María Jesús Montero se comprometió ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera a presentar entre enero y febrero una propuesta integral que combine multilateralidad y bilateralidad, garantice más recursos para todas las regiones y contemple cesiones adicionales de impuestos. Las comunidades gobernadas por el PP cuestionan la credibilidad del calendario y denuncian que el modelo prioriza el acuerdo con los independentistas catalanes, mientras Castilla-La Mancha y otras regiones socialistas también expresan reservas sobre la viabilidad del proyecto.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este lunes su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, entre finales de enero y principios de febrero de dos mil veintiséis, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se prolongó durante casi cuatro horas. El compromiso llega en un contexto de creciente presión por parte de las comunidades autónomas, que reclaman desde hace más de una década un sistema actualizado y suficiente para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales.
Montero explicó ante los consejeros autonómicos que el Ministerio está trabajando en los cálculos de un modelo concebido por partes que se acoplan, razón por la cual no podrá ofrecer cifras concretas hasta que no esté terminado, dado que cualquier modificación en una variable obliga a retocar otras. La ministra garantizó que ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada con el nuevo sistema y que todas contarán con más recursos, estableciendo como vigas maestras del proyecto la aplicabilidad a todas las autonomías del régimen común y el respeto a particularidades y singularidades territoriales.
El nuevo modelo, según detalló la responsable de Hacienda, recogerá de forma explícita y transparente el principio de solidaridad interterritorial basándose en criterios objetivos. Además, contemplará la reducción de las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado, que actualmente alcanzan los mil cinco euros entre la región mejor financiada y la peor financiada, una brecha que Montero considera injustificada. El sistema también incluirá un incremento en la cesión de algunos impuestos a las comunidades, aunque la ministra no especificó cuáles ni en qué porcentaje, limitándose a señalar que se aumentará la gestión de algunas figuras tributarias.
Combinación de multilateralidad y bilateralidad
Una de las cuestiones que generó mayor controversia durante la reunión fue el anuncio de que el modelo combinará la multilateralidad con la bilateralidad. Montero defendió que se puede incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de bilateralidades del sistema, señalando así que el Gobierno puede simultanear negociaciones con cada comunidad para abordar singularidades específicas. Esta aproximación, sin embargo, fue recibida con escepticismo y críticas abiertas por parte de representantes autonómicos de diversos signos políticos.
El consejero de Murcia, Luis Alberto Marín, calificó el planteamiento como una pirueta semántica en la que se mezcla multilateralidad con bilateralidad y se mezcla singularidad con generalidad. Los consejeros del Partido Popular manifestaron que Montero negó durante la reunión la existencia de una negociación específica con Cataluña, aunque las comunidades gobernadas por la formación conservadora insisten en que el modelo parte de la bilateralidad de haber negociado previamente una financiación singular con la Generalitat, lo que consideran incompatible con la multilateralidad del sistema de régimen común.
La consejera andaluza, Carolina España, fue especialmente tajante al afirmar que la bilateralidad es incompatible con la multilateralidad y al cuestionar que los independentistas que quieren irse de España sean quienes estén negociando el modelo para el resto del país. La representante del gobierno andaluz, donde Montero aspira a ser candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas, añadió que salvo que existan milagros, no creen posible un acuerdo para principios de dos mil veintiséis cuando el Gobierno lleva siete años mareando la perdiz y solo le preocupa el calendario electoral.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera Rocío Albert calificó la propuesta de Montero como un maremágnum en el que demuestra que no tiene nada hecho y que intenta nadar y guardar la ropa para poder presentarse como candidata a Andalucía y cumplir con Cataluña. El consejero murciano, por su parte, señaló que Montero ha tenido siete años para elaborar su propuesta y ahora la hará en dos meses de forma precipitada con unas cuentas de la lechera.
Incluso comunidades gobernadas por el PSOE expresaron dudas sobre el planteamiento. El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, matizó a Montero que la bilateralidad solo la concibe para aquellas competencias propias de cada comunidad, advirtiendo que de lo contrario es imposible absorber y soplar al mismo tiempo. El representante del gobierno de Emiliano García-Page también se quejó ante la ministra sobre las posibles negociaciones bilaterales, reflejando las tensiones existentes incluso dentro del propio partido socialista respecto al modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana de Catalunya.
La única comunidad que mostró satisfacción plena con el anuncio fue Cataluña. La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, aseguró que el camino marcado por Montero les satisface porque se alinea con lo que quiere Cataluña, defendiendo la necesidad de bilateralidad debido a las competencias específicas que tiene la comunidad en ámbitos como inspección del trabajo, lengua propia, sistema penitenciario o seguridad a través de los Mossos d’Esquadra. Romero argumentó que Cataluña tiene una voluntad clara de autogobierno y necesita la bilateralidad igual que la tienen otras comunidades como el régimen fiscal de Canarias.
Cesiones fiscales y penalizaciones para quien baje impuestos
Entre las novedades que contemplará el modelo figura el despliegue de un nuevo sistema de gestión en red del sistema tributario entre las administraciones autonómicas y la Agencia Tributaria del Estado. Este mecanismo, que sería de carácter voluntario, permitiría a las haciendas territoriales recibir la parte que les corresponde de la recaudación de forma inmediata y real, sin tener que depender de las entregas a cuenta del Estado, un sistema que genera malestar político en todas las comunidades independientemente de su color político.
Montero ha indicado que se incrementará el porcentaje de cesión de algunos impuestos como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre el Valor Añadido, aunque sin especificar las cifras concretas. También ha mencionado la posibilidad de ceder la gestión de algún impuesto ya existente, como el de la banca, aunque aclaró que en la reunión no se habló de la creación específica de nuevos tributos. La ministra tampoco descartó que el principio de ordinalidad, que establece que ninguna comunidad puede quedar peor posicionada en el ranking de renta per cápita tras las transferencias del sistema, pueda estar incluido en el nuevo modelo.
No obstante, el Gobierno ha dejado claro que el acceso a estos recursos adicionales estará condicionado al cumplimiento de ciertos criterios fiscales. Montero sentenció que pedir más recursos y bajar impuestos no se puede hacer, en lo que representa una advertencia dirigida fundamentalmente a las comunidades gobernadas por el Partido Popular que mantienen bonificados impuestos como Patrimonio o Sucesiones y han recortado parte de su tarifa autonómica del IRPF. Aunque desde Hacienda no se dan nombres concretos, todas las miradas apuntan a la Comunidad de Madrid como principal destinataria de estas restricciones.
Fuentes cercanas al proceso confirman que habrá comunidades autónomas que tengan más o menos cesión de tributos u otras prerrogativas fiscales en función de cómo cumplan con el axioma de no bajar impuestos mientras solicitan más recursos. Esta aproximación ha generado recelos entre las comunidades del PP, que la interpretan como un intento de penalizar sus políticas fiscales y de configurar una especie de traje fiscal a medida para cada territorio en función de consideraciones políticas más que técnicas.
El calendario previsto por Montero contempla la presentación de la propuesta completa en un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario convocado específicamente para este asunto entre finales de enero y mediados de febrero. A partir de ahí, el modelo se llevará para su aprobación al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso de los Diputados. La ministra expresó su deseo de que antes de que acabe la legislatura el modelo esté aprobado y que su entrada en vigor se produzca en dos mil veintisiete, aunque reconoció que para eso todo el mundo tiene que poner de su parte.
La vicepresidenta primera lamentó que la actitud mostrada por los consejeros del PP en el Consejo de Política Fiscal no le permite ilusionarse con que el principal partido de la oposición quiera siquiera discutir la propuesta. Montero cree que el PP tendrá que decidir si apoya un modelo para todas las comunidades o mantiene un discurso diferente en cada territorio sobre las variables de la financiación autonómica, algo que a su juicio resulta contradictorio e impide avanzar en un acuerdo de alcance nacional.
Las comunidades del Partido Popular han criticado que Hacienda no distribuyera ningún documento durante la reunión y que solo se hablara de generalidades sin concretar cuánto dinero recibirá cada región. Varias autonomías han solicitado la creación de comisiones de trabajo técnicas para poder participar en la elaboración del modelo, una petición que Montero ha rehusado al señalar que en años anteriores intentó ofrecer mayor participación debatiendo por trozos cada variable y no recibió apoyo, razón por la cual ahora presentará el modelo íntegro tras ajustar todas las piezas.
La consejera de Extremadura, Elena Manzano, lamentó que la ministra le dijera que no habrá grupos de trabajo y que solo hablará con las comunidades sin elaborar conjuntamente el sistema. Canarias, por su parte, expresó sorpresa por el anuncio dado que no tienen ningún documento ni información sobre cómo se contemplarán sus especiales características como región ultraperiférica con dificultades estructurales.
Máxima fragilidad parlamentaria del Gobierno
El anuncio de Montero se produce en un momento de máxima fragilidad parlamentaria para el Gobierno, que carece de mayoría suficiente para aprobar iniciativas clave como los Presupuestos Generales del Estado o la senda de déficit para las comunidades autónomas. La propuesta de permitir un déficit autonómico del cero coma uno por ciento del PIB en cada uno de los años del trienio dos mil veintiséis-dos mil veintiocho requiere aprobación del Congreso, una posibilidad que parece improbable dado el rechazo conjunto del PP y Junts per Catalunya.
Varios consejeros autonómicos del PP han advertido sobre la jugada electoral que supone acelerar algo tan importante como la financiación al final de la legislatura y con el PSOE acorralado por diversos escándalos de corrupción. Extremadura y Castilla y León han convocado ya sus comicios autonómicos, y tendrán que negociar el futuro reparto de los impuestos de sus votantes en plena campaña electoral. Lo mismo puede ocurrir en Valencia, Murcia, Aragón o Andalucía, comunidad esta última en la que la propia Montero aspira a ser candidata del PSOE a presidir la Junta.
La última propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas para reformar la financiación autonómica data de hace cuatro años y se basaba exclusivamente en la variable de población ajustada, un intento que fracasó por falta de consenso. Montero ha defendido que el Ejecutivo impulsa ahora una reforma completa que garantizará más recursos para todas las regiones y abordará singularidades territoriales de forma bilateral, aunque el escepticismo de las comunidades del PP y las dudas de algunas regiones socialistas ensombrecen las posibilidades de alcanzar un acuerdo amplio que permita modernizar un sistema de financiación caduco que lastra la capacidad de gasto de las autonomías en servicios públicos esenciales.
