La destitución de la séptima presidenta en solo una década expone las grietas estructurales de un sistema político colapsado por la corrupción y la impunidad. José Jeri asume el mando de un país hastiado donde los liderazgos se han evaporado y la desconfianza ciudadana alcanza niveles históricos. Harvey Colchado ordena la captura de la expresidenta mientras el nuevo mandatario llega con muchas sombras y cuestionado al cargo.
Perú ha vuelto a cambiar de presidente. José Jeri, hasta hace días presidente del Congreso, asumió el jueves la jefatura del Estado tras la destitución de Dina Boluarte mediante moción de censura aprobada por 122 votos de los 130 diputados. La expresidenta, que llegó al poder en diciembre de 2022 tras la caída de Pedro Castillo, se convierte en la séptima mandataria peruana destituida, dimitida o encarcelada en apenas nueve años. El ciclo de inestabilidad política que comenzó con la salida anticipada de Ollanta Humala en 2016 no encuentra punto de inflexión, confirmando que Perú atraviesa la crisis institucional más profunda de su historia democrática reciente.
La destitución de Boluarte no sorprende a nadie en un país acostumbrado a ver caer gobiernos con la misma frecuencia con que otros cambian gabinetes ministeriales. Lo que sí marca diferencia es la velocidad del deterioro y la ausencia absoluta de alternativas políticas creíbles. «Estamos ya muy acostumbrados a no tener líderes. ¿Ahora sacan a Dina y qué pasa? Nada», declaró Piero Meza, estudiante universitario limeño de 17 años, resumiendo el hartazgo generalizado de una ciudadanía que ha perdido toda esperanza en la clase dirigente. La pregunta ya no es quién gobernará Perú, sino si alguien puede hacerlo sin caer en la corrupción, la ineptitud o ambas.
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Séptimo presidente en una década: la inestabilidad como norma
José Jeri se convierte en el séptimo presidente peruano desde 2016, completando una lista que incluye a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Dina Boluarte. Ninguno completó su mandato constitucional sin escándalos, investigaciones o destituciones. La rotación presidencial peruana supera ampliamente la de cualquier otra democracia latinoamericana, convirtiendo al país andino en sinónimo de ingobernabilidad. El politólogo José Alejandro Godoy lamenta que el sistema político peruano se haya extinguido y señala que ingresaron a la política «no con un afán de servicio, sino con un afán de servilismo», generando una clase dirigente sin preparación ni vocación pública.
El problema trasciende las personas concretas para instalarse en el diseño institucional. Perú modificó su Constitución en los años noventa bajo el gobierno de Alberto Fujimori, estableciendo un presidencialismo débil con un Congreso poderoso y fragmentado. La combinación resulta explosiva: presidentes sin mayorías parlamentarias enfrentan congresos hostiles dispuestos a destituir ante el primer escándalo o la primera debilidad política. El resultado es un país sin rumbo, donde cada nuevo mandatario dedica sus primeros meses a sobrevivir políticamente en lugar de gobernar. La pregunta de Mario Vargas Llosa cobra vigencia: «¿En qué momento se jodió el Perú?». La respuesta parece ser: hace tiempo, y sin visos de mejora.
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La caída de Dina Boluarte: corrupción y violencia como epitafio
Dina Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras la autodestitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso mediante golpe de Estado. Prometió gobernar hasta 2026 y convocar elecciones anticipadas, pero ninguna promesa se cumplió. Su gobierno quedó marcado por la brutal represión de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, que dejaron más de 60 muertos según cifras oficiales. Boluarte enfrenta acusaciones de homicidio culposo por no haber detenido la violencia policial y militar que se desató en regiones como Ayacucho, Puno y Apurímac. Las imágenes de manifestantes asesinados con armas de fuego recorrieron el mundo, pero la presidenta nunca asumió responsabilidad política.
Los escándalos de corrupción terminaron de hundir su gobierno. Boluarte fue acusada de enriquecimiento ilícito tras exhibir relojes de lujo valorados en decenas de miles de dólares cuyo origen no pudo explicar. Las investigaciones revelaron vínculos con redes de corrupción enquistadas en el Ministerio de Transportes y en diversas licitaciones públicas. Su entorno familiar también quedó salpicado por denuncias de tráfico de influencias. El Congreso, que inicialmente la sostuvo para evitar convocar elecciones anticipadas, terminó abandonándola cuando su permanencia resultaba más costosa políticamente que su destitución. Harvey Colchado, el controvertido policía anticorrupción, pidió su captura apenas horas después de perder la inmunidad presidencial, acusándola de liderar una organización criminal desde el palacio de gobierno.
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Harvey Colchado ordena la captura de Boluarte: el policía que persigue presidentes
Harvey Colchado es uno de los personajes más controvertidos del panorama político peruano reciente. Comisario de la Dirincri, la división de investigación criminal de la Policía Nacional, Colchado lideró operativos de alto perfil contra Pedro Castillo y ahora solicita la detención de Dina Boluarte. Sus defensores lo presentan como un héroe anticorrupción que enfrenta sin miedo a los poderosos. Sus detractores lo acusan de actuar con motivaciones políticas y de filtrar información estratégicamente para influir en la opinión pública. Lo cierto es que Colchado se ha convertido en una figura con poder real, capaz de determinar el destino político de presidentes mediante la apertura o el archivo de investigaciones.
La solicitud de captura contra Boluarte se presentó apenas la expresidenta perdió su inmunidad presidencial. Colchado la acusa de liderar una red criminal dedicada al tráfico de influencias y al cobro de sobornos a cambio de licitaciones públicas. La velocidad de la actuación judicial sorprendió incluso a observadores experimentados, que recuerdan casos similares archivados o dilatados durante años cuando involucraban a otros personajes políticos. La pregunta que muchos peruanos se hacen es hasta dónde llega realmente el poder de Colchado y quién controla a quien supuestamente debe controlar a todos. En un país donde las instituciones han colapsado, la figura del policía justiciero genera tanta esperanza como inquietud sobre el futuro del Estado de derecho.
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José Jeri: presidente interino bajo sospecha desde el primer día
José Jeri asumió la presidencia de Perú con el peso de múltiples cuestionamientos sobre su trayectoria política. Como presidente del Congreso, Jeri había protagonizado escándalos menores relacionados con gastos injustificados y declaraciones contradictorias sobre su patrimonio. Varios analistas coinciden en que se trata de un dirigente político débil, sin liderazgo propio ni proyecto de país, que llegó al cargo por eliminación sucesiva de otras opciones. «Sin afán de servicio», como señalaba el politólogo Godoy, Jeri representa perfectamente el perfil del congresista peruano contemporáneo: sin formación técnica, sin trayectoria en gestión pública y con un discurso populista vacío de contenido concreto.
El nuevo presidente enfrenta desafíos monumentales con herramientas políticas mínimas. Debe restablecer la confianza ciudadana en instituciones completamente desacreditadas, enfrentar una crisis económica que golpea especialmente a los sectores más vulnerables y liderar un país profundamente fragmentado territorialmente. Su gabinete ministerial, anunciado con rapidez inusitada, incluye figuras técnicas sin peso político pero también operadores políticos vinculados a redes de corrupción investigadas en el pasado. La sensación generalizada es que Jeri será un presidente de transición, dedicado a sobrevivir hasta las próximas elecciones sin tomar decisiones trascendentes. Perú se ha acostumbrado a presidentes que administran la crisis en lugar de resolverla, y todo indica que Jeri no será la excepción a esa regla.
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Una ciudadanía hastiada y colapso del liderazgo político
«Estamos ya muy acostumbrados a no tener líderes», declaraba el joven estudiante Piero Meza, resumiendo el sentimiento de millones de peruanos que han dejado de esperar soluciones de la clase política. La desconfianza alcanza niveles históricos: más del 80% de la población desaprueba al Congreso y porcentajes similares desconfían de los partidos políticos, el poder judicial y las instituciones democráticas en general. El politólogo Godoy señala que «la izquierda fue un gran movimiento, hoy son islas diminutas», pero la realidad es que todos los espacios ideológicos han colapsado. No hay derecha coherente, centro articulado ni izquierda relevante. Solo quedan individuos oportunistas compitiendo por cargos sin proyecto colectivo.
Esta atomización política tiene consecuencias devastadoras. Los mejores cuadros técnicos y profesionales abandonan la política, expulsados por redes de corrupción que controlan el acceso a candidaturas y financiamiento. Los jóvenes universitarios como Piero Meza expresan hartazgo total: «¿Ahora sacan a Dina y qué pasa? Nada». La falta de alternativas genera apatía y desmovilización, creando un círculo vicioso donde la mala política se perpetúa porque nadie la desafía. Perú es hoy el único país del continente que tiene una cárcel exclusiva para exgobernantes, símbolo perfecto de un sistema político enfermo. Mientras Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo cumplen o enfrentan penas de prisión, nuevos presidentes asumen el cargo sabiendo que probablemente terminarán igual. La pregunta ya no es si Perú puede salir de esta crisis, sino cuántos presidentes más deberán caer antes de que alguien intente reformar un sistema que simplemente no funciona.
