La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha corregido al alza sus previsiones para este año, tras constatar que los flujos de población extranjera han superado todas las proyecciones. La inmigración se ha convertido en el principal motor demográfico y económico del país, aportando hasta el 8% del crecimiento del PIB desde 2019. Colombia, Marruecos y Venezuela lideran las llegadas a un país que bate récords de población mientras enfrenta el reto de integrar a cientos de miles de personas en un mercado laboral marcado por la precariedad.
La economía española se apoya cada vez más en la inmigración. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal había calculado en abril un saldo neto de 400.000 extranjeros para 2025, pero la realidad ha superado ampliamente las estimaciones. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que España alcanzó 49,3 millones de habitantes en julio de este año, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por la llegada de población foránea. Antes del verano, el país ya había registrado más de 400.000 nuevos inmigrantes en el padrón, y las proyecciones apuntan ahora a que el saldo neto podría acercarse al millón de personas al finalizar el ejercicio. Una cifra que duplica las previsiones iniciales y que convierte a España en el país europeo con mayor tasa de entrada de extranjeros por habitante.
El fenómeno no es coyuntural. Por cada español que se registra en la Estadística Continua de Población, se contabilizan casi cinco extranjeros. Durante el primer semestre de 2025, la población de nacionalidad española aumentó en apenas 5.000 personas, mientras que el número de extranjeros creció en 190.000. Las principales nacionalidades de los inmigrantes son la colombiana, con 76.000 llegadas entre enero y junio, la marroquí con 51.000, y la venezolana con 46.000. Les siguen peruanos, ucranianos y ecuatorianos, según los datos oficiales publicados por el INE. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia concentran los mayores incrementos poblacionales, regiones que han experimentado crecimientos superiores al 0,4 por ciento trimestral gracias exclusivamente a la inmigración.
Esta transformación demográfica tiene consecuencias directas en la estructura económica del país. El Banco de España publicó en junio un estudio que cuantifica la contribución de la población extranjera al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024. Según el análisis, la aportación media directa de los extranjeros se sitúa entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales del crecimiento anual, que alcanzó el 2,9 por ciento en ese periodo. La institución señala que esta contribución es similar a la registrada en fases expansivas anteriores y se explica por dos factores: el proceso de asimilación de los inmigrantes llegados a principios de siglo y las mejoras en el nivel educativo de los recién llegados. El consumo privado, uno de los principales motores de la economía española, está siendo impulsado de manera notable por la demanda interna que genera esta nueva población.
El Banco Central Europeo ha ido más allá en su valoración del fenómeno migratorio. En un informe elaborado bajo la supervisión de Óscar Arce, director general de Economía de la institución, el BCE concluye que los trabajadores extranjeros han aportado el 80 por ciento del crecimiento económico español desde 2019. De los 7,5 puntos porcentuales que creció la economía entre 2019 y 2024, el componente nacional aportó menos de dos puntos, apenas un 20 por ciento del total. Los extranjeros no solo han contribuido aumentando la población en edad de trabajar, sino también elevando significativamente sus tasas de empleo. El número de ocupados de origen extranjero alcanzó casi tres millones en abril de 2025, lo que representa el 13,9 por ciento del total de empleos en España y el 41 por ciento de los nuevos puestos creados en los últimos tres años.
El debate sobre productividad y precariedad laboral
La contribución de la inmigración al crecimiento no está exenta de controversia. El economista Ismael Gálvez-Iniesta, de la Universidad de las Islas Baleares, advierte en un estudio publicado por Fedea que España crece de forma extensiva, añadiendo factores de producción sin mejorar la productividad. Los inmigrantes se concentran en sectores de baja cualificación como la hostelería, la construcción y los servicios domésticos, donde los salarios son hasta un 30 por ciento inferiores a la media nacional. En restauración, el 45 por ciento de los cocineros asalariados tienen nacionalidad extranjera, porcentaje que sube al 49 por ciento entre los ayudantes de cocina. En construcción, la presencia de trabajadores foráneos ha pasado del 25 al 44 por ciento en la última década.
Esta concentración en empleos poco cualificados tiene efectos contradictorios. Por un lado, cubre vacantes en sectores con escasez crónica de mano de obra, alivia tensiones en el mercado laboral y sostiene la expansión económica. Por otro, presiona a la baja los salarios de los trabajadores menos cualificados y mantiene un modelo productivo de bajo valor añadido. Funcas señala que el 64 por ciento de los empleos creados en 2023 fueron ocupados por inmigrantes, lo que permitió que España creciera más que la media europea pese a la guerra en Ucrania y la crisis inflacionaria. Sin embargo, los ingresos medios de los extranjeros extracomunitarios son un 30 por ciento inferiores a los de los trabajadores españoles, lo que implica menores cotizaciones fiscales y mayor dependencia potencial de prestaciones públicas.
La AIReF proyecta que España necesitará un flujo neto de 330.000 inmigrantes anuales hasta 2050 para compensar el envejecimiento demográfico, frente a los 205.000 que llegaron de media cada año entre 1990 y 2019. La población alcanzará 54 millones a mediados de siglo, con un 18 por ciento de extranjeros. La inmigración latinoamericana, dominante hasta ahora, perderá protagonismo frente a la africana subsahariana, según las proyecciones del organismo fiscal. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró en julio a CNN que España necesita inmigrantes para mantener el ritmo de crecimiento y que el Gobierno apuesta por una migración ordenada, legal y respetuosa con los derechos.
El desafío va más allá de los números. Con una tasa de natalidad de 1,16 hijos por mujer, la segunda más baja de Europa solo por delante de Malta, España enfrenta una inversión de la pirámide poblacional que amenaza la sostenibilidad del sistema de pensiones. La llegada de población en edad laboral mitiga temporalmente el problema, pero expertos como los de BBVA Research advierten que la integración laboral, económica y social de los inmigrantes requiere atención prioritaria de los responsables políticos. España se encuentra ante una encrucijada: aprovechar el capital humano que recibe para impulsar un cambio de modelo productivo hacia sectores de mayor valor añadido, o perpetuar un crecimiento extensivo basado en mano de obra barata que no mejora la renta per cápita ni la calidad de vida del conjunto de la población.
