En un acto conmemorativo en la capital italiana, el presidente chileno advirtió que los regímenes autoritarios ya no operan por bloques ideológicos, sino a través de redes transnacionales que cruzan fronteras. Desde la memoria del exilio chileno en Europa, apuntó directamente contra Nicolás Maduro y Daniel Ortega por prácticas represivas contemporáneas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, viajó a Roma para participar en la conmemoración del 50 aniversario del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, pero lo que pudo ser un acto de memoria histórica terminó convertido en un mensaje político con ecos hemisféricos. Desde el Templo de Adriano, y ante la presencia del presidente italiano Sergio Mattarella y representantes diplomáticos, Boric advirtió sobre un fenómeno que ya no distingue fronteras ni ideologías: “los desvíos autoritarios” como amenaza transversal a la democracia.
El presidente chileno defendió que la izquierda debe abandonar toda doble vara a la hora de denunciar abusos de poder. “La defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares”, afirmó, marcando distancia con sectores que callan cuando el autoritarismo se ejerce desde gobiernos nominalmente progresistas. El acto, celebrado en recuerdo de una víctima del régimen de Pinochet, le permitió trazar una línea directa entre las dictaduras del siglo XX y las formas contemporáneas de represión política.
Boric señaló que el intento de asesinato de Leighton en 1975 no fue obra exclusiva de la maquinaria represiva de Pinochet, sino resultado de una coordinación entre dictaduras como la franquista y sectores de la ultraderecha italiana. Desde ese recuerdo histórico construyó su advertencia sobre lo que llamó “una internacional de la intolerancia”, que hoy opera con menos uniformes y más redes de influencia. “Ante la intolerancia y el odio, las fuerzas progresistas debemos responder con humanidad, honestidad y austeridad”, sostuvo, en un discurso con más intención geopolítica que ceremonial.
El mandatario chileno también tomó distancia de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, a los que señaló sin ambigüedad. Mencionó el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, caso en el que las autoridades chilenas investigan la posible implicación del régimen de Nicolás Maduro. “Ese dictador que se robó las elecciones en su patria”, dijo, con una claridad que contrasta con el silencio calculado de otros referentes de la izquierda latinoamericana.
En el caso de Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega ha convertido en apátridas a intelectuales y opositores como Gioconda Belli y Sergio Ramírez. “Ayer fue Pinochet, hoy es Ortega quien les niega su patria. Pero esa patria no depende de papeles firmados por dictadores”, afirmó, apelando a una noción moral y no administrativa de la ciudadanía. El mensaje, aunque simbólicamente sólido, llega en un momento en que la región todavía oscila entre solidaridades ideológicas y tolerancia al abuso político.
El discurso en Roma no fue una simple defensa del legado democrático chileno, sino un intento de advertir que las alianzas autoritarias ya no se organizan por bloques ideológicos como en la Guerra Fría. Boric insistió en que “las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”, y alertó que el extremismo que intenta silenciar al disidente emerge hoy tanto en gobiernos populistas como en democracias fatigadas.
El presidente chileno cerró su intervención afirmando que “la respuesta es más y mejor democracia”, una consigna que exige más que declaraciones desde los altares del europeísmo progresista. En América Latina, donde el desgaste institucional convive con la nostalgia autoritaria, la advertencia de Roma resuena menos como condena externa que como espejo incómodo: el autoritarismo ya no viene disfrazado de golpe militar, sino de legitimidad electoral, relato patriótico o violencia burocrática. Boric lo dijo en Europa, pero el eco rebota en el continente que mira más sus fracturas que sus principios.
