El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en un caso vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, marcando un hito sin precedentes en la democracia española. La decisión, adoptada por cinco votos frente a dos, obliga al fiscal a abandonar su cargo e indemnizar con 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, en una sentencia que llega apenas una semana después del juicio y que supone un duro revés para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien había defendido la inocencia de García Ortiz.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en la historia judicial española. El fallo, adelantado este jueves mediante providencia mientras se redacta el texto completo, condena a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados conforme al artículo 417.1 del Código Penal. La decisión implica no solo dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado, sino también una multa de 7.200 euros y el pago de las costas procesales, incluyendo las correspondientes a la acusación particular. El tribunal ha absuelto al fiscal del resto de los delitos de los que venía siendo acusado, particularmente de prevaricación, aunque la condena por revelación de secretos resulta suficiente para forzar su salida inmediata del cargo.
El caso tiene su origen en los acontecimientos del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía General del Estado difundió una nota de prensa que incluía información confidencial procedente de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador. En dicho correo, fechado el 2 de febrero de 2024, el letrado proponía un pacto de conformidad con el fiscal instructor, reconociendo en nombre de su cliente la comisión de dos delitos contra Hacienda. La filtración de este documento, según las acusaciones y ahora confirmado por el Supremo, tuvo como objetivo contrarrestar informaciones difundidas por el entorno de la presidenta madrileña sobre supuestas negociaciones irregulares por parte de la Fiscalía.
Durante el juicio celebrado en noviembre, hasta 40 testigos comparecieron ante el tribunal a lo largo de seis sesiones intensas. Entre ellos, periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo antes que el propio García Ortiz, fiscales que describieron la gestión interna del caso, y agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que identificaron al fiscal general como el principal sospechoso de la filtración por su posición de responsabilidad. José Precedo, director adjunto de El Diario, declaró haber recibido una captura del correo el 6 de marzo, una semana antes de que llegara a García Ortiz, aunque no reveló su fuente. Sin embargo, el tribunal no ha dado relevancia exculpatoria a estos testimonios y ha considerado probado que el fiscal general participó en la revelación de información confidencial tanto mediante el correo como a través de la nota de prensa difundida posteriormente.
Profundo impacto político
La sentencia no ha sido unánime. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo han emitido votos particulares discrepando del fallo mayoritario. Polo, quien inicialmente era la ponente de la resolución, ha sido sustituida por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, en la redacción definitiva del texto. Esta división en el tribunal refleja la complejidad jurídica y política del caso, que se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de la actual legislatura. El resto de los magistrados que han respaldado la condena son Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela, configurando una mayoría de cinco frente a dos.
El Gobierno ha reaccionado afirmando que respeta pero no comparte la decisión judicial. Fuentes de La Moncloa han anunciado que en los próximos días se iniciará el proceso de nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, asegurando que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho. El Ejecutivo ha querido destacar la labor de García Ortiz en defensa de la ley y la verdad durante su etapa al frente de la Fiscalía, aunque evita entrar en una confrontación directa con el alto tribunal. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha señalado que prefiere morderse la lengua y ser prudente ante una situación de evidente complejidad política.
La condena representa un golpe durísimo para Pedro Sánchez, quien había defendido públicamente al fiscal general incluso durante la celebración del juicio. En una entrevista concedida al diario El País en pleno proceso judicial, el presidente del Gobierno afirmó que García Ortiz era inocente y que, tras lo escuchado en las sesiones, su convencimiento resultaba aún mayor. Sánchez había llegado a preguntar públicamente quién pediría disculpas al fiscal general cuando quedara demostrada su inocencia, en un respaldo explícito que ahora se vuelve contra el Ejecutivo. Todo el Gobierno, desde Félix Bolaños hasta Ana Redondo, había cerrado filas en torno a García Ortiz, convirtiendo el caso en una prueba de fuego para la credibilidad del Ejecutivo en materia judicial.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que se trata de la primera vez en democracia que un fiscal general del Estado es condenado en el cargo, añadiendo que esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Feijóo ha instado al presidente del Gobierno a pedir perdón a los españoles por lo que califica como una burda operación política y a mostrar su respeto al Tribunal Supremo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha ido más allá al afirmar que la inhabilitación de García Ortiz inhabilita también al presidente del Gobierno para continuar en su cargo. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado directamente la dimisión de Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones.
Desde el espectro progresista, las críticas han apuntado en dirección contraria. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la derecha judicial y mediática de asesinar civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su entorno, calificando la sentencia como golpismo judicial. Belarra ha aprovechado para exigir al PSOE que acometa una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de contar con los votos del PP. La eurodiputada socialista Hana Jalloul ha calificado la condena como una vergüenza, mientras que desde Sumar han denunciado un golpe judicial en toda regla diseñado para desestabilizar al Gobierno.
La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso ordinario, únicamente un incidente de nulidad previo a una eventual demanda de amparo al Tribunal Constitucional. Esto significa que, tras la previsible desestimación del incidente de nulidad, el fallo podrá ser ejecutado de inmediato, provocando la salida definitiva de García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. El caso deja al descubierto las profundas fracturas en el sistema judicial español y plantea interrogantes sobre la autonomía de la Fiscalía respecto al poder político, en un momento de máxima tensión institucional que no hace sino agravar la crisis de confianza en las instituciones del Estado.
