto del sector conservador como del progresista del Consejo, que encontraron en la trayectoria de Peramato los requisitos legales exigidos sin entrar en valoraciones políticas sobre su idoneidad.
El informe emitido por el CGPJ confirma que Peramato cumple con las exigencias constitucionales y legales para ocupar la máxima responsabilidad del Ministerio Público: ser una jurista española de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Además, la candidata propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez satisface las nuevas restricciones incorporadas en 2024 tras el pacto entre PSOE y PP para la renovación del propio Consejo. Estas normas impiden que sean nombrados fiscales generales quienes en los cinco años anteriores hayan ejercido como ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, alcaldes o parlamentarios en cualquier nivel institucional. Peramato, fiscal de carrera desde 1990 sin cargos políticos en su historial, superó este filtro sin dificultad.
La unanimidad lograda este miércoles representa un cambio sustancial respecto al clima de confrontación que marcó la tramitación de García Ortiz. En 2022, cuando el anterior CGPJ de mayoría conservadora evaluó la renovación del ahora dimitido fiscal general, emitió un demoledor dictamen que cuestionaba su política de nombramientos discrecionales, su gestión de casos como la aplicación de la ley del «solo sí es sí» y su supuesta inactividad ante acusaciones de lawfare contra los fiscales del procés. Aquel informe, que provocó una fuerte reacción del sector progresista del Consejo por considerar que excedía sus competencias legales, fue aprobado con ocho votos a favor y siete en contra. La actual votación unánime sugiere una estrategia deliberada de los vocales para evitar un nuevo enfrentamiento y limitarse estrictamente a verificar los requisitos formales.
De la violencia de género al Tribunal Supremo
Teresa Peramato Martín, de 63 años, ha desarrollado una carrera de 35 años en la Fiscalía centrada de manera destacada en la lucha contra la violencia de género. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera fiscal en 1990 y ejerció en las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de incorporarse a la Fiscalía Provincial de Madrid. Su especialización en violencia machista comenzó formalmente en 2005, cuando fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en Madrid, convirtiéndose en una de las impulsoras de la especialización judicial en esta materia. Su participación en el Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para elaborar el primer informe anual en 2007 consolidó su perfil como referente en este ámbito.
La trayectoria de Peramato experimentó una aceleración significativa en la última década. En marzo de 2010, con Cándido Conde-Pumpido como fiscal general, fue nombrada fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. En octubre de 2018, bajo el mandato de María José Segarra, pasó a formar parte de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. El salto más importante llegó en mayo de 2021, cuando Dolores Delgado la promovió a la máxima categoría de la carrera fiscal y la designó fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo que ocupó hasta enero de 2025. Fue entonces cuando Álvaro García Ortiz la situó como fiscal de Sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, uno de los puestos más relevantes del Ministerio Público por su responsabilidad sobre los asuntos criminales más complejos del país.
La relación profesional de Peramato con sus dos predecesores inmediatos ha generado comentarios en el ámbito judicial. Su pertenencia a la Unión Progresista de Fiscales, la misma asociación de García Ortiz y Delgado, es vista por algunos sectores como una señal de continuidad ideológica en la cúpula de la Fiscalía. De hecho, Peramato ejerció como presidenta de la UPF, asociación minoritaria en el cuerpo de fiscales pero predominante en los nombramientos de altos cargos durante los últimos años. Solo dos de los nueve miembros electos del actual Consejo Fiscal pertenecen a esta organización, lo que ha alimentado críticas sobre un supuesto favoritismo en las designaciones. El Partido Popular calificó la elección de Peramato como continuista, mientras el Gobierno defendió que se trata de una profesional absolutamente idónea con reconocimiento unánime en el ámbito jurídico.
Los pasos hacia la confirmación definitiva
El informe favorable del CGPJ, aunque preceptivo, no resulta vinculante para el Gobierno. Esta característica del sistema de nombramiento quedó demostrada cuando García Ortiz continuó en el cargo pese a la opinión negativa del Consejo en su proceso de renovación. Álvaro García Ortiz se convirtió así en el único fiscal general que recibió un dictamen adverso del CGPJ y aun así fue ratificado en sus funciones, hasta que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 20 de noviembre cambió radicalmente su situación. El Alto Tribunal le condenó por cinco votos contra dos a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por daños morales derivados de un delito de revelación de secretos.
García Ortiz presentó su renuncia el lunes 25 de noviembre, apenas cinco días después de conocerse el fallo condenatorio, desencadenando el procedimiento de sustitución que ahora transita por sus trámites formales. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que tras el visto bueno del CGPJ, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para someterse a un examen parlamentario que tampoco tiene carácter vinculante. Esta comparecencia, prevista para los próximos días, ofrecerá a los grupos políticos la oportunidad de interrogar a la candidata sobre su visión de la Fiscalía y sus prioridades de gestión, aunque su valoración no impedirá el nombramiento si el Gobierno mantiene su propuesta.
Completados estos trámites, solo restará que el rey formalice el nombramiento a propuesta del Consejo de Ministros, según establece el artículo 124.2 de la Constitución española. Peramato se convertirá entonces en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, tras José Manuel Maza, María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. Su designación llega en un momento particularmente delicado para el Ministerio Público, cuya imagen ha quedado dañada por la condena de García Ortiz y por las tensiones internas generadas en torno a casos de alto perfil político. La nueva fiscal general deberá afrontar el desafío de restaurar la credibilidad de la institución, cerrar las fracturas internas del cuerpo de fiscales y defender la independencia del Ministerio Público en un contexto de creciente polarización política y judicial en el Estado español.
