El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se reunió con el líder independentista en Perpiñán para analizar las consecuencias económicas de la ruptura entre Junts y el gobierno de Sánchez. El encuentro se produjo mientras la formación independentista certificaba su veto total a todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo tras presentar enmiendas a la totalidad a 46 leyes. La patronal catalana busca preservar los puentes económicos con el gobierno español y evitar que el bloqueo parlamentario perjudique inversiones previstas en Cataluña, especialmente tras los acuerdos sobre traspaso de competencias en inmigración y reconocimiento del catalán en Europa que quedan en suspenso.
El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, visitó al líder de Junts, Carles Puigdemont, en su residencia de Perpiñán para abordar las implicaciones económicas de la ruptura formal entre el partido independentista y el gobierno de Pedro Sánchez. El encuentro, confirmado por fuentes de ambas partes, se produjo en un momento crítico tras el anuncio de la formación catalana de vetar todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo mediante enmiendas a la totalidad a las 25 leyes propuestas por PSOE y Sumar actualmente en tramitación, además de bloquear las 21 restantes ya en curso parlamentario. Esta reunión evidencia la preocupación del sector empresarial catalán ante un escenario de bloqueo legislativo que podría afectar inversiones, infraestructuras y la tramitación de normativas relevantes para la actividad económica.
Sánchez Llibre es considerado uno de los interlocutores de mayor peso del dirigente separatista, manteniendo canales de comunicación regulares que trascienden las divisiones políticas para centrarse en aspectos económicos y empresariales. La patronal catalana defiende históricamente la necesidad de mantener puentes de diálogo con todas las administraciones y fuerzas políticas para preservar la estabilidad necesaria para la actividad empresarial. El presidente de Foment ya había visitado previamente al líder independentista en Bélgica, donde Puigdemont oficiaba desde su residencia de Waterloo antes de trasladarse a territorio francés. Cuatro meses atrás, el empresario catalán se reunió con el exvicepresidente de la Generalitat y secretario general de Junts, Jordi Turull, en Barcelona, manteniendo una interlocución constante con la cúpula del partido sobre cuestiones económicas que afectan a Cataluña.
La reunión se produce en el contexto de la ruptura definitiva entre Junts y el PSOE formalizada por la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras, quien compareció rodeada de los siete diputados independentistas para anunciar que el gobierno ha perdido su capacidad legislativa. Según Nogueras, esta situación constituye un baño de realidad para el PSOE y Sumar, recordando que su formación no pide favores sino coherencia y cumplimiento de los acuerdos pactados en Bruselas hace dos años para la investidura de Sánchez. La portavoz retó al presidente del gobierno a dar explicaciones sobre cómo pretende gobernar sin los votos de Junts, imposibilitando aprobar nuevas leyes, transponer directivas europeas o impulsar iniciativas legislativas sin pactar con PP y Vox.
Preocupación empresarial por las infraestructuras
Entre las principales inquietudes de la patronal catalana figuran proyectos de infraestructuras cuya financiación y tramitación podrían verse afectadas por el bloqueo parlamentario. Junts había logrado en las negociaciones con el PSOE compromisos sobre inversiones en Cataluña, incluida la mejora del corredor mediterráneo, ampliación del aeropuerto de Barcelona y modernización de infraestructuras ferroviarias. El empresariado catalán teme que la ruptura política congele o ralentice estas actuaciones previstas en los presupuestos que ahora no verán la luz, dado que Junts ya ha anunciado su veto categórico a unas hipotéticas cuentas públicas para 2026. La denuncia por parte de los independentistas de la falta de inversión efectiva y la no ejecución de los presupuestos acordados ha sido un argumento recurrente en las últimas semanas.
Foment del Treball ha adoptado públicamente una postura de neutralidad respecto a los debates políticos sobre el encaje de Cataluña en España, pero defiende con firmeza la necesidad de estabilidad institucional y diálogo permanente. En anteriores crisis políticas entre gobiernos y formaciones catalanas, la patronal ha intentado ejercer de contrapeso técnico, recordando las consecuencias económicas de escenarios de confrontación prolongada. La ausencia de presupuestos generales durante varios años en la década pasada afectó negativamente la ejecución de inversiones comprometidas en Cataluña, situación que el tejido empresarial no desea repetir. Sánchez Llibre traslada habitualmente al president de la Generalitat, Salvador Illa, las preocupaciones sectoriales, estableciendo un triángulo de comunicación entre patronal, gobierno autonómico y fuerzas parlamentarias.
La relación entre Junts y el mundo empresarial catalán ha evolucionado significativamente desde el proceso independentista de 2017. Inicialmente, gran parte del empresariado manifestó recelos ante la estrategia unilateral de ruptura, que generó incertidumbre, traslado de sedes sociales y advertencias sobre el impacto económico de una hipotética independencia. Sin embargo, la moderación táctica de Junts desde 2019, centrándose en negociaciones parlamentarias y abandonando declaraciones unilaterales, ha permitido restablecer canales de interlocución. La patronal valora especialmente la defensa que hace el partido de competencias económicas para Cataluña, financiación singular y reducción de cargas burocráticas, coincidiendo en algunos planteamientos aunque desde perspectivas muy diferentes sobre el objetivo final.
Cumbre en Perpiñán y consulta a la militancia
La visita de Sánchez Llibre se enmarcó temporalmente en el periodo posterior a la reunión de la ejecutiva nacional de Junts en Perpiñán, donde la dirección del partido avaló la propuesta de Puigdemont de romper formalmente con el gobierno de Sánchez. Esta decisión fue sometida posteriormente a consulta de la militancia entre el miércoles 30 de octubre y el jueves 31, obteniendo un respaldo del 86% con una participación del 67%, cifras similares a las logradas hace dos años cuando las bases validaron el pacto de investidura con el PSOE. El alto respaldo evidencia que la estrategia de ruptura cuenta con apoyo mayoritario entre los afiliados del partido, respondiendo tanto a la percepción de incumplimientos del gobierno como a la presión electoral de Aliança Catalana, formación de extrema derecha independentista que está captando votos descontentos de Junts.
Puigdemont justificó la ruptura argumentando que el PSOE ha actuado ignorando su debilidad parlamentaria y no ha hecho caso de los avisos reiterados enviados desde Junts. El líder independentista acusó a los socialistas de querer ocupar poltronas sin capacidad real de gobernar, señalando que tendrán el poder pero no podrán ejercerlo al carecer de mayoría suficiente. Enumera como principales incumplimientos la no aplicación efectiva de la Ley de Amnistía por parte de tribunales pese a su aprobación, el bloqueo del reconocimiento del catalán en la Unión Europea por la oposición de Alemania y otros países, el rechazo parlamentario a la proposición de ley sobre traspaso de competencias en inmigración votada en contra por Podemos, y la falta de tramitación de iniciativas sobre multirreincidencia y ocupación de viviendas.
El gobierno socialista ha respondido con una estrategia de mano tendida y normalidad institucional. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, expresó respeto absoluto por las dinámicas internas de todos los partidos, insistiendo en que vale la pena dialogar, negociar y alcanzar acuerdos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, confía en que entre todos serán capaces de superar esta situación, mientras la Moncloa considera que el paso dado por Junts no implica necesariamente un colapso definitivo de la legislatura. Los socialistas evitan alimentar la confrontación y proyectan una imagen de serenidad, recordando que el Ejecutivo ha cumplido con lo que dependía de él, citando la aprobación de la Ley de Amnistía como ejemplo, aunque reconocen que algunas reclamaciones de Junts exceden las competencias del gobierno.
Esquerra mantiene la cooperación
Mientras Junts formaliza su salida del acuerdo, Esquerra Republicana ha optado por mantener la cooperación con el Ejecutivo, marcando distancias con la estrategia de confrontación de los posconvergentes. El portavoz de ERC, Isaac Albert, reafirmó que su formación no se levantará de ninguna mesa, reunión o negociación y que no dimitirá de ejercer la fuerza política que tiene en el Congreso por el bien de Cataluña y sus ciudadanos. Los republicanos critican veladamente a Junts señalando que ellos no escenifican, no amenazan ni se enfadan, optando por una vía de influencia discreta pero efectiva. Esta diferencia de estrategia responde tanto a culturas políticas distintas como a cálculos electorales divergentes, siendo ERC menos vulnerable a la competencia de Aliança Catalana en su espectro ideológico.
La posición del PSOE frente a la ruptura se basa en tres pilares: respeto institucional, continuidad de la agenda de gobierno y confianza en la vía del diálogo. Ferraz descarta responder con reproches y pretende proyectar serenidad frente a la incertidumbre política, aunque en privado reconocen que la legislatura se ha vuelto más exigente. El gobierno explora el diálogo con otros socios parlamentarios para compensar la pérdida de los siete votos de Junts, aunque la aritmética resulta extremadamente compleja. Pese al bloqueo anunciado, fuentes gubernamentales confían en que Junts mantendrá cierta flexibilidad táctica en votaciones específicas donde sus intereses coincidan con los del Ejecutivo, evitando un no a todo que podría perjudicar también a Cataluña.
El encuentro entre Sánchez Llibre y Puigdemont simboliza el esfuerzo del empresariado catalán por preservar líneas de comunicación y moderar las consecuencias económicas de la crisis política. La patronal recuerda que las empresas necesitan marcos estables de inversión, seguridad jurídica y agilidad administrativa, objetivos que requieren cooperación entre administraciones independientemente de las discrepancias políticas. Foment del Treball defiende que Cataluña no puede permitirse otro periodo prolongado de bloqueo institucional como el vivido tras el proceso independentista, cuando la incertidumbre política afectó negativamente la percepción internacional de la región como destino de inversión. La reunión en Perpiñán evidencia que, más allá de los titulares políticos, existe un nivel pragmático de interlocución que busca salvaguardar intereses económicos ante el vendaval parlamentario que se avecina en Madrid.
