La medida llega después de una marcha contra el Ejecutivo en la que se registraron graves disturbios y un policía abatió a un manifestante. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que más de 10 millones de personas se verán afectadas por la declaración de emergencia, que permitirá movilizar a militares y restringir derechos constitucionales. La decisión ha sido ampliamente criticada por la ciudadanía, que considera que el Ejecutivo recurre sistemáticamente a medidas de excepción sin resolver los problemas estructurales de inseguridad.
El Gobierno interino de Perú se prepara para declarar el estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima, argumentando que se ha producido un aumento sostenido de la criminalidad en la capital. Así lo anunció el jueves por la noche el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, nombrado esta semana por la presidenta de la república Dina Boluarte. La medida estará acompañada de un paquete de acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, según indicó el alto funcionario en conferencia de prensa.
Desde el Palacio de Gobierno y acompañado de otros ministros, Álvarez aseguró que no se trata de una decisión meramente política ni partidista. La decisión del Gobierno de declarar en emergencia la ciudad de Lima Metropolitana responde a una situación excepcional de violencia urbana, explicó el ministro. A diferencia de otras ocasiones anteriores, esta declaratoria no puede ser simplemente solemne, sino que tiene que venir acompañada de medidas concretas y eficaces que beneficien directamente a la ciudadanía afectada por la delincuencia organizada.
Desde el momento de su formalización, la medida afecta a más de 10 millones de personas que viven en Lima. La declaración dará potestad al Gobierno para enviar a los militares a las calles a patrullar durante el periodo en que esté vigente. También se podrán restringir derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. La decisión ha sido ampliamente criticada por la ciudadanía, porque esta no es la primera vez que un Gobierno recurre a medidas de excepción para combatir la inseguridad sin resolver problemas estructurales.
Violencia extrema desata la crisis política
En los últimos días, los asesinatos en la vía pública no han cesado en Lima y otras ciudades del país. La misma noche que el Gobierno anunció su decisión, un autobús del transporte público fue incendiado y atacado por desconocidos en una zona al sur de la capital. El conductor y el cobrador murieron allí mismo, y algunos pasajeros también resultaron heridos. Por ello, los transportistas decidieron hacer un apagado simbólico de motores de tres minutos de duración en honor a las víctimas de la violencia urbana.
Al anunciar el estado de emergencia, Álvarez no descartó que una de las medidas sea instaurar el toque de queda. El toque de queda limita la circulación y la libertad individual de los motociclistas, medidas recurrentes que se han establecido antes pero que, por la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo. Las autoridades no descartan instaurar también el toque de queda para reforzar el paquete de medidas de seguridad que se implementarán en los próximos días.
Los asesinatos en plena calle no dan tregua a la capital en los últimos días. Esta medida llega días después de la marcha nacional contra el Gobierno que se registró en varias ciudades del Perú. En Lima, la manifestación registró graves episodios de violencia, y uno de ellos terminó con el asesinato de Eduardo Ruiz, un artista de la escena del hip hop limeño. Por parte de la policía murió un manifestante, aunque más de un centenar de personas sufrieron heridas durante los enfrentamientos. Esta situación ha generado aún más descontento popular.
Por el fallecido tuvo lugar una vigilia en la que familiares y activistas presentaron testimonios contra la represión policial. Representantes del Ejecutivo han criticado la actitud violenta de algunos contestatarios y han defendido la actuación de los agentes de la fuerza pública. El Tribunal Constitucional ha expresado su preocupación por los reiterados estados de emergencia decretados los últimos años, indicando que esta medida debe ser un mecanismo extraordinario y temporal, no un recurso habitual para enfrentar problemas sociales complejos que requieren soluciones estructurales a largo plazo.
