El exsecretario de organización socialista salió de prisión tras casi cinco meses de encarcelamiento, mientras la Fiscalía presenta su acusación más contundente contra el exministro de Transportes por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. La salida de Cerdán coincide con el endurecimiento judicial contra Ábalos, que se enfrenta a una petición de multa de casi cuatro millones de euros.
Santos Cerdán abandonó la prisión madrileña de Soto del Real el miércoles a las 19.15 horas, tras cuatro meses y medio de encarcelamiento. El exsecretario de Organización del PSOE, acompañado por su abogado Jacobo Teijelo, denunció ante los medios que se están diciendo «muchas mentiras y manipulaciones» sobre los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúan en el centro de una trama de corrupción. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó su libertad provisional al considerar «seriamente mitigado» el riesgo de destrucción de pruebas, aunque mantuvo medidas cautelares como la prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la autoridad judicial.
El juez Puente destacó en su resolución que, si bien los indicios contra Cerdán se han robustecido tras las investigaciones realizadas, el riesgo que motivó su ingreso en prisión el pasado 30 de junio ha disminuido tras los registros efectuados por la UCO en distintas sedes de la empresa Acciona y la obtención de documentación relevante. La decisión llega después de que la defensa de Cerdán solicitara hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad, peticiones que habían sido rechazadas sistemáticamente tanto por el instructor como por la Sala de Apelación del Supremo.
Cerdán expresó su confianza en que «la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia», y agradeció el apoyo de su familia y amigos durante este periodo de encarcelamiento. El exdirigente socialista se mostró especialmente crítico con la interpretación que se ha realizado de los informes de la Guardia Civil sobre su presunto papel en la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones. La investigación le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación por su supuesta relación con la empresa navarra Servinabar y su papel como intermediario en adjudicaciones de obra pública.
Anticorrupción sitúa a Ábalos como líder de la trama
La salida de prisión de Cerdán contrasta dramáticamente con la situación judicial de José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo una condena de 24 años de prisión para el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE por cinco presuntos delitos cometidos en el marco de la trama de mascarillas. El fiscal jefe Alejandro Luzón presentó un escrito de acusación que califica a Ábalos como el líder de una organización criminal dedicada a obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia de coronavirus.
El documento fiscal reclama además una multa de 3,9 millones de euros para Ábalos por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y uso de información privilegiada. La acusación se centra en las irregularidades cometidas durante la adjudicación de contratos millonarios de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, quien actuaba como comisionista de la trama.
Luzón describe en su escrito un sistema perfectamente organizado en el que Ábalos aportaba la influencia política necesaria para mover los resortes administrativos, mientras que su exasesor Koldo García materializaba las decisiones y gestiones, y Aldama captaba empresas interesadas en obtener adjudicaciones. Para García, la Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión por los mismos delitos atribuidos al exministro, mientras que para Aldama reclama siete años de cárcel, beneficiándose este último de la atenuante de confesión por su colaboración con la investigación.
El escrito fiscal detalla un complejo entramado de favores, pagos irregulares y contrataciones fraudulentas que habrían beneficiado al círculo cercano de Ábalos. Entre las contraprestaciones identificadas figura el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid que Aldama firmó a favor del exministro, el pago del alquiler de una vivienda para su entonces pareja Jésica Rodríguez, y el uso de un chalé en Cádiz durante el verano de 2021. La Fiscalía sostiene además que Aldama entregó al menos 10.000 euros mensuales en efectivo que se repartían entre Ábalos y García.
La conexión con Santos Cerdán
Uno de los elementos más comprometedores del escrito de Anticorrupción es la conexión que establece entre Ábalos, García y Santos Cerdán. La Fiscalía sostiene que el origen del binomio Ábalos-Koldo surgió por recomendación del exsecretario de Organización del PSOE, quien propuso que se contratara a García como conductor. El documento subraya que «más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo ofrecería también a Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades», lo que derivó en una relación que trascendió lo laboral para convertirse en una estructura de corrupción.
La investigación ha revelado que Cerdán mantenía estrechas relaciones con los principales implicados en la trama, y que incluso se habría beneficiado económicamente a través de su participación en la empresa Servinabar, vinculada al empresario Antxón Alonso. Según los informes de la UCO, esta sociedad navarra obtenía el dos por ciento de lo que la constructora Acciona cobraba por obras públicas conseguidas mediante el sistema de adjudicaciones irregulares. La familia de Cerdán habría disfrutado de este dinero mediante el cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid y una tarjeta de crédito donde se cargaron numerosos gastos.
El último informe de la Guardia Civil entregado al juez Puente el pasado 11 de noviembre refuerza los indicios contra Cerdán, describiendo su papel como pieza clave en la estructura corrupta que operaba desde el Ministerio de Transportes. El documento sitúa al exdirigente socialista como el articulador de una red que habría permitido canalizar contratos públicos hacia empresas afines a cambio de comisiones que acababan beneficiando a los principales responsables de la trama.
Las implicaciones para empresas públicas y el entorno político
La acusación de la Fiscalía trasciende los casos individuales de Ábalos, García y Aldama para comprometer a diversos ámbitos de la Administración pública. El escrito fiscal detalla cómo se habrían utilizado empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes para proporcionar empleos a personas del entorno del exministro que no cumplían funciones reales. Jésica Rodríguez habría cobrado más de 43.000 euros en Ineco y Tragsatec pese a eludir sus responsabilidades durante dos años y medio, mientras que Claudia Montes habría accedido a un puesto en Logirail gracias a la intervención directa de Ábalos y Koldo.
La Fiscalía solicita que tanto Ábalos como García indemnicen de forma conjunta y solidaria a Ineco en 34.477,86 euros y a Tragsatec en 9.500,54 euros, además de reclamar el decomiso de al menos 430.298,4 euros correspondientes a ganancias obtenidas mediante cohecho. La investigación incluye además referencias a gestiones realizadas ante otros ministerios, mencionando encuentros con los jefes de gabinete de las ministras María Jesús Montero y Reyes Maroto, lo que sugiere que la trama habría penetrado en distintos departamentos del Gobierno más allá del que dirigió Ábalos.
Entre las primeras actuaciones de la supuesta organización criminal, Anticorrupción menciona los salvoconductos emitidos durante el estado de alarma para empresarios venezolanos y las gestiones realizadas ante administraciones autonómicas para la venta de mascarillas en Canarias y Baleares. El fiscal detalla cómo el 20 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, Ábalos firmó una orden ministerial para la adquisición de cuatro millones de mascarillas que, por imposición de Aldama y con la aprobación de Ábalos y García, se duplicó a ocho millones apenas 38 minutos después con el propósito compartido de incrementar los beneficios de la trama.
Un caso que sacude los cimientos del PSOE
La convergencia de estos dos acontecimientos judiciales representa uno de los momentos más críticos para el Partido Socialista en las últimas décadas. Mientras Cerdán recupera la libertad provisional con la amenaza de una investigación que podría derivar en nuevas imputaciones, Ábalos se enfrenta a la acusación más grave formulada contra un exministro por casos de corrupción en la etapa reciente de la democracia española. La petición de 24 años de prisión para el que fuera número tres del PSOE y hombre de confianza del presidente Pedro Sánchez constituye un golpe devastador para la imagen del partido en el Gobierno.
La reacción del Ejecutivo ha sido intentar circunscribir el escándalo a responsabilidades individuales, con fuentes gubernamentales señalando que los hechos están «bien perimetrados» y limitados a tres implicados. Sin embargo, los informes de la UCO y el escrito de la Fiscalía revelan ramificaciones que comprometen estructuras del partido y diversos ámbitos de la Administración pública, lo que dificulta la estrategia de aislamiento del problema.
El magistrado Leopoldo Puente acordó el pasado 3 de noviembre transformar las diligencias previas del caso Koldo en procedimiento abreviado, lo que supone el paso previo para sentar en el banquillo a los acusados. La causa se ha dividido en dos piezas diferenciadas, una centrada en los contratos de mascarillas que ahora enfrenta la acusación de Anticorrupción, y otra dedicada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública en la que está siendo investigado Santos Cerdán. La evolución de ambas líneas de investigación determinará el alcance final de un escándalo que ya ha marcado profundamente la credibilidad del Gobierno y del principal partido de la oposición durante décadas.
