La presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizó un episodio polémico en la Asamblea regional al justificar la inmigración argumentando que alguien debe limpiar casas, recoger cosechas y poner ladrillos. Aunque presentó sus palabras como una defensa frente al discurso xenófobo de la extrema derecha, la intervención reveló un enfoque clasista que reduce a las personas migrantes a mano de obra barata para trabajos precarizados que la población española no quiere realizar.
Isabel Díaz Ayuso intentó distanciarse de la retórica antiinmigración de Vox durante la sesión de control celebrada el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, pero su argumentación desveló una concepción profundamente clasista sobre el papel de las personas migrantes en la sociedad española. En respuesta a la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien había calificado de “cosmopaleta” la estrategia madrileña de promover que en Madrid caben todos los acentos, la presidenta regional lanzó una frase que recorrió las redes sociales y los medios de comunicación por su carga discriminatoria. «Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás», espetó Ayuso ante el hemiciclo. La intervención, que buscaba cuestionar las consecuencias del llamado efecto expulsión defendido por la formación de Santiago Abascal, terminó por evidenciar que la diferencia entre la derecha moderada y la extrema derecha en materia migratoria es más de forma que de fondo.
El enfoque de Ayuso sobre la inmigración parte de una premisa utilitarista que cosifica a las personas y las reduce a su función económica. Cuando la presidenta madrileña argumenta que España necesita trabajadores extranjeros para ocupar puestos que los españoles rechazan, está reproduciendo una narrativa que perpetúa la segmentación del mercado laboral y legitima la precarización de determinadas ocupaciones. Esta visión no reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos plenos, sino como instrumentos necesarios para cubrir las carencias estructurales de un modelo económico que ha devaluado sectores enteros del empleo. La defensa de una inmigración ordenada y vinculada al trabajo esconde una concepción jerárquica de la ciudadanía donde los recién llegados tienen derecho a estar en el país solo en tanto sean funcionalmente útiles para la economía, no por su condición intrínseca de personas con dignidad y derechos inalienables.
El clasismo como sustrato común de derecha y extrema derecha
Las palabras de Ayuso evidencian que tanto el Partido Popular como Vox comparten un mismo sustrato ideológico clasista, aunque expresado con diferentes grados de intensidad. Mientras Vox plantea abiertamente un rechazo xenófobo a la inmigración y culpabiliza a los extranjeros de la crisis de vivienda, Ayuso adopta una postura aparentemente más pragmática que acepta la presencia de inmigrantes siempre que ocupen los escalones más bajos de la pirámide laboral. Ambas visiones coinciden en negar la posibilidad de una integración real basada en la igualdad de derechos y oportunidades. La presidenta madrileña cifró en un siete por ciento el impacto de la inmigración sobre el mercado inmobiliario, argumentando que el noventa y tres por ciento de las operaciones las realizan españoles, pero evitó abordar las causas estructurales de la crisis habitacional: la especulación inmobiliaria, la insuficiente construcción de vivienda protegida y el modelo de acumulación capitalista que convierte un derecho básico en mercancía.
La referencia a los señoritos de Vox resultó especialmente llamativa, pues Ayuso utilizó un término tradicionalmente asociado a la crítica de las élites para atacar a la extrema derecha, pero su propio discurso reveló una mentalidad señorial que naturaliza la existencia de trabajos subalternos destinados a personas de menor estatus social. La presidenta no cuestionó por qué determinados empleos están tan mal pagados y precarizan que resultan indeseables para la población local, ni planteó la necesidad de dignificar esas ocupaciones mediante mejores salarios, condiciones laborales o reconocimiento social. En cambio, asumió como inevitable la existencia de una subclase de trabajadores precarizados y propuso que ese papel lo desempeñen los inmigrantes. Esta lógica perpetúa la explotación laboral y reproduce esquemas de dominación que deberían ser cuestionados desde cualquier proyecto político que se pretenda democrático y respetuoso con los derechos humanos.
La defensa imposible
Tras la ola de críticas recibidas desde diversos sectores políticos y sociales, Ayuso intentó justificarse argumentando que sus palabras habían sido malinterpretadas y sacadas de contexto. En declaraciones posteriores realizadas en Leganés, la presidenta censuró que se retorcieran sus declaraciones ciñéndose a tres palabras sin considerar el contexto completo de su intervención defendiendo que no se puede culpar a la inmigración. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, calificó las declaraciones de xenófobas, mientras que la europarlamentaria de Podemos, Irene Montero, denunció que si alguien cree que los derechos de los migrantes dependen de que te limpien el baño es que no les está tratando como personas sino como esclavos. Por su parte, el portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Carlos Hernández Quero, ironizó sobre la etiqueta de señoritos con la que Ayuso tachó a su partido y replicó que señoritos son quienes llaman a los inmigrantes para tener mano de obra barata e inquilinos abundantes.
El problema de la argumentación de Ayuso no radica en una supuesta descontextualización, sino en la esencia misma de su planteamiento. Incluso considerando el contexto completo de su intervención, donde defendía una inmigración ordenada y vinculada al trabajo frente al discurso expulsivo de Vox, el enfoque sigue siendo profundamente problemático. Reducir la justificación de la presencia de personas migrantes a su utilidad para realizar trabajos que otros no quieren hacer implica negar su condición de sujetos con aspiraciones, capacidades y derechos que van más allá de su función laboral. Esta visión instrumentaliza a los seres humanos y los convierte en variables de un cálculo económico donde solo importa su capacidad productiva en los sectores más precarizados del mercado de trabajo. La auténtica defensa de los derechos de las personas migrantes debería partir del reconocimiento de su dignidad inherente y de su derecho a participar plenamente en la sociedad de acogida, no de argumentos utilitaristas sobre la necesidad de mano de obra barata.
Un debate que trasciende Madrid
El episodio protagonizado por Ayuso no es un incidente aislado, sino un reflejo de cómo amplios sectores de las derechas europeas abordan la cuestión migratoria desde premisas exclusivamente económicas que ignoran la dimensión humana y social del fenómeno. El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, salió en defensa de la presidenta madrileña argumentando que Ayuso había defendido el plan nacional de inmigración presentado por Alberto Núñez Feijóo, que propone una inmigración regular y ordenada. Tellado subrayó que en España hay un millón de puestos de trabajo sin cubrir, lo que demuestra la necesidad de mano de obra, y afirmó que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para quienes quieran venir a trabajar y sumar a la economía. Esta defensa confirma que la postura de Ayuso no es una posición personal, sino la línea oficial del partido, que conceptualiza la inmigración fundamentalmente como un mecanismo de ajuste del mercado laboral.
La controversia desatada por las declaraciones de Ayuso pone de manifiesto la urgencia de replantear el debate migratorio más allá de la dicotomía entre xenofobia abierta y utilitarismo económico. Ambas posturas comparten la negación de la persona migrante como sujeto político con derechos plenos y la reducen a objeto de políticas que oscilan entre la exclusión y la explotación. Un enfoque genuinamente progresista y respetuoso con los derechos humanos debería partir del reconocimiento de la migración como un derecho fundamental, cuestionar las estructuras económicas que generan empleos precarios e indeseables, y promover la integración real basada en la igualdad de derechos y oportunidades. Mientras las derechas española y europea sigan concibiendo la inmigración exclusivamente como una cuestión de gestión de mano de obra, el clasismo y la discriminación permanecerán enquistados en el centro del debate público, impidiendo la construcción de sociedades verdaderamente inclusivas y democráticas.
