Miles de personas se manifestaron en Sevilla para exigir responsabilidades por los fallos en el programa de cribado del cáncer de mama. El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla aceptó la renuncia de Rocío Hernández después de que se conociera que al menos 2.000 mujeres no recibieron correctamente los resultados de sus mamografías. La crisis política representa el mayor desafío para el gobierno andaluz desde que el Partido Popular asumió el poder en 2019. Sindicatos y asociaciones de pacientes denuncian que el problema es estructural y reclaman una auditoría profunda del sistema sanitario más allá del relevo en la consejería.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció el ocho de octubre la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras la crisis generada por los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. La decisión llegó pocas horas después de que miles de personas se manifestaran frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla para exigir responsabilidades políticas por un escándalo que afecta a miles de mujeres. La convocatoria, que reunió a cerca de tres mil personas según fuentes sindicales, estuvo marcada por las lágrimas, los abrazos y la solidaridad entre mujeres afectadas directamente por los retrasos en la notificación de resultados. Los manifestantes corearon lemas como «Moreno Bonilla fuera de Sevilla» y «Menos cofradías, más mamografías».
Moreno comunicó la aceptación de la renuncia en una comparecencia urgente convocada a las 20:30 horas del miércoles. El mandatario andaluz defendió que Hernández es una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y subrayó su compromiso profesional pese a la crisis reciente. «Ha gestionado con sus errores y aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de toda duda», afirmó el presidente, quien reconoció la dificultad de dirigir el mayor sistema sanitario de España. No obstante, admitió que lo difícil de entender es que hayan sido las propias afectadas quienes tuvieron que alertar del problema. «No hay excusas. Otros quizás las pondrían; nosotros no lo vamos a hacer», sentenció.
El escándalo estalló a finales de septiembre cuando la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, Amama, denunció errores y retrasos en las pruebas del programa de cribado. La Junta de Andalucía reconoció posteriormente que alrededor de 2.000 mujeres podrían estar afectadas por posibles retrasos en la notificación de sus casos. La presidenta de Amama, Ángela Claverol, leyó un manifiesto durante la manifestación en el que criticó duramente la gestión del gobierno autonómico. «La mala gestión, la mala praxis del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha puesto en grave riesgo la vida de miles de mujeres. Estamos ante uno de los mayores escándalos y catástrofe de la sanidad pública andaluza», afirmó Claverol, quien recordó que ya denunció esta situación ante la consejera dimisionaria y sus dos antecesores.
El análisis de la situación permitió detectar que casi el noventa por ciento de las incidencias se concentran en un área del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Moreno descartó que se trate de un problema generalizado en toda Andalucía o en toda la provincia sevillana, sino de una área muy concreta del centro hospitalario. La explicación no convenció a la oposición ni a los sindicatos, que consideran que el caso evidencia un problema estructural del sistema sanitario andaluz sometido a recortes y privatización progresiva. El Partido Socialista y Adelante Andalucía coincidieron en señalar que el relevo en la consejería no bastará si no se abordan las causas profundas del colapso del sistema.
Plan de choque insuficiente
El gobierno andaluz presentó un plan de choque con una inversión de doce millones de euros y la contratación de 119 profesionales para revisar todos los casos dudosos antes del treinta de noviembre. La Junta modificó además el protocolo de comunicación con las pacientes, vigente desde 2011, para que las mujeres sean informadas telefónicamente y reciban cita para repetir las pruebas cuando sea necesario. Las autoridades sanitarias comenzaron a llamar el jueves a 2.000 mujeres en toda la comunidad que se han realizado mamografías durante los últimos meses para verificar su situación. El objetivo es que todas las incidencias queden resueltas antes del cierre de noviembre, ofreciendo a los profesionales sanitarios la posibilidad de ampliar su atención por las tardes o los fines de semana.
El plan ha sido recibido con escepticismo tanto por las afectadas como por los sindicatos. Las organizaciones de trabajadores de la sanidad pública consideran que se trata más de una maniobra de control político que de una solución estructural. Los representantes sindicales reclaman que el nuevo titular de Salud, cuyo nombramiento se producirá antes del fin de semana según fuentes del gobierno andaluz, afronte una auditoría real y transparente que no se limite a apagar incendios. La Asociación Amama anunció que denunciará al gobierno andaluz ante la Fiscalía por los errores en el cribado, sumándose a otras denuncias presentadas por partidos políticos y mujeres afectadas.
Rocío Hernández había minimizado inicialmente la gravedad de la crisis en una desafortunada comparecencia en la que acusó a las afectadas de politización. La consejera dimitió sin hacer declaraciones públicas sobre su salida, ausente desde aquella intervención que generó un rechazo unánime. Moreno había descartado su cese hace una semana, cuando la apremió a afanarse en localizar los errores y dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo, pero desechó su relevo porque consideraba que no se debía abrir una crisis de gestión en la consejería de mayor presupuesto. La sucesión de testimonios de mujeres que desarrollaron tumores sin conocer el resultado de su cribado hizo insostenible la situación.
La crisis representa el mayor desafío político para Juanma Moreno desde que el Partido Popular gobierna Andalucía en coalición con Ciudadanos desde 2019 y en solitario desde 2022. El mandatario prometió una renovación profunda del sistema sanitario andaluz que incluirá auditorías y cambios estructurales en los protocolos de atención. Sin embargo, la oposición mantiene sus exigencias de responsabilidades políticas más amplias y cuestiona la capacidad del gobierno para gestionar adecuadamente la sanidad pública. El caso ha abierto además un debate sobre la necesidad de reforzar la Inspección
