El presidente del Gobierno comparece hoy ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, convirtiéndose en el segundo jefe del Ejecutivo en activo que acude a un foro de estas características tras Zapatero en 2004. El PP advierte que explorará acciones judiciales si «falta a la verdad» y mantiene en secreto quién será el encargado de interrogarle durante un careo que puede extenderse hasta siete horas con seis grupos parlamentarios participantes.
Pedro Sánchez afronta hoy jueves 30 de octubre, a partir de las 9:00 horas, una de las comparecencias más esperadas y tensas de su carrera política. El presidente del Gobierno acudirá a la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en un interrogatorio que promete convertirse en un auténtico examen sobre la presunta financiación irregular del PSOE y las tramas de corrupción que salpican a su entorno más cercano. La cita, confirmada hace dos semanas por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se producirá en la sala Clara Campoamor de la Cámara Alta.
El formato de la sesión está claramente definido. Cada grupo parlamentario dispondrá de 50 minutos para formular sus preguntas, tiempo que incluye las respuestas del presidente. Con seis grupos confirmados para intervenir, la sesión puede extenderse hasta cinco o incluso siete horas si todos agotan su tiempo asignado. El Grupo Mixto, integrado por Vox y UPN, abrirá el turno de preguntas, seguido por Izquierda Confederal, el Grupo Plural, Izquierdas por la Independencia, el Grupo Socialista y, finalmente, el Partido Popular cerrará el interrogatorio previsiblemente a partir del mediodía.
La participación de los socios del Gobierno estuvo en duda hasta última hora. El PNV decidió no acudir al interrogatorio, mientras que Esquerra Republicana confirmó el pasado martes que su portavoz Joan Queralt sí participará para exigir a Sánchez que «esclarezca» todas las dudas sobre la trama. Junts también ha confirmado su presencia a través de Eduard Pujol. Otros grupos como Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y EH Bildu repartirán los tiempos asignados a sus respectivas formaciones para dirigirse al jefe del Ejecutivo.
El PP ha generado expectación al mantener en secreto hasta el último momento la identidad del senador que liderará el turno del grupo mayoritario. Entre los nombres que suenan con más fuerza figuran el portavoz adjunto Alejo Miranda, Rocío Dívar y especialmente Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP madrileño. La portavoz Alicia García ya descartó ser ella quien lleve el peso del interrogatorio, dejando esa responsabilidad en manos de los miembros de la comisión.
El PP amenaza con acciones judiciales
La advertencia lanzada por el Partido Popular ha marcado el tono de lo que se espera en la sesión. «Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos. Aquí, frente a toda España, deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto», proclamó Alicia García al anunciar la citación. Los responsables del PP han dejado claro que no descartan explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente «falte a la verdad» durante su comparecencia.
La estrategia del PP pasa por presionar a Sánchez sobre los pagos en efectivo dentro del PSOE que han quedado al descubierto en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Fuentes del partido señalan que el presidente tiene dos opciones: negarse a declarar o aportar la documentación que justifique esos pagos. El objetivo es acorralarle con preguntas sobre la presunta financiación irregular del partido socialista, un tema que el propio Sánchez negó días atrás en una entrevista radiofónica al afirmar que podía «garantizar» que no existe.
La comisión de investigación, que lleva trabajando más de año y medio, ha celebrado ya casi 90 comparecencias. Entre los que han desfilado por ella figuran ministros como Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han comparecido el exministro José Luis Ábalos, el actual presidente de la Generalitat Salvador Illa y la presidenta del Congreso Francina Armengol. La comparecencia de Sánchez llega después de que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García se hayan acogido a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo.
El alcance de la comisión se ha ampliado considerablemente desde su creación. Inicialmente centrada en los contratos públicos durante la pandemia relacionados con Koldo García, el PP ha ido modificando su objeto para incluir todas las ramificaciones del caso. Esto significa que Sánchez podrá ser interrogado no solo sobre el caso Koldo, sino también sobre los negocios de su esposa Begoña Gómez, el caso de su hermano David Sánchez o el uso de pasaportes diplomáticos por parte de miembros de la trama.
El presidente del Gobierno se convertirá en el segundo jefe del Ejecutivo en ejercicio que comparece ante una comisión de investigación de las Cortes Generales. El único precedente lo marcó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió el 13 de diciembre de 2004 a la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados del 11 de marzo. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también fueron llamados a comisiones, aunque en calidad de expresidentes y no durante su mandato.
El Senado ha reforzado la seguridad y habilitado salas adicionales para acoger la previsible avalancha mediática que generará la sesión. La institución ha activado un dispositivo especial al tratarse del jefe del Ejecutivo y espera la presencia de numerosos medios nacionales e internacionales. El día de la comparecencia, el Senado estará completamente volcado en este acto, sin ninguna otra actividad programada para garantizar que toda la atención se centre en el interrogatorio presidencial.
Desde Moncloa han trasladado tranquilidad ante la cita. Fuentes del Gobierno consideran que Sánchez puede incluso salir reforzado de la comparecencia, argumentando que en anteriores ocasiones cuando han comparecido ministros, el Ejecutivo ha salido fortalecido. No obstante, el contexto judicial actual, con el Tribunal Supremo señalando indicios contra Ábalos por ingresos opacos y vínculos con la trama, añade presión a una sesión que puede marcar un punto de inflexión en la legislatura.
