El expresident catalán, de 95 años, deberá asistir desde su domicilio al proceso contra él y su familia por presunto enriquecimiento ilícito. Los forenses diagnosticaron un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto que le impide defenderse adecuadamente, pero el tribunal considera viable su presencia telemática. La Fiscalía reclama nueve años de cárcel para Pujol y 29 para su hijo mayor por una trama que habría generado más de 45 millones de euros mediante actividades corruptas durante décadas valiéndose de su posición política.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener a Jordi Pujol dentro del proceso judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su familia, aunque con la particularidad de que el expresident catalán, de 95 años, seguirá las sesiones por videoconferencia desde su domicilio en Barcelona. El tribunal adoptó esta determinación tras una vista previa celebrada a puerta cerrada en la que intervinieron el propio Pujol, conectado telemáticamente, y varios médicos forenses que ratificaron el diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto que presenta el exmandatario. El presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, comunicó que el juicio se iniciará con su presencia, aunque esta condición podrá revisarse si se produce cualquier modificación en su estado de salud o cuando deba realizar intervenciones activas durante el proceso.
Los informes forenses concluyen que Pujol, quien presidió la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003, no está en condiciones de desplazarse ni de declarar presencialmente ante el tribunal. El diagnóstico médico señala que padece un trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto, que combina características del Alzheimer y de demencia vascular, provocando un deterioro cognitivo moderado e irreversible. El expresident estuvo hospitalizado desde mediados de noviembre hasta el viernes previo al inicio del juicio debido a una neumonía que complicó aún más su frágil estado de salud. Durante la comparecencia previa, Pujol manifestó su voluntad de colaborar con el tribunal declarando que estaba a disposición para responder lo mejor que supiera, aunque reconoció que no se encontraba en buena forma. Cuando los magistrados le preguntaron si sería capaz de reconocer un documento durante el juicio, su respuesta evidenció la fragilidad de su situación: no lo sabía, pero lo intentaría.
El mecanismo adoptado por la Audiencia Nacional representa una solución híbrida que busca garantizar el derecho al juicio sin someter al acusado al desgaste físico de los desplazamientos. El tribunal especificó que Pujol podrá ausentarse de las sesiones en las que no tenga que intervenir directamente y seguirá el grueso de la vista desde su hogar. Esta fórmula permite que el proceso continúe sin eximir al expresident de su responsabilidad penal, aunque introduce interrogantes sobre la capacidad real del acusado para comprender los cargos y ejercer su defensa de manera efectiva. La decisión refleja la complejidad de juzgar a una figura política de primer orden cuyo estado cognitivo plantea dudas sobre su capacidad procesal, equilibrando el respeto a las garantías judiciales con la necesidad de dirimir responsabilidades por hechos que presuntamente ocurrieron durante décadas.
Una trama familiar de enriquecimiento ilícito
La acusación sostiene que Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola, fallecida en julio de 2024, lideraron una estructura criminal de ocultación y afloramiento de fondos provenientes de pagos empresariales ilícitos. Según el relato del juez instructor Santiago de la Mata, el matrimonio encarnaba el liderazgo de esta organización, con Ferrusola autodenominándose la madre superiora de la congregación. El siguiente escalón correspondía a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, apodado el capellán de la parroquia, quien habría asumido la dirección táctica y la gestión tanto de la recepción como de la distribución de fondos ilegales dentro del grupo familiar. Los otros seis hermanos, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia, habrían participado de forma individual en operaciones específicas pero actuando bajo las directrices del primogénito.
El instructor situó el origen del dinero en pagos ilícitos realizados por terceras personas vinculadas a distintas empresas, que efectuaban entregas millonarias a la familia disimuladas bajo estructuras societarias. Estas contribuciones habrían tenido como contrapartida el ejercicio de influencias concretas por parte de los Pujol para facilitar adjudicaciones y concesiones a lo largo y ancho del territorio catalán. Las actividades corruptas habrían coincidido temporalmente con la presidencia de la Generalitat que ostentó Jordi Pujol durante 23 años, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo en 2003, generando cantidades millonarias que fueron ocultadas principalmente en cuentas bancarias en Andorra. El expresident admitió en 2014 tener dinero en el extranjero, pero atribuyó su origen a una herencia de su padre Florenci Pujol, versión que la instrucción judicial considera insuficiente para explicar el volumen de los fondos detectados.
La Fiscalía Anticorrupción reclama la pena más alta, 29 años de prisión, para el hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola, junto con una multa superior a 6,5 millones de euros. Para Mercé Gironés, exmujer del primogénito y señalada por la fiscal como copropietaria del patrimonio familiar, solicita 17 años de cárcel y multas superiores a 600.000 euros. Respecto al expresident, el Ministerio Público demanda nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros. Para los otros seis hijos, las peticiones oscilan entre ocho y 17 años de cárcel. Al margen de las penas privativas de libertad y las multas individuales, la Fiscalía exige que la familia devuelva más de 45 millones de euros, suma que supuestamente administraron de manera ilícita durante décadas aprovechando su posición de privilegio en la política catalana.
Los acusados que no pertenecen al núcleo familiar, fundamentalmente empresarios afines al antiguo partido Convergència Democràtica de Catalunya, afrontan penas de entre dos y tres años de prisión por delitos de falsificación de documentos mercantiles relacionados con blanqueo de capitales, acompañadas de multas que varían desde los 200.000 hasta los 8 millones de euros. Entre estos acusados destaca Carlos Vilarrubí Carrió, exvicepresidente del FC Barcelona, señalado por presuntamente blanquear fondos de la familia Pujol. El tribunal que examina el caso está presidido por José Ricardo de Prada, acompañado por las magistradas María Fernanda García, actuando como ponente, y Mercedes del Molino. Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Un juicio histórico con más de 250 testigos
El proceso judicial se prolongará hasta mediados de 2026 y contempla la declaración de más de 250 testigos, lo que lo convierte en uno de los juicios por corrupción más complejos de la historia reciente española. Entre los citados a declarar figuran el actual consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, y los propietarios de la Banca Privada de Andorra, institución clave en el entramado de ocultación de los fondos familiares. La amplitud de la causa refleja la extensión temporal y geográfica de las presuntas actividades ilícitas, que habrían afectado a numerosas adjudicaciones públicas y concesiones administrativas en Cataluña durante más de dos décadas. La instrucción ha requerido más de once años desde que en 2014 Jordi Pujol reconociera públicamente la existencia de dinero oculto en el extranjero, desencadenando una investigación que ha destapado una red de sociedades pantalla y movimientos financieros complejos.
Las defensas de los acusados han planteado varias líneas argumentales para cuestionar la solidez de la acusación. El abogado Cristóbal Martell, en representación de Jordi Pujol Ferrusola, subrayó al inicio del juicio la falta de competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar esta causa, argumentando que debería corresponder a la Audiencia Provincial de Barcelona. Según esta tesis, la Audiencia Nacional solo sería competente cuando el delito se comete íntegramente en el extranjero, pero en este caso la actividad ilícita se habría producido en España, aunque los fondos estuvieran depositados en Andorra. El letrado también denunció la inconcreción y vaguedad de las acusaciones, considerando que no se especifican suficientemente los hechos concretos imputados a cada uno de los miembros de la familia.
Otra línea de defensa cuestiona la legalidad de la obtención de pruebas, particularmente los datos bancarios del clan Pujol procedentes de Andorra. Los abogados denuncian que en el marco de la operación judicial se habría producido la obtención ilícita de información financiera, vulnerando garantías procesales fundamentales. Este argumento resulta crucial porque gran parte de la estructura acusatoria se sustenta en los movimientos bancarios detectados en entidades andorranas, que permitieron reconstruir la trama de ocultación y blanqueo de capitales. Si prosperara esta alegación, podría debilitar significativamente el caso de la Fiscalía, aunque los tribunales suelen validar la cooperación judicial internacional en casos de delitos económicos graves.
La Abogacía del Estado presenta una posición diferenciada respecto a la Fiscalía. Mientras el Ministerio Público acusa a Jordi Pujol padre y reclama pena de cárcel, la Abogacía no se dirige en su escrito contra el expresident, concentrando sus esfuerzos en los hijos. Para Jordi Pujol Ferrusola solicita 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros, solo cinco años menos que la Fiscalía. Para Josep Pujol Ferrusola, el único se sus hijos acusado por la Abogacía, reclama cuatro años y medio de prisión por falsificación y delitos contra la Hacienda Pública. Esta divergencia entre acusaciones públicas evidencia la complejidad de determinar responsabilidades individuales en una trama familiar donde las funciones y conocimientos de cada miembro resultan difíciles de precisar.
El juicio contra los Pujol representa un episodio fundamental en la historia reciente de Cataluña y de España, cerrando simbólicamente una época política marcada por el dominio de Convergència i Unió durante décadas. La figura de Jordi Pujol, considerado padre del nacionalismo catalán moderno y arquitecto del autogobierno catalán tras la dictadura, queda definitivamente empañada por las revelaciones sobre el origen de la fortuna familiar. El contraste entre el discurso público de honestidad y catalanismo ejemplar que mantuvo durante su mandato y las evidencias de enriquecimiento ilícito mediante el tráfico de influencias constituye una de las mayores decepciones políticas para una sociedad catalana que depositó su confianza en el proyecto pujolista durante generaciones. La sentencia, cuando finalmente se dicte, marcará un precedente sobre cómo la justicia española aborda casos de corrupción política de alto nivel, especialmente cuando los acusados argumentan deterioro cognitivo sobrevenido para eludir o atenuar su responsabilidad penal.
