El Ejecutivo de Pedro Sánchez propone elevar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a rango constitucional tras la polémica desatada en Madrid por una iniciativa de Vox apoyada por el PP. Sin embargo, la reforma requiere el apoyo de los conservadores, quienes ya han rechazado la propuesta. España busca seguir el camino de Francia, pero el camino parece cerrado ante una oposición que acusa al presidente de intentar tapar la corrupción con una «cortina de humo».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que impulsará una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en España, una medida que convertiría al país en el segundo del mundo, después de Francia, en reconocer este derecho en su Carta Magna. La propuesta, que busca consagrar la libertad y autonomía de las mujeres en el artículo 43.3 de la Constitución, surge como respuesta directa a la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid de una iniciativa de Vox, respaldada por el Partido Popular, que obligaría a informar sobre un presunto síndrome posaborto. El presidente manifestó en la red social X que el PP «ha decidido fundirse con la ultraderecha», pero advirtió que «no será a costa de las libertades y los derechos de las mujeres».
La controversia estalló cuando el pleno municipal madrileño aprobó una propuesta que exige distribuir folletos y carteles en centros de salud sobre el denominado trauma posaborto, un concepto que la comunidad científica no reconoce. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inicialmente defendió la medida argumentando que «la información nunca es un problema», pero rectificó horas después al admitir que «el síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida». La ministra de Sanidad, Mónica García, había sido contundente al denunciar que la iniciativa se basa en «mucha ideología y poca ciencia».
La reforma constitucional que plantea el Gobierno seguiría el procedimiento ordinario, que exige una mayoría cualificada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Esta vía ya fue utilizada recientemente para sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad» en el artículo 49, una modificación que contó con el respaldo del PP. Sin embargo, las fuentes del Gobierno reconocen que en esta ocasión necesitan imperativamente el apoyo de los conservadores para que la iniciativa prospere, lo que convierte al principal partido de la oposición en actor determinante del proceso.
Un muro insalvable
El Partido Popular no tardó en cerrar filas contra la propuesta. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, rechazó la reforma en declaraciones a RNE al sostener que «aquí tenemos un régimen en el que ya está establecido una norma, una ley que lo regula, y en ese sentido es suficiente». Fuentes de Génova fueron más directas al zanjar que «el debate termina aquí» y acusaron al presidente de buscar «una cortina de humo para tapar sus problemas de corrupción y de su mujer en los juzgados». El partido de Alberto Núñez Feijóo argumenta que la legislación actual, avalada por el Tribunal Constitucional en 2023, es suficiente para garantizar el derecho.
La posición del PP resulta compleja en un contexto donde el partido ha mantenido una postura históricamente contraria al aborto, aunque en años recientes ha intentado moderar su discurso. El partido recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recurso que fue rechazado hace dos años. Ahora, el PP se encuentra dividido entre su base ideológica, presionada por Vox, y la necesidad de no alejarse del sentir mayoritario de la sociedad española, donde el derecho al aborto cuenta con amplio respaldo.
El Gobierno pretende además modificar el Real Decreto 825/2010 para garantizar que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban exclusivamente información con base científica, respaldada por estándares de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría. Esta medida busca evitar que se proporcione información sobre el inexistente síndrome posaborto, que según Vox causaría «consumo de alcohol y drogas, pensamientos suicidas y aumento de cánceres».
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, celebró la propuesta y recordó que Sumar ya había presentado en febrero de 2025 una iniciativa similar. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, expresó su «alegría» de que el PSOE «por fin» comparta su visión sobre el aborto constitucional. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había descartado el año pasado esta vía al considerar que «no se daban las condiciones» para lograr los «enormes consensos» necesarios, pero la polémica madrileña cambió el cálculo político del Ejecutivo.
La reforma propuesta eleva un derecho que el Tribunal Constitucional ya reconoció en 2023 como esencial para las mujeres al máximo rango del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, el camino parlamentario parece bloqueado sin el concurso del PP. España busca seguir los pasos de Francia, que en 2024 se convirtió en el primer país del mundo en incluir este derecho en su Constitución, pero la aritmética parlamentaria y la negativa de los conservadores convierten la propuesta de Sánchez en una declaración de intenciones con escasas posibilidades de materializarse. La batalla por blindar constitucionalmente el aborto evidencia que, cuatro décadas después de su despenalización parcial en 1985, el derecho continúa siendo un campo de confrontación política en España.
