El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social revela que 4,3 millones de personas viven en situación de exclusión severa en España, un 52% más que en 2007. La vivienda emerge como el principal motor de desigualdad, con el 45% de los hogares en régimen de alquiler en riesgo de pobreza, la cifra más alta de la Unión Europea. El estudio, elaborado por 140 investigadores de 51 instituciones y basado en una encuesta a 12.289 hogares, advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social donde la clase media se erosiona mientras la precariedad laboral afecta al 47,5% de la población activa.
España enfrenta una paradoja que define su presente: indicadores macroeconómicos positivos conviven con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado esta semana por Cáritas Española, documenta un proceso inédito de fragmentación social que arrastra a 4,3 millones de personas hacia la exclusión severa, cifra que representa un incremento del 52% respecto a 2007. El coordinador del estudio, Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA, resume la situación con una frase contundente: vivimos en una sociedad ecológicamente vulnerable, anímicamente desasosegada y socialmente desgarrada. La investigación, realizada por 140 expertos de 51 universidades y centros de investigación, se basa en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales realizada a más de 12.000 hogares en todo el país.
El informe identifica dos factores estructurales como principales motores de la exclusión social: la vivienda inaccesible y el empleo precario. La vivienda se ha convertido en lo que los analistas denominan la trampa de la pobreza, con una progresión de precios que no se detiene y que cada vez se lleva una porción más amplia de los ingresos familiares. Entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión social, situando a España a la cabeza de la Unión Europea en este indicador. Esta cifra evidencia un problema estructural que trasciende las coyunturas económicas y que responde al modelo de vivienda español basado en la propiedad.
España promueve históricamente la adquisición en propiedad como producto de inversión directa de los hogares. Con un parque de vivienda pública que apenas ha supuesto el 10% del construido en las últimas décadas, se ha generado una gran dependencia del modelo de propiedad que alcanzaba al 75,5% de los hogares en 2021. Este sistema ha provocado que los precios de los alquileres también aumenten, haciendo aún más inaccesible la vivienda especialmente para las clases bajas. La abogada y experta en vivienda Alejandra Jacinto explica que la vivienda en España siempre ha sido un refugio de patrimonio y herencia, lo que la convierte en un producto de inversión en lugar de un derecho garantizado.
Un parque urbano infrautilizado
El problema se agrava cuando se analiza la infrautilización del parque urbano español. Según el informe, existen 3,8 millones de viviendas vacías en España, lo que representa el 14,4% del total del parque inmobiliario. Esta cifra contrasta dramáticamente con las dificultades de acceso que enfrentan millones de familias. Casi nueve de cada 10 personas en exclusión social severa tienen problemas graves relacionados con la vivienda. Uno de cada cuatro hogares en España sufre rasgos de exclusión residencial. El dato del hacinamiento, definido como menos de 15 metros cuadrados por persona, ha aumentado del 5,1% en 2018 al 7% en 2024, evidenciando un deterioro progresivo de las condiciones habitacionales.
Jacinto sostiene que la única manera de abordar el problema es blindar como derecho la posibilidad de tener un hogar, independientemente del régimen de tenencia. La clave está en poner el foco en la garantía del derecho y no en el régimen de tenencia, algo que no hacen las instituciones españolas. El informe FOESSA califica el derecho a la vivienda en España como un derecho fake, una promesa constitucional que en la práctica resulta inalcanzable para una parte significativa de la población. La falta de políticas públicas efectivas para aumentar el parque de vivienda social y regular el mercado del alquiler mantiene a millones de familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
El segundo gran motor de la exclusión social es la precariedad laboral, que se ha convertido en la nueva normalidad afectando a casi la mitad de la población activa. El informe documenta que el 47,5% de los trabajadores en España, equivalente a 11,5 millones de personas, están atrapados en diversas modalidades de inseguridad laboral. El empleo ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. Más de un tercio de las personas en situación de exclusión moderada o severa tiene trabajo, lo que demuestra que tener un empleo ya no garantiza una vida digna ni protege contra la pobreza.
Los jóvenes son particularmente vulnerables a esta precariedad estructural. El estudio identifica 2,5 millones de jóvenes atrapados en condiciones laborales que incluyen tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española. Acceden a su primer empleo en peores condiciones que las generaciones anteriores, con salarios entre un 15% y un 30% inferiores. Esta situación genera lo que los investigadores denominan efecto cicatriz, que persiste sobre los salarios y la trayectoria laboral produciendo pérdidas salariales acumuladas que marcan toda la vida profesional de estas personas. El informe señala que esta generación está condenada al ostracismo, una situación que trasciende el cliché de que serán las primeras en vivir peor que sus padres.
La combinación de vivienda inaccesible y precariedad laboral crea una ecuación implacable. Si a un país con un índice de precios de vivienda disparado se suma una precariedad laboral que afecta a casi la mitad de la población activa, el resultado es una población abocada a la marginalidad con una tasa de pobreza consistente del 8% aproximadamente. Esta fórmula sencilla explica gran parte de la fragmentación social que atraviesa España, donde las fases de recuperación económica no logran cerrar la brecha de desigualdad ni devolver a la sociedad a los niveles previos a las crisis de 2009 y la pandemia.
Los rostros de la desigualdad
El informe FOESSA identifica grupos especialmente vulnerables a la exclusión social. Las mujeres constituyen el primero de ellos. Los hogares encabezados por mujeres han pasado de una tasa de exclusión del 17% en 2007 al 21% en 2024. El problema se agrava dramáticamente en las familias monoparentales, donde la tasa ha saltado del 12% en 2007 al 29% en 2024. Del total de hogares excluidos en situación grave, casi la mitad están encabezados por mujeres, específicamente el 42%, más de 15 puntos porcentuales desde 2007. Raúl Flores señala que las mujeres asumen una doble e invisible carga: la parcialidad, la precariedad laboral y la brecha salarial fuera de casa, así como el trabajo de cuidados dentro. La falta de corresponsabilidad real es un acelerador directo de la pobreza femenina.
Los inmigrantes enfrentan niveles de exclusión aún más dramáticos. Casi la mitad de la población de origen inmigrante se encuentra en exclusión social, concretamente el 47,4%, una tasa que casi triplica la de la población autóctona situada en el 15,3%. La situación administrativa se ha convertido en un determinante potenciador de esta exclusión. El 68% de las personas extracomunitarias en situación irregular sufre exclusión, frente al 43% de quienes tienen permiso. Esta discriminación étnica se ha duplicado desde 2018, aunque desde la Fundación FOESSA aclaran que no es un problema inherente al origen sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas. El sistema español genera obstáculos sistemáticos que impiden la integración plena de la población inmigrante.
Los menores constituyen el tercer grupo crítico. Un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, es decir, 1,4 millones de niños. Su tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y una de las mayores de Europa. Estos niños crecen en hogares donde las dificultades para cubrir necesidades básicas son cotidianas, lo que compromete su desarrollo y perpetúa ciclos intergeneracionales de pobreza. Las consecuencias de crecer en situación de exclusión severa trascienden lo material, afectando al rendimiento escolar, la salud física y mental, y las oportunidades futuras de estas personas.
Educación y salud como multiplicadores
El informe identifica otros factores que multiplican el riesgo de exclusión. La educación ha perdido parte de su función de ascensor social. Tener la ESO ya no protege contra la pobreza y la exclusión, el cortafuegos se ha desplazado al Bachillerato y la Formación Profesional. Si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7. Los hijos de personas con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en situaciones de pobreza que los descendientes de familias con formación superior, evidenciando la reproducción intergeneracional de la desigualdad educativa.
La salud mental emerge como otro multiplicador crítico. Los diagnósticos de depresión, ansiedad o trastorno adaptativo alcanzan al 6% de la sociedad general, pero superan el 12% entre quienes viven en exclusión severa. El informe denuncia que cuando el sistema público se atasca, retrasando la detección precoz de enfermedades o no cubriendo completamente áreas como la salud mental, la única alternativa es el pago privado, convirtiendo un derecho fundamental en un privilegio. Más de 600.000 familias tienen algún miembro que no ha recibido la atención que precisaba en el momento adecuado. Un 12% de las familias encuentra dificultades para comprar medicamentos y seguir tratamientos por problemas económicos.
El aislamiento social constituye la herida más profunda. Aunque a nivel general en España la soledad absoluta es minoritaria e incluso ha bajado del 6,2% de hogares en 2007 al 4,7% en 2024, las personas en exclusión severa sufren una fractura aterradora. El nivel de aislamiento de estas personas se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024. Esta desconexión social agrava todos los demás problemas, privando a las personas de redes de apoyo que podrían ayudarlas a salir de situaciones difíciles. El informe señala que esta situación paradójicamente no se está traduciendo en acción colectiva transformadora sino en un repliegue individualista, en un sálvese quien pueda que resulta ineficaz y peligroso.
Mitos y realidades sobre la pobreza
El estudio FOESSA desmonta uno de los mitos más persistentes sobre la pobreza: la supuesta pasividad de las personas excluidas. El informe señala que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos. La activación en estos hogares pasó del 68% en 2021 al 77% en 2024. Sin embargo, chocan con barreras estructurales, se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema. El mito de que las personas en pobreza viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones es completamente falso.
El modelo socioeconómico español genera estructuralmente desigualdad, precariedad y fractura. Todos estos problemas son síntomas de un sistema que prioriza la acumulación de riqueza sobre el bienestar colectivo, que trata la vivienda como mercancía en lugar de derecho, y que ha normalizado formas de empleo que no garantizan una vida digna. El documento también advierte que este modelo vive de espaldas a los límites del planeta, con una huella ecológica en España que triplica la capacidad de su territorio. Si todo el mundo viviera como la población en España, necesitaríamos el equivalente a 2,5 planetas.
Desde Cáritas y la Fundación FOESSA mantienen la esperanza en que la situación pueda cambiar mediante un cambio radical de paradigma civilizatorio. Necesitamos un nuevo pacto social basado en valores diferentes que ponga en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado. No somos individuos aislados y autosuficientes, dependemos los unos de los otros y dependemos de la naturaleza. La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, afirma que España se encuentra en una encrucijada que define no solo su presente sino el horizonte de posibilidades para las próximas décadas. La pregunta es si la sociedad española será capaz de construir ese nuevo modelo antes de que la fragmentación social se vuelva irreversible.
