El Ministerio de Cultura ha dado luz verde al informe que solicita la extinción definitiva de la entidad que gestiona el legado del dictador. La Fundación Nacional Francisco Franco tiene diez días para presentar alegaciones contra un proceso que comenzó hace más de un año y que se fundamenta en la Ley de Memoria Democrática. El organismo argumenta que ha modificado sus estatutos para adaptarse a la legislación, pero fuentes del Ejecutivo consideran insuficientes los cambios realizados.
El Ministerio de Cultura ha aprobado el informe que solicita formalmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco, entidad que durante décadas ha gestionado el legado del dictador y que, según el Gobierno, persigue fines incompatibles con el Estado de Memoria Democrática vigente en España desde 2022. La decisión del Ejecutivo representa un paso decisivo en un proceso que comenzó hace más de un año, cuando el ministerio encargó al Protectorado Estatal de Fundaciones la elaboración de un documento jurídico que determinara si la organización cumple los requisitos legales para mantener su existencia. La fundación dispone ahora de diez días para presentar alegaciones antes de que el expediente se remita a la Abogacía del Estado para iniciar los trámites judiciales de disolución.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, establece en su artículo 18 que no pueden existir fundaciones que hagan apología del franquismo o que persigan fines de interés general vinculados a la exaltación del régimen dictatorial. El Gobierno considera que la Fundación Franco incumple estos requisitos al mantener como objetivo estatutario la preservación y difusión del legado de quien ejerció una dictadura de cuarenta años caracterizada por la represión sistemática, la violación de derechos fundamentales y la ausencia de libertades democráticas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha manifestado que la extinción de esta entidad resulta necesaria para culminar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática aprobada por el Parlamento español.
La Fundación Nacional Francisco Franco sostiene haber modificado sus estatutos para adaptarse a la nueva legislación, argumentando que ya no persigue fines de interés general sino que se ha reconvertido en una entidad privada dedicada exclusivamente a la gestión patrimonial. Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la organización y general de División de Infantería de Marina en la reserva, defiende que los cambios realizados sitúan a la fundación dentro de la legalidad vigente. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por diversos medios afirman que las modificaciones resultan insuficientes y que la actividad real de la entidad continúa dedicada a la exaltación del régimen franquista.
El Ejecutivo argumenta que la fundación mantiene actividades incompatibles con la normativa de memoria democrática, entre ellas la organización de actos de homenaje al dictador, la publicación de materiales que reivindican el golpe militar de 1936 y la gestión de espacios que glorifican la figura de Franco. La organización dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones que rebatan estos argumentos, tras lo cual el Ministerio de Cultura decidirá si mantiene su solicitud de extinción o reconsidera su posición. En caso de confirmarse la petición, el expediente pasará a la Abogacía del Estado, que iniciará el procedimiento judicial correspondiente ante los tribunales competentes.
Más de un año de trámites administrativos
Los trámites para extinguir la Fundación Francisco Franco comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura solicitó formalmente al Protectorado Estatal de Fundaciones que iniciara un procedimiento para determinar si la entidad cumplía los requisitos legales establecidos tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. El proceso administrativo ha requerido múltiples informes técnicos, jurídicos y documentales que analizaran tanto los estatutos de la fundación como sus actividades efectivas durante los últimos años. La complejidad del expediente explica la duración del trámite previo a la solicitud formal de extinción ahora aprobada.
La fundación ha utilizado este periodo para intentar reformular sus estatutos y modificar algunas de sus actividades públicas, movimientos que el Gobierno interpreta como una estrategia dilatoria destinada a ganar tiempo y evitar la disolución judicial. Fuentes próximas a la entidad, citadas por medios conservadores, argumentan que se trata de una persecución ideológica del Ejecutivo socialista y que la organización se limita a preservar memoria histórica desde una perspectiva legítima. Sin embargo, asociaciones memorialistas y víctimas del franquismo han reclamado insistentemente al Gobierno que acelere el cierre de una fundación que consideran una afrenta a la dignidad de quienes sufrieron la represión dictatorial.
Una vez que concluya el plazo de alegaciones, el Ministerio de Cultura remitirá el expediente completo a la Abogacía del Estado para que esta inicie formalmente el procedimiento judicial de extinción ante los tribunales competentes. El proceso judicial puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de los recursos que presente la fundación y de las instancias jurisdiccionales que deban pronunciarse sobre el caso. La organización podrá recurrir ante el Tribunal Supremo e incluso ante el Tribunal Constitucional si considera vulnerados derechos fundamentales, generando una batalla legal de resultado incierto.
Juristas especializados en derecho de fundaciones consultados por diversos medios consideran que la posición del Gobierno cuenta con fundamento legal sólido, dado que la Ley de Memoria Democrática establece claramente la incompatibilidad entre el ordenamiento jurídico español y la existencia de entidades que hagan apología del franquismo. Sin embargo, advierten que los tribunales deberán valorar si las modificaciones estatutarias realizadas por la fundación resultan suficientes para considerar que ya no persigue fines prohibidos por la legislación vigente. La resolución final determinará hasta dónde puede llegar el Estado democrático en la aplicación de leyes de memoria sin vulnerar principios de libertad de expresión y asociación reconocidos constitucionalmente.
PP y Vox se resisten
La decisión del Gobierno ha generado reacciones encontradas en el espectro político español. Mientras los partidos que apoyan al Ejecutivo celebran el paso como necesario para completar el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, la oposición conservadora critica lo que considera una imposición ideológica que busca criminalizar determinadas interpretaciones históricas. El Partido Popular ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la legislación de memoria vigente, argumentando que genera división social en lugar de promover la reconciliación nacional que supuestamente caracterizó la Transición democrática.
Vox ha adoptado una postura más radical, prometiendo derogar la Ley de Memoria Democrática si accede al Gobierno y defender el derecho de organizaciones como la Fundación Franco a existir y expresarse libremente. La ultraderecha argumenta que prohibir fundaciones por motivos ideológicos constituye una vulneración de libertades fundamentales en un Estado democrático. Frente a estos argumentos, el Gobierno sostiene que ningún régimen democrático tiene obligación de permitir la exaltación de dictaduras que negaron derechos fundamentales, y que la disolución de la fundación no supone censurar el estudio histórico del franquismo sino impedir la apología de un régimen que causó represión sistemática durante cuarenta años.
