Carlos Mazón abandona la presidencia de la Generalitat Valenciana tras la gestión catastrófica de la DANA que dejó 229 muertos, pero logra imponer a su sucesor. La nominación de Juanfran Pérez Llorca, su mano derecha y negociador con Vox, evitará elecciones anticipadas y mantendrá el aforamiento del dimitido president. La oposición denuncia que PP y Vox escenifican un nuevo pacto para proteger a Mazón de las responsabilidades judiciales mientras las víctimas reclaman justicia. El candidato designado por Feijóo deberá declarar como testigo en la investigación judicial sobre la tragedia apenas diez días antes del pleno de investidura.
La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana el 3 de noviembre, forzada por los abucheos de las víctimas de la DANA en el funeral de Estado y la presión ciudadana tras una gestión desastrosa que costó 229 vidas, parecía marcar el final político del líder valenciano del Partido Popular. Sin embargo, una semana después, la realidad demuestra que Mazón ha conseguido orquestar su salida en los términos que deseaba: sin elecciones anticipadas, conservando su aforamiento como diputado autonómico y colocando a su lugarteniente más fiel al frente de la Generalitat. Alberto Núñez Feijóo confirmó el 12 de noviembre la designación de Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo parlamentario, como candidato a suceder a Mazón. La elección no sorprende a nadie: Pérez Llorca es el hombre de confianza de Mazón desde su etapa en la Diputación de Alicante y fue el arquitecto del pacto con Vox que permitió la investidura de 2023.
La principal incógnita tras la salida de Mazón queda así resuelta mediante una operación de continuidad que irrita a la oposición y decepciona a las víctimas. No habrá regeneración democrática ni rendición de cuentas electoral. El todavía president en funciones consigue que su sucesión se ejecute como había previsto, garantizando que será su círculo más próximo quien gestione la reconstrucción tras la catástrofe y quien negocie con Vox las condiciones del nuevo gobierno. Feijóo comunicó telefónicamente a Pérez Llorca su respaldo desde Génova para iniciar el proceso de investidura, mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, informaba a los presidentes provinciales de una decisión que, según el partido, cuenta con el respaldo unánime de los tres territorios valencianos. La realidad fue más compleja: los barones provinciales se habían reunido días antes en Benidorm con Pérez Llorca y Mazón para reivindicar autonomía frente a Madrid en la elección del sucesor, provocando tensiones con la dirección nacional que temía perder el control del proceso.
El candidato preferido de Vox
Juanfran Pérez Llorca, de 49 años, reúne las características que convierten su designación en una apuesta de continuidad política e ideológica. Fue el elegido para negociar con el partido de Santiago Abascal el acuerdo de gobierno en 2023 y ha sido visto siempre por la ultraderecha como alguien afín a sus postulados. Su relación fluida con Vox resulta crucial para el PP, que necesita los votos de la formación liderada por Ignacio Garriga en Valencia para evitar elecciones anticipadas. Pérez Llorca ya se ha reunido con el secretario general de Vox para tantear las condiciones del apoyo, mientras Mazón intenta no desligarse de las negociaciones pese a su dimisión. El mensaje es claro: el pacto con la ultraderecha se profundizará, no se revisará.
El perfil de Pérez Llorca refleja el modelo de dirigente que el PP valenciano ha cultivado en los últimos años. Empezó como concejal en Finestrat, pequeña población turística de la Marina Baixa cercana a Benidorm, en 2003, llegando a la alcaldía en 2015. Como curiosidad reveladora, dos de sus antecesores en el cargo municipal fueron condenados por negligencia tras fallecer un matrimonio británico en un mercado municipal al aire libre como consecuencia de unas riadas. El bastón de mando de Finestrat le sirvió de trampolín hacia la Diputación de Alicante, donde tejió una relación estrecha con Carlos Mazón. Su ascenso fue meteórico: coordinador provincial de Alicante con Mazón como líder provincial, vicesecretario de organización de la ejecutiva regional cuando Mazón llegó al liderazgo del PP valenciano en julio de 2021, y secretario general del partido tras la victoria en las elecciones autonómicas de 2023. Este verano, Feijóo lo incorporó a su comité ejecutivo nacional.
Protección judicial y continuidad orgánica
La operación diseñada por Mazón y avalada por Feijóo tiene implicaciones que trascienden la mera sucesión política. Al mantener su escaño como diputado autonómico, Mazón conserva el aforamiento que le protege de investigaciones judiciales ordinarias. Solo puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que dificulta y ralentiza cualquier proceso derivado de su responsabilidad en la gestión de la DANA. La oposición ha denunciado esta estrategia con contundencia. José Múñoz, portavoz del PSPV, espetó a Mazón durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts: tienes las manos abiertas de las bofetadas que le estás dando a las víctimas día tras día. Joan Baldoví, de Compromís, fue más allá: ojalá aquel 29 de octubre hubieras estado incomunicado, porque lo único que hiciste fue bloquear todo.
La comparecencia de Mazón el 12 de noviembre ante la comisión autonómica evidenció la estrategia del PP y Vox de blindar al dimitido president. Durante 23 minutos, Mazón leyó un discurso preparado, evitó responder preguntas directas de la oposición y llegó a formular él mismo preguntas a los grupos parlamentarios en una performance calificada de indecente por analistas y medios de comunicación. PP y Vox contrapusieron la intervención del president en funciones con el supuesto plantón de Pedro Sánchez y el Gobierno central a Les Corts, construyendo un relato victimista que responsabiliza a Madrid de la catástrofe. Las nuevas mentiras de Mazón durante la comisión incluyen afirmaciones sobre radares averiados y supuestas 96 horas necesarias para enviar al Ejército, datos desmentidos por los propios organismos técnicos.
Víctimas abandonadas y acoso sistemático
Mientras el PP y Vox escenifican su pacto de continuidad, las víctimas de la DANA denuncian abandono institucional y acoso organizado desde estructuras del partido. La comisión de investigación fue diseñada a medida del PP y Vox, sin invitar a representantes de las asociaciones de víctimas a participar en las sesiones iniciales. Josep Ignasi, afectado por la catástrofe, lanzó un mensaje demoledor durante su intervención en un programa de televisión: sus pactos, finalmente, matan. Acusó a la Generalitat gobernada por el PP con el apoyo de Vox de una falta de reacción decisiva en las horas críticas de la inundación. Hubo 229 muertes, personas con nombres y apellidos, y fue por una inacción del Gobierno valenciano respaldado con los votos de Vox.
Cargos y simpatizantes del PP han emprendido una campaña de acoso a través de redes sociales contra las presidentas de las principales asociaciones de víctimas, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. El gerente del PP de la provincia de Valencia llegó a escribir públicamente: ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. La campaña se recrudece tras cada acto público en el que familiares de fallecidos expresan su dolor e indignación, con insultos como cobarde, rata o Mazón dimisión que resonaron en el funeral de Estado. Uno de los factores que precipitó la dimisión fue precisamente la imposibilidad de Mazón de aparecer en actos oficiales sin enfrentarse a la ira ciudadana. Sin embargo, la estrategia del PP consiste en deslegitimar a las víctimas acusándolas de estar politizadas, un argumento que Josep Ignasi rechazó tajantemente: yo no he militado en ningún partido.
El laboratorio de la ultraderecha
La Comunidad Valenciana se ha convertido bajo el mandato de Mazón en el primer laboratorio institucional del nuevo PP que renuncia al centrismo para asumir sin complejos los postulados de Vox. La fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la dependencia directa de la ultraderecha han marcado una agenda cada vez más condicionada por marcos ideológicos radicales. Retrocesos en derechos LGTBI, desmantelamiento de políticas de memoria democrática y confrontación lingüística han caracterizado estos dos años de gobierno. El Consell de Mazón no solo cedió ideológicamente, renunció a tener proyecto propio. Un barómetro del CIS valenciano de abril de 2025 reflejaba que el 54% de los encuestados considera que el Gobierno autonómico está más preocupado por la confrontación política que por los problemas reales de la ciudadanía.
La designación de Pérez Llorca no cambiará esta dinámica. El Gobierno central apuntó tras conocerse su nombre a la formación de una coalición negacionista en Valencia que ha terminado costando vidas, en referencia a las políticas que desmantelaron los sistemas de prevención y emergencias. Vox ya ha anunciado que negociará medidas muy concretas para otorgar su apoyo, con exigencias que incluyen mayor endurecimiento en la gestión de menores migrantes no acompañados y reflejo presupuestario de sus prioridades ideológicas para 2026. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, intentó marcar límites asegurando que las negociaciones se ajustarán a la ley y la Constitución, pero la experiencia de los últimos dos años demuestra que el partido ha amplificado el discurso de Vox en lugar de contenerlo.
Investidura sin regeneración
El pleno de investidura de Pérez Llorca se convocará en los próximos días, con fecha límite el 19 de noviembre para que los grupos presenten candidatos. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, dispone de entre tres y siete días desde entonces para fijar la votación. En el escenario más favorable para el PP, si las negociaciones con Vox avanzan sin sobresaltos, el nuevo president podría ser investido antes de finales de noviembre. Sin embargo, existe un obstáculo significativo: Pérez Llorca está citado a declarar como testigo el 21 de noviembre ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra. Declarará en calidad de secretario general del PP valenciano, apenas días antes del pleno de investidura.
La paradoja resume la situación: el candidato a liderar la reconstrucción tras la DANA debe explicar ante la justicia su papel en las estructuras orgánicas del partido que gestionó la catástrofe. La oposición ha sido taxativa: Juanfran Pérez Llorca es Juanfran Mazón. Compromís y PSPV rechazan la narrativa del PP sobre el perfil discreto y moderado del sucesor, recordando que ha sido cómplice y brazo ejecutor de todas las decisiones de Mazón durante dos años como número dos del partido. Si las negociaciones con Vox se atascan y no se alcanza un acuerdo de investidura en el plazo de dos meses desde la dimisión de Mazón, la Comunidad Valenciana se enfrentaría a elecciones anticipadas, el último escenario que desea Génova en un momento de fragilidad del PP valenciano tras la debacle de la gestión de la DANA.
Mazón dimitió, pero no se va. Conserva su escaño, su aforamiento y su control sobre el partido. Su sucesor es su mano derecha, el hombre que negoció con Vox el pacto que sostiene al PP en el poder desde 2023. Las víctimas siguen reclamando justicia mientras el PP y Vox pactan la continuidad de un modelo político que ha demostrado su incapacidad para gestionar crisis y su disposición a sacrificar vidas en aras de mantener el poder. La tragedia de la DANA dejó 229 muertos. La tragedia política que le sigue amenaza con convertir Valencia en símbolo de impunidad institucional.
