La Moncloa alerta que Alberto Núñez Feijóo enfrenta un escenario similar al de 2023, con su liderazgo supeditado a las exigencias de la extrema derecha. La dimisión de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana ha abierto una negociación decisiva con plazo hasta el 19 de noviembre, mientras se acumulan citas electorales en Extremadura el 21 de diciembre, Castilla y León el 15 de marzo de 2026 y Andalucía en junio. Las encuestas constatan el crecimiento de Vox a costa del PP, con 1,1 millones de votantes populares pasándose a la extrema derecha, situación que otorga a Santiago Abascal capacidad para imponer condiciones cada vez más exigentes en el relevo valenciano y futuros pactos autonómicos.
El gobierno español intensifica sus advertencias sobre el escenario político que enfrenta Alberto Núñez Feijóo tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. Desde la Moncloa se ha transmitido que el líder del Partido Popular se encuentra ante una situación comparable a la de 2023, cuando la dependencia de Vox determinó el fracaso de su investidura como presidente del gobierno. La diferencia fundamental radica en que ahora el contexto resulta aún más favorable para la extrema derecha, cuyo ascenso electoral constante le otorga mayor capacidad de presión sobre los conservadores en un nuevo ciclo autonómico que comenzará en diciembre y se extenderá hasta junio de 2026 con al menos cuatro convocatorias electorales.
La crisis valenciana ha activado un reloj político que marca el ritmo de las próximas semanas. Desde la dimisión de Mazón el pasado 3 de noviembre, el PP dispone de doce días para designar un sucesor y negociar su investidura con Vox, plazo que vence el 19 de noviembre. La ausencia de acuerdo conduciría a elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana, escenario que el Partido Popular pretende evitar a toda costa pero que la Moncloa considera probable si Vox decide elevar excesivamente sus exigencias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha precipitado este escenario tras el bloqueo parlamentario que impidió la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y que ahora sitúa al PP ante la tesitura de negociar con su socio de la ultraderecha o convocar a los valencianos a las urnas.
La legislatura valenciana se ha puesto en manos de Vox de forma casi completa tras más de un año de crisis política. El acuerdo de mayo de 2025 que permitió a Mazón aprobar los presupuestos autonómicos mediante cesiones significativas en materia migratoria y climática estableció el precedente de lo que Abascal puede exigir ahora. Aquel pacto implicó que el PP valenciano asumiera postulados de la extrema derecha sobre deportaciones, recepción de inmigrantes irregulares y críticas al Pacto Verde europeo, giro que posteriormente Feijóo incorporó a nivel nacional al endurecer notablemente su postura migratoria en el plan presentado en Barcelona. La pregunta que domina el debate político es si el nuevo presidente valenciano que proponga el PP deberá asumir compromisos aún más radicales.
Vox marca el ritmo y eleva sus exigencias
Santiago Abascal ha calculado meticulosamente su estrategia en esta negociación. El líder de Vox ha establecido que su formación no apoyará a ningún candidato del PP sin conocer previamente su identidad y comprometerlo personalmente con las condiciones pactadas. En declaraciones del secretario general de Vox y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, se confirmó que hasta el domingo 10 de noviembre la dirección nacional del PP no había trasladado a la extrema derecha el nombre del sucesor de Mazón. Esta dilación forma parte de la estrategia de Abascal para maximizar su influencia, recordando que el adelanto electoral está en sus manos y que su partido nunca teme unas elecciones, solo teme defraudar a sus electores.
Las condiciones mínimas que Vox ha anticipado públicamente incluyen el rechazo total al Pacto Verde europeo y la oposición radical a la acogida de inmigrantes irregulares, compromisos que Mazón ya había aceptado. Sin embargo, fuentes de la formación ultra no descartan incluir nuevas exigencias, entre ellas la revisión de la ley trans autonómica o el cierre de centros de menores extranjeros no acompañados. El objetivo declarado de Vox es consolidarse como actor imprescindible para la gobernabilidad del PP en las comunidades autónomas, utilizando la Comunidad Valenciana como laboratorio para endurecer progresivamente las condiciones de sus pactos con Feijóo de cara a las próximas citas electorales autonómicas.
El hermetismo del PP valenciano sobre los candidatos potenciales refleja las tensiones internas y el temor a filtraciones que compliquen la negociación. En el tablero político destacan dos perfiles: Juanfran Pérez Llorca, considerado favorito por la estructura del PP en la comunidad, y María José Catalá, alcaldesa de Valencia y figura de peso dentro del partido. La decisión final recaerá en Feijóo, quien ha centralizado este proceso para evitar fricciones territoriales y garantizar un perfil de consenso que facilite la continuidad del gobierno. Desde Génova insisten en que no se trata de un nuevo pacto sino de continuar lo firmado en mayo, aunque admiten que habrá espacio para las condiciones adicionales que Abascal ha puesto sobre la mesa.
El nuevo ciclo electoral multiplica la presión
El contexto político español entra en una fase de elecciones autonómicas continuas que determinará la correlación de fuerzas entre PP y Vox. La primera cita será en Extremadura el 21 de diciembre, tras la convocatoria realizada por la presidenta María Guardiola después de que el bloqueo presupuestario con Vox hiciera inviable la continuidad del gobierno. Le seguirán Castilla y León el 15 de marzo de 2026 y Andalucía en junio, sin descartarse que Aragón se incorpore también al calendario electoral. En todas estas comunidades, las encuestas no aseguran mayoría absoluta al Partido Popular, que necesitará pactar con Vox tanto las investiduras como los consiguientes presupuestos autonómicos.
Las encuestas constatan una evolución electoral preocupante para Feijóo. Según los sondeos de Sigma Dos para El Mundo y Hamalgama Métrica para Vozpópuli, Vox ha logrado su mayor crecimiento captando 1,1 millones de votantes que anteriormente apoyaban al PP, lo que representa un 15,7% del electorado popular. Los analistas destacan la desmovilización parcial del votante moderado del PP y la mayor fidelización del electorado de Abascal, que además logra captar electores socialistas y de Sumar descontentos con la gestión gubernamental. El líder popular afronta su peor registro desde julio de 2023, lastrado por crisis territoriales como la valenciana y la incapacidad para mantener unida a la derecha española bajo su liderazgo.
El politólogo Mikel Gómez advierte que antes del verano había un trasvase de voto residual pero importante del PSOE a Vox en torno al 6%, pero ahora es todo lo contrario, con Vox alimentándose exclusivamente de votantes del PP. «Lo que ha hecho Vox es potenciar su potencial de coacción y en una negociación pedirán más de lo que tenían antes», sostiene el experto, quien considera que si en la última ronda de negociaciones Vox firmó presupuestos autonómicos en Murcia, Baleares y País Valenciano facilitando gobiernos de coalición en 2022, el panorama será más complicado ahora. La extrema derecha ha comprendido que su crecimiento electoral le permite elevar sistemáticamente el precio de su apoyo parlamentario.
Precedentes y concesiones sustanciales a la agenda ultra
Los anteriores acuerdos entre PP y Vox ya significaron recortes sustanciales y la asunción de parte significativa de la agenda ultra, pese a que los de Abascal tenían entonces menos representación de la que obtendrían ahora según todas las encuestas. En Baleares, Vox hizo firmar a la presidenta Marga Prohens que no acogería más menores extranjeros migrantes, elaborar planes de retorno para ellos, vigilar los empadronamientos irregulares y suprimir las subvenciones a organizaciones islamistas. En la Comunidad Valenciana, Mazón asumió en marzo de 2025 postulados radicales en materia climática y migratoria como condición para aprobar los presupuestos autonómicos, giro que luego el PP nacional incorporó parcialmente al endurecer su postura sobre deportaciones y ayudas sociales.
El gobierno considera que Feijóo ha enterrado definitivamente su propuesta de que gobierne la lista más votada, principio que defendió inicialmente pero que abandonó para robar poder territorial al PSOE mediante pactos con la extrema derecha. En La Moncloa se interpreta que cada nueva negociación con Vox debilita la imagen moderada que el líder popular intenta proyectar de cara a unas eventuales elecciones generales, mientras simultáneamente le obliga a asumir posiciones cada vez más radicales que alejan a votantes centristas del Partido Popular. La estrategia gubernamental pasa por evidenciar estas contradicciones y presentar al PP como rehén de la agenda ultra.
La preocupación en Génova sobre un posible adelanto electoral valenciano convive con la certeza de que Vox tampoco tiene excesivo interés en convocar urnas. Los estrategas populares consideran que pese al crecimiento en las encuestas, Abascal prefiere maximizar su influencia desde el parlamentarismo autonómico antes que arriesgarse a una campaña electoral cuyo resultado podría no cumplir las expectativas. Sin embargo, esta lectura podría estar equivocada si Vox calcula que el desgaste del PP por la gestión de la crisis valenciana y el contexto de creciente polarización le benefician electoralmente más que el mantenimiento del statu quo parlamentario actual.
La semana decisiva que ha comenzado este lunes 10 de noviembre determinará si PP y Vox logran un nuevo acuerdo o si la Comunidad Valenciana se convierte en el primer territorio que inaugura el ciclo electoral autonómico. Alberto Núñez Feijóo ha iniciado ya la precampaña con un acto junto al presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla, enviando el mensaje del voto útil ante el auge ultra. La paradoja política resulta evidente: mientras intenta frenar públicamente a Vox, el PP negocia en privado nuevas cesiones para retener el poder autonómico, dinámica que la Moncloa considera insostenible a medio plazo y que configura el escenario de un nuevo ciclo electoral donde la extrema derecha marcará el ritmo y las condiciones de una eventual gobernabilidad conservadora.
