El Ejecutivo aprobó el límite de gasto no financiero para los próximos Presupuestos Generales del Estado, un 8,5% superior al de 2025, aunque enfrenta el rechazo parlamentario que obligará a prorrogar las cuentas por tercer año consecutivo. María Jesús Montero prevé presentar el proyecto en febrero y advierte que las comunidades autónomas perderán 5.485 millones si Congreso tumba la senda de estabilidad en dos ocasiones.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el techo de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado de 2026, fijándolo en 212.026 millones de euros sin incluir fondos europeos, lo que representa un incremento del 8,5% respecto a 2025 y constituye un máximo histórico. Si se añaden los 4.151 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, el límite total asciende a 216.177 millones de euros, también un 8,5% superior al ejercicio anterior. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó este incremento como significativo pero prudente, acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales y la reducción del déficit comprometida ante Bruselas. Sin embargo, la aprobación de estas cuentas enfrenta serias dificultades parlamentarias que auguran su rechazo.
El límite de gasto incluye 22.881 millones de euros en transferencias a la Seguridad Social para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que representa el 1,4% del Producto Interior Bruto. Esta transferencia, asumida íntegramente por la Administración Central, constituye una muestra del compromiso gubernamental con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Montero subrayó que 2026 será el último ejercicio en que los Presupuestos incorporen recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación europeo, herramienta que ha permitido la llegada de más de 55.000 millones de euros en transferencias a lo largo de cinco desembolsos. El techo de gasto aprobado representa el primer paso formal para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, aunque el Gobierno carece actualmente de mayoría parlamentaria para aprobarlos.
Junto al techo de gasto, el Ejecutivo aprobó la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2026-2028, que establece un objetivo de déficit público del 2,1% del PIB para el próximo año, cuatro décimas menos que la previsión de 2025. Para 2027 y 2028, los objetivos se sitúan en el 1,8% y el 1,6% respectivamente. Esta senda debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados, donde todo apunta a que será rechazada por la oposición del Partido Popular, Vox y Junts. Montero apeló a la altura de miras de los grupos políticos, especialmente del PP, para aprobar estos objetivos fiscales que permiten a las comunidades autónomas contar con un margen de déficit del 0,1% en cada uno de los tres ejercicios, equivalente a 5.485 millones de euros adicionales en capacidad de gasto.
Amenaza de ajuste fiscal para las autonomías
La vicepresidenta primera advirtió que si el Congreso rechaza la senda de estabilidad en dos ocasiones, las comunidades autónomas perderán ese margen de gasto y tendrán que cerrar sus presupuestos en equilibrio fiscal, es decir, con déficit cero. Esta situación obligaría a las regiones a realizar un ajuste de 1.755 millones de euros en 2026, que se ampliaría a 5.485 millones en el conjunto del periodo 2026-2028. En ese escenario, el Gobierno aplicaría automáticamente los objetivos de estabilidad contenidos en el Plan Fiscal Estructural remitido a la Comisión Europea hace meses, que son más restrictivos para las autonomías. Esta amenaza forma parte de la estrategia del Ejecutivo para presionar a los gobiernos regionales del PP y conseguir que moderen su oposición a las cuentas públicas.
El reparto del déficit entre administraciones establece que la Administración General del Estado asumirá un 1,8% del PIB en 2026, cuatro décimas menos que en 2025, cifra que descenderá al 1,5% en 2027 y al 1,4% en 2028. La Seguridad Social tendrá un déficit del 0,2% en 2026 y 2027, que se reducirá al 0,1% en 2028. Las entidades locales deberán alcanzar el equilibrio presupuestario, es decir, cerrar sus cuentas sin gastar más de lo que ingresan. Montero destacó que el peso de la consolidación fiscal recae principalmente sobre la Administración Central, que además asume íntegramente las transferencias a la Seguridad Social y la redistribución a las comunidades del impuesto a la banca, lo que reduce sus ingresos en una décima adicional.
En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé situarla en el 100,9% del PIB en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028, con el objetivo de reducir de forma sostenida el nivel de pasivo en los próximos años. Montero subrayó que la deuda pública se ha reducido en 22 puntos desde el primer trimestre de 2021, mejorando las previsiones iniciales, lo que se refleja en la valoración positiva de las agencias de calificación crediticia. Según datos de la Comisión Europea, España cerrará 2025 con un déficit inferior al de Alemania, algo que no ocurría desde hace dos décadas. La ministra destacó que desde el pico de déficit alcanzado durante la pandemia, el Ejecutivo lo ha reducido en un 70%, situándolo por debajo de países como Francia o Italia.
Presentación en febrero sin garantías de aprobación
Montero anunció que el Gobierno prevé presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ante las Cortes a principios o mediados del primer trimestre de 2026, lo que sitúa la fecha en torno a febrero. La vicepresidenta justificó este calendario alegando que aún es necesario avanzar en las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios. Si las negociaciones progresan favorablemente, las nuevas cuentas podrían estar aprobadas en abril o mayo, aunque Montero admitió que existen serias dificultades para lograr los votos suficientes dada la precariedad parlamentaria del Gobierno. No obstante, la ministra no descartó presentar el proyecto antes si algún grupo político cambia de posición y decide apoyarlo.
La titular de Hacienda reconoció abiertamente que es probable que la senda de estabilidad sea rechazada en el Congreso, pero defendió que el Ejecutivo debe presentar los Presupuestos de todas formas porque serán buenos para el conjunto de la ciudadanía. Montero explicó que si los objetivos fiscales son tumbados en dos ocasiones, el Gobierno podrá igualmente elaborar y aprobar las cuentas públicas, aunque con los parámetros contenidos en el Plan Fiscal Estructural acordado con Bruselas, lo que perjudicaría especialmente a las autonomías. Esta estrategia busca generar presión sobre los gobiernos regionales del PP y sobre el propio partido de Alberto Núñez Feijóo, responsabilizándolos de la pérdida de recursos para las comunidades si mantienen su oposición frontal.
La presentación de los Presupuestos se solapará con otros dos hitos relevantes para el Gobierno: el envío al Congreso de la condonación parcial de la deuda autonómica, que asciende a 83.252 millones de euros, y la reforma del modelo de financiación autonómica, cuyas líneas maestras adelantó Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estas tres herramientas forman parte de la estrategia del PSOE de cara al ciclo electoral que arranca el 21 de diciembre en Extremadura y continuará en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. Hacienda confía en sacar adelante la quita de la deuda autonómica porque Junts dio su aval hace meses, pero ve mucho más complicado que pueda aprobarse la nueva financiación o los propios Presupuestos.
Actualización del cuadro macroeconómico
El Ejecutivo también actualizó el cuadro macroeconómico, elevando dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española para 2025, del 2,7% al 2,9%, mientras mantiene en el 2,2% la estimación para 2026 y en el 2,1% para 2027 y 2028. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, justificó esta revisión al alza por el buen comportamiento de los indicadores de actividad en el tercer trimestre, adelantando que los ingresos tributarios alcanzarán un volumen récord. Montero añadió que la recaudación superará este año los 325.000 millones de euros, un 10% más que en 2024, y continuará creciendo en 2026 por encima del 8,5%, lo que permitirá contar con margen fiscal para políticas expansivas sin comprometer la sostenibilidad presupuestaria.
La vicepresidenta primera también presentó tres nuevos indicadores de pobreza y desigualdad que se incorporan al cuadro macroeconómico, una novedad respecto a ejercicios anteriores. Estos indicadores miden la evolución del índice de Gini, que compara la renta media del 20% más rico con el 20% más pobre, la tasa de riesgo de pobreza y el indicador 80/20 que representa la diferencia entre la renta media del 20% más rico y el 20% más pobre. Según las proyecciones del Gobierno, todos estos indicadores mejorarán en los próximos ejercicios. El riesgo de pobreza se reducirá del 19,1% en 2024 al 19% en 2028, mientras que el índice de Gini pasará de 5,3 a 5,0 en el mismo periodo. Montero defendió que estos datos demuestran que si la economía crece y la renta aumenta, la población en riesgo de pobreza disminuye.
El Gobierno comienza 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por tercer año consecutivo, después de que los últimos aprobados fueran los de 2023. La aprobación del techo de gasto y la senda de estabilidad debían haberse producido antes del 30 de junio según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, pero el Ejecutivo acumula casi cinco meses de retraso. Este calendario refleja las dificultades parlamentarias que enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha logrado aprobar ninguna nueva ley de presupuestos en la actual legislatura. La oposición del PP, Vox y Junts hace prácticamente imposible que las cuentas de 2026 vean la luz, lo que obligará a prorrogar por tercera vez las de 2023.
