Solo el 11% de las órdenes de deportación emitidas se llegan a ejecutar en la práctica. En 2024 se registró la tercera cifra más alta de nacionalizaciones de la serie histórica con 221.805 solicitudes aprobadas, mientras el debate sobre inmigración irregular se endurece y el Gobierno enfrenta críticas cruzadas desde la derecha y la izquierda. Los expertos advierten que el sistema garantista actual valora caso por caso individualmente y, al contrario de lo que afirman los ultra, la tasa de criminalidad entre inmigrantes irregulares es muy baja respecto.
La inmigración se ha convertido en el segundo problema para los españoles según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, solo por detrás de la vivienda. En España se estima que hay entre 600.000 y 700.000 inmigrantes en situación irregular, un fenómeno que alimenta un debate político cada vez más encendido. El PP y Vox han endurecido sus posiciones sobre la inmigración irregular, instrumentalizando la cuestión para ganar electorado y polarizando al conjunto de la sociedad sobre este tema sensible.
El debate sobre las expulsiones ha adquirido dimensiones centrales en la agenda política española. Los datos oficiales muestran que el sistema actual de deportaciones funciona de manera limitada. Solo el 11% de las órdenes de expulsión emitidas se ejecutan finalmente, lo que genera críticas desde diferentes sectores políticos. El PP asegura que garantizará expulsiones efectivas si llega al Gobierno, Vox presiona para endurecer las medidas de manera radical, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende un modelo de integración basado en la regularización de los inmigrantes que trabajan y contribuyen al sistema productivo español.
Los inmigrantes pueden ser expulsados por cometer delitos graves o infracciones muy graves, aunque la expulsión puede ser sustituida por una multa en condenas menores a dos años de cárcel. Si la pena excede de cinco años, se podrá acordar el cumplimiento total o parcial en España. Según Antonio Izquierdo, catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña, la documentación aportada por el extranjero tiene consecuencias jurídicas diferentes para los comunitarios europeos que para los extracomunitarios, siendo estos últimos los que enfrentan mayores riesgos de expulsión cuando se encuentran en situación irregular.
Solo el 11% de las órdenes se ejecutan
La expulsión puede no llegar a ser autorizada por el juez, salvo en casos excepcionales donde la orden judicial resulta vinculante. Gemma Pinyol-Jiménez, experta en Políticas Migratorias, explica que España es el segundo país de la Unión Europea con más órdenes de expulsión emitidas, pero paradójicamente también se encuentra entre los que menos ejecutan proporcionalmente. Los datos trimestrales muestran que de 14.545 órdenes emitidas, solo se ejecutaron 1.595, lo que sitúa a España en el sexto puesto de la UE en un ranking con 34.760 órdenes totales ejecutadas frente a 3.685 personas efectivamente deportadas.
En cuanto a los países de origen existe una evolución distinta sobre los flujos migratorios. El número de llegadas en el primer trimestre de 2025 procedentes de Colombia alcanzó las 39.800 personas, seguido de Marruecos con 25.900 y Venezuela con 25.000. Las llegadas de migrantes durante el primer trimestre a España bajaron un 35,9% respecto al mismo periodo del año anterior, mostrando una cierta desaceleración en los flujos migratorios irregulares hacia territorio español.
En España, el número de condenas a personas de nacionalidad extranjera supone un 28% del total, mientras que el 14,2% de los habitantes del país son extranjeros según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de criminalidad general se situó en el primer trimestre de 2025 en 40,6 delitos por mil habitantes. Hace diez años la cifra era de 41,9%, lo que indica un descenso generalizado de la criminalidad en el país. Sin embargo, el porcentaje de extranjeros condenados es mayor que su peso poblacional en el conjunto del país, aunque los expertos atribuyen esta diferencia a factores socioeconómicos más que a cuestiones de origen nacional.
“La nacionalidad española no se regala, se merece”, ha proclamado el líder del PP. El plazo general es de diez años de residencia legal y continuada en España, aunque existen excepciones para ciudadanos de países latinoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y los sefardíes, que pueden acceder en dos años. Iker Barbero, director de la Cátedra de Inmigración de la Universidad Pontificia de Comillas, sostiene que los solicitantes deben aportar un certificado de antecedentes penales y superar un examen para valorar sus conocimientos del idioma y de los valores constitucionales y socioculturales de España.
Nacionalizaciones récord con Sánchez
Según el Ministerio de Justicia, todavía hay 103.066 peticiones pendientes de resolver en el proceso de nacionalizaciones. Marroquíes, ecuatorianos y colombianos son quienes adquieren más nacionalidad española. Los datos de 2024 muestran que los marroquíes lideran con 39.401 concesiones, un 8,9% inferior a la cifra récord registrada en 2023. Las concesiones de nacionalidad española alcanzaron 1.127.370 aprobaciones durante toda la etapa de Pedro Sánchez como presidente, superando el total acumulado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy juntos.
Izquierdo afirma que «la discriminación y la exclusión juegan a favor de conductas asociales». Las encuestas del CIS no miden problemas materiales, sino actitudes y percepciones que se construyen y varían según múltiples condicionantes. El investigador de la Universidad de A Coruña destaca que la retórica mediática en Europa está erosionando los mecanismos de tolerancia y amenazando libertades fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y la protección de grupos vulnerables.
Gemma Pinyol-Jiménez sostiene que «el sistema español es muy garantista». Según esta, el juez es quien debe valorar caso por caso si se cumplen los requisitos legales, lo que hace que el proceso sea complejo y, a veces, largo. Las deportaciones masivas son ilegales según la legislación española y europea. Las expulsiones en Europa requieren un proceso con garantías según la casuística legal e individual. La directora de Políticas Migratorias en el Laboratorio de Ideas Estratégicas Políticas de la Universidad de Barcelona advierte que la deportación masiva que propone la ultraderecha atenta contra el sistema jurídico europeo y los derechos fundamentales.
Entre 2009 y 2024 la nacionalidad española se concedió a 2.213.537 personas, y en los últimos seis años el Gobierno de Pedro Sánchez resolvió positivamente 1.127.370 solicitudes. Durante la etapa de Sánchez se nacionalizaron más extranjeros que en los mandatos completos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sumados. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que esto es «regalar nacionalidades». Más de 9,5 millones de personas que viven hoy en España nacieron fuera del país, representando un incremento sin precedentes en la historia reciente española.
Motor del crecimiento económico
Los inmigrantes aportan el 25% del crecimiento económico y ocupan la gran mayoría de los nuevos empleos creados en España. La regularización propuesta por el Gobierno busca regularizar a más de 570.000 inmigrantes que trabajan en el país. El 12 de marzo de 2025 se presentó ante el Congreso una reforma legislativa respaldada por más de 600.000 firmas. Las negociaciones en la Cámara están estancadas, ya que la propuesta necesita apoyos parlamentarios suficientes. La única vía alternativa sería aprobar un real decreto que también requiere convalidación por el Congreso de los Diputados.
Más del 25% del crecimiento económico de España y más de 24 millones de cotizantes al sistema de la Seguridad Social española dependen directa o indirectamente de la población migrante. Según el Banco de España, serían necesarios 2,67 millones de extranjeros adicionales en edad de trabajar hasta 2053 para evitar el proceso de envejecimiento de la población y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es necesario atraer y retener más de un millón de inmigrantes al año durante los próximos años. El mismo organismo estima que la aportación neta del colectivo extranjero generó el 25% del crecimiento económico de España entre finales de 2021 y marzo de 2024, mientras que el 90% del empleo neto creado desde mediados de 2021 hasta marzo de 2025 ha sido ocupado por inmigrantes de diferentes nacionalidades.
