El Estado ibérico lidera el crecimiento entre las economías avanzadas con un PIB que aumentará un 2,9% este año según el FMI, mientras las tres grandes agencias de calificación crediticia elevan la nota del país. Sin embargo, más de la mitad de los españoles considera que la situación económica es mala o muy mala, según los últimos datos. La brecha entre indicadores macroeconómicos y percepción ciudadana evidencia que el crecimiento no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría, atrapada entre la crisis de la vivienda, el estancamiento salarial y la pérdida de poder adquisitivo.
Recientemente, las tres grandes agencias de calificación crediticia, Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, elevaban a la letra A su calificación sobre la capacidad de España para pagar su deuda, la mejor nota desde la crisis de 2007. Por otro lado, el FMI estimó la pasada semana que el PIB español aumentaría este año un 2,9% y sería la economía avanzada que más crece en los últimos dos años. Los datos macroeconómicos dibujan un panorama de prosperidad: España supera ampliamente el crecimiento medio de la eurozona, bate récords de empleo y reduce el paro a niveles no vistos en más de una década. Sin embargo, a la vuelta de la esquina de estos buenos resultados aparece la percepción ciudadana, que dista mucho de las halagüeñas corrientes macroeconómicas.
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas revela que el 54,2% de los españoles considera que la situación económica general de España es mala o muy mala, frente a un 40% que la califica como buena o muy buena. Esta percepción negativa contrasta radicalmente con los indicadores oficiales que sitúan a España como la locomotora del crecimiento europeo, con tasas que triplican la media comunitaria. La paradoja se acentúa cuando se analiza la percepción personal: el 66% estima que su situación económica es buena o muy buena, mientras que la valoración de la economía del país cae en picado. Esta disonancia cognitiva refleja una desconexión profunda entre lo que los ciudadanos viven en su día a día y lo que las estadísticas oficiales proclaman.
La vivienda, principal fuente de desigualdad
La crisis de la vivienda emerge como la principal fuente de desigualdad y frustración ciudadana. Según la encuesta Vivir la desigualdad publicada por Oxfam Intermón, más de la mitad de la población percibe que el acceso a una vivienda digna es casi imposible sin herencia o privilegio económico. El barómetro del CIS confirma esta preocupación: el 37,1% de los encuestados señala la vivienda como el principal problema del país, seguido de la inmigración con un 20,5% y los problemas relacionados con la calidad del empleo con un 18,3%. La brecha entre propietarios e inquilinos es alarmante.
El 73% de los arrendatarios afirma sentirse directamente afectado por la crisis habitacional, frente a un 33% entre quienes poseen un inmueble. Esta diferencia revela cómo la vivienda se ha convertido en el principal factor de estratificación social en España, dividiendo a la población entre quienes pudieron acceder a la propiedad y quienes están condenados a pagar alquileres que absorben más de la mitad de sus ingresos.
El contraste entre el crecimiento económico y la sensación ciudadana de estancamiento revela un fallo estructural. Los datos agregados no captan la realidad cotidiana de quienes viven al límite, ni la angustia de familias que destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler o que han renunciado a cuidados médicos y formación por falta de recursos. La burbuja inmobiliaria no solo no se ha desinflado del todo, sino que amenaza con perpetuarse, dificultando que nuevas generaciones puedan acceder a un hogar propio. El 45% de los ciudadanos afirma verse afectado por esta crisis, y la sensación de injusticia cala hondo: vivir de alquiler deja de ser una etapa temporal para convertirse en una trampa de la que resulta casi imposible escapar. La vivienda se ha transformado en un bien de lujo que marca la diferencia entre quienes pueden construir un proyecto de vida estable y quienes están atrapados en una precariedad permanente.
Entre los factores que explican esta desconexión entre el crecimiento del PIB y las percepciones ciudadanas destaca el estancamiento salarial. Aunque se crea empleo, los salarios reales apenas han aumentado debido a la inflación acumulada durante los últimos años. Según datos de la OCDE, España sigue siendo uno de los países europeos donde más se ha recortado el salario real. Aunque hay más empleo, los trabajadores ganan menos en términos reales, con un poder adquisitivo un 4% inferior al de 2019. Entre 2019 y 2024, los alimentos subieron 14 puntos más que los salarios, y el coste del alquiler y las hipotecas ahogan a miles de familias. La pérdida de poder adquisitivo se ha convertido en una constante que lastra la capacidad de las familias para afrontar gastos básicos. El incremento en los precios de vivienda, energía y alimentos ha mermado considerablemente la economía doméstica.
La desigualdad en la distribución de la riqueza generada constituye otro elemento clave. Gran parte de los beneficios del crecimiento económico va a parar a grandes empresas y sectores altamente rentables, mientras muchas familias siguen ajustándose el cinturón. Tres de cada diez personas reconocen que sus ingresos no les permiten una vida digna, y un 40% no puede permitirse unas vacaciones anuales. La falta de ahorro frente a imprevistos o la necesidad de pedir ayuda económica a familiares y amigos reflejan un descontento que se agrava en paralelo con los precios de la vivienda. Mientras las corporaciones celebran su prosperidad, el bolsillo de los ciudadanos se ve cada vez más castigado. La precariedad laboral también contribuye a esta percepción. El incremento en empleos indefinidos que destaca el Gobierno oculta que muchos contratos son a tiempo parcial o con condiciones laborales deficientes, generando una sensación de inseguridad permanente.
El espejismo de las cifras agregadas
Varios ajustes estadísticos han incrementado el PIB en los últimos años. Cambios metodológicos y correcciones posteriores han elevado el crecimiento proyectado para 2024 en tres décimas respecto a lo previsto inicialmente. Esto genera un efecto arrastre: las cifras positivas de un año inflan automáticamente las previsiones del siguiente, aunque la economía real no avance al mismo ritmo. Economistas como José García Montalvo y Francisco Cabrillo alertan sobre cómo el efecto arrastre y las revisiones estadísticas pueden distorsionar la percepción del verdadero crecimiento. Ambos señalan que el optimismo gubernamental se sostiene parcialmente sobre inercia acumulada durante años anteriores y ajustes metodológicos que no siempre reflejan lo cotidiano para muchos ciudadanos. El PIB nominal, que incluye el efecto de los precios, puede crear una imagen engañosa del crecimiento real cuando la inflación es elevada.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España reconocen la resiliencia de la economía española, pero advierten que se espera una desaceleración en los próximos años. Además, resaltan que persisten retos estructurales como el envejecimiento poblacional, la baja productividad y la inequidad sin resolver. En los últimos cinco años, la renta per cápita apenas ha avanzado un 1,4%, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento del sistema productivo. A corto plazo, las proyecciones sugieren que España mantendrá un crecimiento superior al promedio europeo gracias al impulso del turismo, la inversión pública derivada de los fondos europeos Next Generation y la demanda interna. Sin embargo, la inversión empresarial y en vivienda no han recuperado el nivel prepandemia, lastrando el crecimiento potencial de la economía.
Pese a la percepción negativa generalizada, existe un halo de esperanza: más de seis de cada diez ciudadanos confían en que la situación puede mejorar si se adoptan medidas adecuadas. Mirando hacia el futuro, las expectativas no son del todo optimistas: un 27,2% de los encuestados confía en una mejora en los próximos 12 meses, mientras que un 41,1% cree que seguirá igual y un 20,9% teme un empeoramiento. Esta incertidumbre refleja la sensación de que el modelo actual beneficia a una minoría que acumula capital con el crecimiento económico a costa del empobrecimiento general de la población. Aunque es relevante observar el crecimiento del PIB, este por sí solo no asegura mejoras en el bienestar general. La desconexión entre las cifras macroeconómicas y las vivencias cotidianas representa uno de los mayores desafíos que enfrenta el país. Mientras desde el Gobierno se celebran estos datos, muchos ciudadanos continúan esperando ver ese crecimiento reflejado en mejoras tangibles en sus vidas diarias.
