El juez Francisco de Jorge investiga al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a dos directivos por vender acero sin autorización a la empresa armamentística Israel Military Industries. Los cargos incluyen contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio, en un caso sin precedentes en España que se apoya en las denuncias del Tribunal Penal Internacional y de organismos de la ONU sobre las matanzas en territorio palestino.
España acaba de cruzar un umbral judicial inédito. El magistrado Francisco de Jorge, del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha imputado al presidente de la siderúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos de la compañía por delitos de contrabando y participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad o, alternativamente, de genocidio. La investigación se centra en la venta de acero a Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armamento pesado y ligero, con pleno conocimiento de que el material sería utilizado para la fabricación de armas empleadas en el conflicto de Gaza.
El auto judicial, que este viernes ha levantado el secreto de las actuaciones tras casi cuatro meses de pesquisas, establece que las transacciones comerciales se llevaron a cabo sin solicitar la correspondiente autorización del Gobierno español ni inscribirse en el registro correspondiente, tal como exige la legislación sobre exportación de material sensible. Los tres investigados han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre en la Audiencia Nacional, fecha que marcará un hito en la jurisprudencia española sobre responsabilidad empresarial en conflictos internacionales.
El magistrado fundamenta su decisión en que los acontecimientos en Gaza son de «dominio público», no solo por la información difundida diariamente en medios de comunicación, sino especialmente por la calificación provisional como delito formulada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). Esta argumentación convierte al caso en pionero, al vincular directamente operaciones comerciales españolas con la situación humanitaria en territorio palestino.
Más de mil toneladas de acero para la industria bélica
La investigación revela que Sidenor habría vendido un total de 1.207 toneladas de acero al fabricante de armas israelí desde agosto de 2024, según información publicada por el medio irlandés The Ditch. Los envíos se realizaron en múltiples remesas durante varios meses: 239 toneladas en agosto de 2024, 219 toneladas en marzo pasado y 356 toneladas en mayo. El buque ZIM Atlantic transportó catorce contenedores que llegaron al puerto turco de Mersin el 25 de mayo y a Haifa, en territorio israelí, cuatro días después.
Según consta en un oficio de la Comisaría General de Información fechado el 10 de septiembre, estas operaciones comerciales carecían de la preceptiva autorización administrativa. Esta falta de permiso llevó a los querellantes a argumentar que se habría incurrido en contrabando, vulnerando el Tratado sobre Comercio de Armas de Nueva York de 2023 y el derecho internacional humanitario. El juez De Jorge considera que los cargos podrían abarcar dos delitos: contrabando, contemplado en la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, y participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad, según los artículos 29 y 607 bis del Código Penal, o alternativamente complicidad en genocidio del artículo 607.
La causa judicial se inició tras una querella interpuesta por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, que ha mantenido la investigación en secreto hasta ahora. El movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) en Euskal Herria ha manifestado que la investigación «confirma lo que desde hace años venimos denunciando: la implicación de empresas vascas en el sostenimiento económico, tecnológico e industrial del sistema de ocupación que Israel impone sobre el pueblo palestino».
Los trabajadores denuncian y se salvan de la imputación
El auto judicial incluye el reconocimiento del papel activo de los trabajadores de Sidenor Aceros Especiales en la denuncia de estos hechos. El magistrado ha decidido no imputar a la matriz mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, como solicitaban los querellantes, precisamente por la contribución de los empleados, reunidos en torno a los sindicatos ELA, LAB y ESK, a la denuncia pública «para frenar la complicidad con el genocidio» y para impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva de la cúpula directiva.
Esta decisión judicial se apoya en la directiva europea y la ley nacional que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y luchan contra la corrupción, extendiendo la salvaguarda a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes. El sindicato LAB calificó como «un éxito» de la solidaridad vasca con Palestina el anuncio de Sidenor de dejar de vender acero a Israel, aunque aseguró que se mantendría «vigilante para que el anuncio se cumpla».
Sin embargo, el juez sí considera que los hechos son imputables a la sociedad mercantil Clerbil SL, que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa. La investigación podría ampliarse a esta segunda empresa, aunque de momento la instrucción se centra en los tres directivos imputados. Una situación que recuerda al caso de los empleados de CAF, la empresa vasca de fabricación de trenes, en relación con el tranvía de Jerusalén, donde también los trabajadores han desempeñado un papel activo en la denuncia de relaciones comerciales con Israel.
La presión social y sindical obligó a Sidenor a anunciar en junio pasado que dejaba de vender acero a Israel, justificando la decisión en que el Gobierno español había decidido en abril «suspender el contrato de ventas» a dicho país. El anuncio se produjo después de que la organización Prou Complicitat Amb Israel denunciara que el buque ZIM Luanda había amarrado en Barcelona para cargar 40 bloques de barras de acero originarios de Sidenor con destino al puerto de Haifa.
José Antonio Jainaga, uno de los principales empresarios vascos y figura clave en la reciente operación de adquisición de Talgo, se enfrenta ahora a un proceso judicial que podría sentar precedente sobre la responsabilidad penal de directivos empresariales en conflictos internacionales. El caso adquiere especial relevancia en un contexto en que el Gobierno español ha impulsado el embargo de armas a Israel y ha reconocido el Estado palestino, consolidándose como uno de los países europeos más críticos con la política israelí en Gaza.
Esta investigación confirma que la jurisdicción española está dispuesta a aplicar el derecho internacional humanitario en casos de presunta complicidad empresarial con crímenes de guerra, abriendo la puerta a futuras acciones judiciales contra compañías que mantengan relaciones comerciales con sectores vinculados al conflicto palestino-israelí. El desenlace de este proceso judicial será observado con atención tanto por organizaciones de derechos humanos como por el sector empresarial, que a partir de ahora deberá extremar precauciones en operaciones con actores potencialmente nocivos.
