El presidente Daniel Noboa ha decretado un nuevo estado de excepción de 60 días en cinco provincias y tres cantones de Ecuador, alegando grave conmoción interna ante el incremento de la violencia criminal. Con esta medida, el país andino acumula más de 500 días bajo regímenes excepcionales desde la llegada de Noboa al poder en noviembre de 2023. A pesar de la militarización sostenida y la suspensión de derechos constitucionales, Ecuador registra más de 7.400 muertes violentas entre enero y octubre de 2025, lo que equivale a un asesinato por hora y perfila este año como el más violento de su historia moderna.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones del país mediante el Decreto Ejecutivo 202, que estará vigente durante 60 días. La medida afecta a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía en Bolívar. El mandatario justifica la decisión por los altos índices de violencia, delitos y actos ilícitos cometidos por grupos criminales organizados en estos territorios, fundamentalmente ubicados en la costa ecuatoriana. Con este decreto, Ecuador acumula más de 500 días bajo regímenes de excepción desde que Noboa asumió el poder, convirtiendo la excepcionalidad en normalidad cotidiana.
El decreto suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, facultando a las fuerzas de seguridad y al Ejército para realizar inspecciones, allanamientos, requisas e incautaciones sin orden judicial previa. También permite a las autoridades analizar y recopilar mensajes, comunicaciones y cartas vinculados a grupos criminales organizados. El texto gubernamental argumenta que estas zonas presentan altos índices de criminalidad y sirven como centros de logística y resguardo para organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Los cantones de La Maná, Las Naves y Echeandía son señalados como territorios estratégicos debido a su ubicación cercana a zonas de alta conflictividad.
La declaratoria se produce días después de que el presidente derogara el estado de excepción en 10 provincias tras la fuerte ola de protestas que sacudió el país por la eliminación del subsidio al diésel a mediados de septiembre. Las movilizaciones, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, obligaron al gobierno a replegar temporalmente su estrategia de militarización. Sin embargo, el nuevo decreto evidencia el retorno a una política de seguridad basada en medidas excepcionales que se han vuelto prácticamente permanentes. Algunas zonas del país llevan viviendo bajo sucesivos estados de excepción desde enero de 2024, cuando Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno.
La estrategia fallida de la militarización
En enero de 2024, tras el escape del líder de Los Choneros, Adolfo Macías alias Fito, de una prisión de Guayaquil y una oleada de violencia que incluyó la toma de un canal de televisión en vivo, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno. La medida facultó la intervención militar contra bandas criminales catalogadas como terroristas, elevando significativamente el nivel de las operaciones de seguridad. Durante los 638 días transcurridos desde su llegada al poder en noviembre de 2023, Noboa ha decretado 630 días de estado de excepción, aunque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales dos de los 14 decretos emitidos por falta de argumentos que justifiquen la medida.
La Corte Constitucional ha cuestionado reiteradamente la declaración de conflicto armado interno por carecer de sustento jurídico y pruebas que justifiquen la existencia de una guerra interna. Los magistrados han llamado la atención al mandatario por insistir en una medida extraordinaria cuando el problema de la inseguridad tiene raíces estructurales que requieren políticas públicas integrales. El tribunal ordenó incluso la creación de una comisión interinstitucional para hacer seguimiento del trabajo de las entidades de seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo ha ignorado sistemáticamente estas recomendaciones y continúa renovando los estados de excepción de manera casi automática.
Pese al despliegue militar sostenido y al endurecimiento de las medidas de seguridad, la violencia no solo no ha disminuido sino que se ha incrementado dramáticamente. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior muestran que entre enero y octubre de 2025, Ecuador registró más de 7.400 muertes intencionales, lo que equivale a aproximadamente un asesinato por hora. Esta cifra supera ampliamente los niveles de violencia de 2023, considerado hasta ahora el año más violento de la historia del país con 8.248 homicidios. Si la tendencia se mantiene, 2025 cerrará con una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, consolidándose como el año más sangriento de la historia moderna ecuatoriana.
Anatomía de la violencia
El primer semestre de 2025 se convirtió en el más violento de la historia reciente de Ecuador, con 4.619 homicidios intencionales según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Esto representa un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024. Meses como enero registraron 781 asesinatos, marzo alcanzó 831 muertes y mayo estableció un récord con 915 homicidios, posicionándose como el mes más violento registrado en los últimos cinco años. El promedio mensual entre enero y junio fue de 770 homicidios, con un promedio diario de 25 asesinatos. El 10 de agosto de 2025 fue el día más violento del año, con 59 muertes que equivalen a un asesinato cada 24 minutos.
La geografía de la violencia muestra una concentración alarmante. La provincia de Guayas lidera las cifras con 2.289 homicidios en el primer semestre, concentrando el 49,56% de todos los asesinatos del país. Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y hogar del principal puerto marítimo usado para el tráfico de drogas, registró 1.984 homicidios entre enero y septiembre. Le siguen Los Ríos con 600 homicidios, superando a Manabí que registró 568 casos. Otras provincias costeras como Esmeraldas y El Oro también presentan cifras significativas. La violencia se ha extendido a 160 de los 222 cantones del país, lo que significa que ha llegado al 72% del territorio nacional.
El perfil de las víctimas revela patrones preocupantes. El 90,8% son hombres, pero también se registraron numerosas mujeres asesinadas. Cerca del 43% de las personas asesinadas en enero eran estudiantes de entre 18 y 29 años. Particularmente alarmante es el incremento de víctimas menores de edad: entre enero y junio se registraron 504 homicidios de niños y adolescentes de 10 a 19 años, un aumento del 68% respecto al mismo periodo de 2024. Las bandas criminales han intensificado el reclutamiento de menores desde los 12 años, aprovechando un régimen judicial especial más indulgente para incorporarlos en actividades como microtráfico, extorsiones y asesinatos.
Según el diagnóstico del propio Gobierno Nacional, el 94% de los homicidios registrados en 2025 están directamente relacionados con el crimen organizado. Las amenazas son la principal motivación detrás de los asesinatos, con extorsión y ajustes de cuentas jugando un papel crucial. El microtráfico interno de drogas representa otro factor clave. Los grupos criminales como Los Lobos y Los Choneros, elevados a la categoría de Grupos Armados Organizados, disputan territorios y rutas para el tráfico de cocaína a través de los puertos ecuatorianos, particularmente Guayaquil. Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico internacional debido a su ubicación geográfica y la fragilidad institucional.
El análisis temporal de los homicidios revela que la mayoría ocurren durante la noche, especialmente entre las 20:00 y la 01:00, siendo las 23:00 la hora más letal. Los días de mayor incidencia son los fines de semana, particularmente domingo y sábado. Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del 10 de abril atribuye los mayores índices de violencia a una supuesta estrategia de los grupos criminales para desestabilizar al gobierno, amedrentar a la población electoral previo a la consulta popular y agudizar la crisis política. Según esta tesis, la violencia funciona como elemento distractor para liberar corredores para el tráfico de drogas y armas.
El avance del crimen organizado no solo ha dejado cifras récord de homicidios, sino que impacta severamente en la economía y la soberanía nacional. La paralización de actividades productivas en zonas críticas, la extorsión sistemática a comerciantes, el aumento de los costos de seguridad privada y la fuga de capitales son consecuencias directas de la expansión criminal. El propio Ejecutivo admite en sus decretos que las capacidades del Estado han sido sobrepasadas y que las herramientas ordinarias para combatir estos grupos criminales se han quedado cortas. Esta confesión implícita contradice la insistencia en mantener la misma estrategia militarista que evidentemente no está funcionando.
Críticas y contexto político
El constitucionalista Otto Pérez advierte que la decisión no puede analizarse únicamente desde la óptica de seguridad, sino que debe leerse en clave política. La declaratoria ocurre a dos semanas de una consulta popular en la que se decidirán reformas estructurales, incluidas modificaciones constitucionales impulsadas por Noboa. Pérez señala que tras las protestas sociales de octubre, el gobierno estigmatizó al movimiento indígena y a la sociedad civil organizada etiquetándolos como terroristas, lo que puede interpretarse como un intento de crear un enemigo interno que justifique medidas excepcionales y condicione el proceso de la consulta. El riesgo es que se normalice la excepcionalidad y se erosione el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
La falta de transparencia sobre los informes de inteligencia que supuestamente sustentan los decretos ha levantado críticas de juristas y organizaciones sociales. El Centro Nacional de Inteligencia habría elaborado un informe el 29 de octubre detallando la injerencia geográfica de los grupos criminales y la utilización de territorios estratégicos para el tráfico de armas y drogas. Sin embargo, el contenido del documento no ha sido hecho público, lo que cuestiona la legalidad y eficacia de medidas excepcionales repetitivas que no atacan las raíces del conflicto social ni el deterioro institucional. Diversos organismos de derechos humanos han expresado preocupación por la suspensión sistemática de garantías constitucionales sin resultados tangibles en seguridad.
Ecuador vive una paradoja donde cada nuevo decreto de excepción promete restaurar la seguridad pero consolida un modelo de gobierno donde el miedo sustituye al Estado de Derecho. La instrumentalización del estado de excepción no solo busca contener la violencia, sino también influir en el proceso político en un contexto donde la consulta popular definirá reformas estructurales. La estrategia de mano dura sin el mencionado Plan Fénix de por medio, la resistencia a acatar dictámenes de la Corte Constitucional y la culpabilización del poder judicial por la inseguridad evidencian un deterioro del tejido institucional que puede tener consecuencias de largo plazo para la democracia ecuatoriana.
El caso de Ecuador ilustra los límites de las soluciones militaristas frente a problemas sociales complejos. Más de 500 días de excepción constitucional y más de 7.400 muertos en 10 meses demuestran que la militarización sin políticas integrales de prevención, sin atención a las causas estructurales de la violencia y sin fortalecimiento institucional resulta no solo ineficaz sino contraproducente. La normalización de la excepción erosiona los cimientos democráticos mientras la violencia criminal continúa expandiéndose por el territorio nacional, cobrando vidas principalmente de jóvenes en una espiral que parece no tener fin bajo la estrategia actual.
