El presidente del Gobierno acudirá obligatoriamente a la comisión de investigación que lleva más de año y medio trabajando sobre las presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia. Será el segundo presidente en ejercicio que comparece ante una comisión parlamentaria de investigación, después de Zapatero en 2004. El Partido Popular mantiene en secreto la identidad del senador que interrogará al líder del Ejecutivo y advierte sobre posibles acciones judiciales si se demuestra que falte a la verdad.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo jueves 30 de octubre a las 9:00 horas ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones. La portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, anunció la fecha en rueda de prensa antes de que la Mesa de la comisión ratificara formalmente la citación. El PP cuenta con mayoría absoluta en este órgano. La sesión se celebrará un día después del funeral de Estado por las víctimas de la dana que dejó casi 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana.
Esta comparecencia supone un hito en el parlamentarismo español. Sánchez será el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que se sienta ante una comisión de investigación de las Cortes Generales. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, quien compareció el 13 de diciembre de 2004 en la comisión sobre los atentados del 11 de marzo. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también comparecieron en distintas comisiones, aunque ya fuera del cargo. Aznar lo hizo en 2004 y en 2018, esta última sobre la presunta financiación ilegal del PP. Rajoy fue citado en marzo de 2025 en la comisión sobre la Operación Cataluña.
La citación pone fin a semanas de incertidumbre sobre la fecha exacta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había anunciado el pasado 8 de octubre que el partido citaría a Sánchez durante octubre, pero sin especificar el día concreto. Entre las fechas manejadas estaban el 27 y el 30 de octubre. Feijóo justificó el momento de la citación en las últimas informaciones conocidas tras la publicación del informe de la Guardia Civil que revelaba liquidaciones y pagos en efectivo desde la sede central del PSOE. El anuncio se produjo cuando los estudios demoscópicos recogen un frenazo en la intención de voto del PP, frente a un Vox en ascenso.
La comisión de investigación fue concebida inicialmente por el Partido Popular en marzo de 2024 para investigar los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 en los que pudiera haber actuado como intermediario el exasesor de Ábalos, Koldo García. A lo largo del año pasado, la comisión fue ampliando su objeto para abarcar contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno relacionadas con Koldo, con las demás personas vinculadas a la Operación Delorme, y respecto a presuntos delitos de corrupción con relación directa o indirecta con las anteriores. El listado inicial no incluía a Sánchez entre los 58 comparecientes.
En mayo de 2024, el PP hacía valer su mayoría absoluta en la Cámara para ampliar la relación de nombres en otros 32, entre ellos el del presidente del Gobierno. Los populares consideran a Sánchez la pieza central de una trama múltiple de corrupción con epicentro en La Moncloa y esgrimen informaciones en prensa y las averiguaciones de la Unidad Central Operativa. La comisión, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya casi 90 comparecencias. Entre ellas, las de los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han comparecido el exministro José Luis Ábalos, Salvador Illa y Francina Armengol.
Para la jornada del 23 de octubre, el PP ha programado las intervenciones del exgerente del PSOE y actual presidente de la empresa pública ENUSA, Mariano Moreno Pavón, y la actual gerente del partido, Ana María Fuentes. Ambos son nombrados en grabaciones de Koldo García recogidas en el último análisis de la Unidad Central Operativa sobre el patrimonio del que fuera secretario de organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Estas comparecencias sirven para calentar las jornadas previas a la citación del presidente del Gobierno, según la estrategia diseñada por el Partido Popular.
Formato de la comparecencia y obligatoriedad
La Constitución española establece que será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras, según recoge el artículo 76.2. La Ley Orgánica de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación establece que todo ciudadano español o extranjero residente en España está obligado a comparecer personalmente. La norma fija un plazo de al menos quince días de antelación para notificar a la persona, aunque permite reducirlo a tres días si concurren circunstancias de urgente necesidad. La Cámara debe abonar los posibles gastos generados por acudir ante la comisión. No acudir a la cita una vez notificada oficialmente no es una opción para Sánchez.
La sesión del próximo 30 de octubre arrancará con una intervención del presidente de la comisión y a continuación comenzarán los turnos de preguntas de los portavoces. Al contrario de lo que sucede en otras comparecencias, no hay una intervención inicial del compareciente. El plan de trabajo contempla dos formatos de sesiones: jornadas con varios declarantes y comparecencias monográficas con un solo compareciente. La de Sánchez será monográfica. Cuando el PP decidió incluir al presidente en la ampliación de nombres, la Mesa aprobó el cambio por el que cada grupo pasó a disponer de un turno de 50 minutos.
El portavoz elegido por cada grupo parlamentario tendrá 50 minutos para desarrollar su interrogatorio a Sánchez. En ese tiempo se contabilizan también las respuestas del líder del Ejecutivo. El orden de intervención es de menor a mayor representación en la Cámara. Abre el turno el Grupo Mixto y cierra el portavoz del Grupo Popular. Aunque la asistencia es obligatoria, los comparecientes tienen derecho a no declarar. Así ha sucedido en varias ocasiones cuando la persona citada está investigada en alguna causa judicial. En caso de silencio, el portavoz puede hacer uso del tiempo que estime oportuno para formular las preguntas que considere.
El secreto sobre el interrogador del PP
El nombre del senador que confrontará con el presidente del Gobierno es el secreto mejor guardado dentro de las filas del Grupo Popular en el Senado. Desde la bancada del PP se justifica el silencio en el factor sorpresa que supondrá no adelantar su identidad, para así evitar dar pistas sobre el perfil de la persona que interrogará a Pedro Sánchez. La portavoz Alicia García ha confirmado que no será ella quien lleve a cabo este papel. Los populares cuentan con 17 miembros en la comisión y en teoría cualquiera de ellos podría hacer las veces de portavoz durante la sesión.
Oficialmente el portavoz del PP en la comisión es el senador por Cuenca Alejo Miranda de Larra, pero durante las más de 70 sesiones celebradas han intervenido en nombre del PP hasta 16 parlamentarios distintos. Los integrantes del PP en esta comisión son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván. En la Mesa también están Eloy Suárez, José Manuel Balseiro e Inmaculada Hernández.
El Reglamento permite la sustitución de cada miembro de la comisión, en cada sesión, por otro senador de su mismo grupo parlamentario. El único requisito es que el nombre del suplente se notifique a la Presidencia de la comisión al comienzo de la jornada. No hay impedimento formal a que cualquiera de los 144 miembros del PP en el Senado tenga la oportunidad de enfrentarse a Sánchez. Dentro del turno de portavoces del que dispone cada grupo pueden hacer uso libre de los 50 minutos, de modo que cabe repartir el tiempo entre más de un senador. La fórmula de interrogar a dos voces ya ha sido puesta en práctica en el PP en los compases iniciales.
Con siete grupos parlamentarios constituidos en el Senado, en teoría la participación de Sánchez podría extenderse a unas seis horas. Sin embargo, por parte del PNV y el Grupo Plural no está interviniendo nadie en prácticamente todas las sesiones. También han sido muy poco frecuentes las intervenciones por el Grupo de Izquierda Confederal. Por su parte, por ERC-EH Bildu no ha tomado nadie la palabra en más de la mitad de las sesiones. Solo es segura la participación de PP, PSOE y el Mixto, lo que alargaría la sesión a entre dos horas y media y tres. Este tiempo se verá incrementado si el resto de bancadas deciden ser parte activa.
El Partido Popular ha advertido a Sánchez que tiene la obligación legal de acudir a la comisión de investigación del Senado. Ha comenzado a difundir la idea de que no descarta explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente del Gobierno falte a la verdad en este foro. Alicia García declaró que Sánchez tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos, y que deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. García añadió que no hay cortina de humo que tape su responsabilidad. Censuró que no se hayan producido explicaciones tras el informe de la Guardia Civil.
García indicó que el sanchismo ha montado un sistema de corrupción piramidal, con Sánchez en la cúspide y en la base la financiación ilegal del PSOE. La comparecencia llega en un momento de máxima tensión política y judicial. El Tribunal Supremo ha señalado recientemente indicios consistentes contra Ábalos por ingresos opacos y vínculos patrimoniales con Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama. Previsiblemente las preguntas se referirán más a su papel como secretario general del PSOE que a su papel como presidente del Gobierno, en concreto, al pago con sobres de dinero en efectivo desde el PSOE. La cita marcará un punto de inflexión en la investigación.
