Daniel Noboa resulta ileso tras una emboscada cuando el mandatario se dirigía a inaugurar obras públicas en la provincia de Cañar. El gobierno ecuatoriano denunció los hechos como un intento de asesinato y detuvo a varios individuos que enfrentan cargos por terrorismo. El ataque ocurre en medio de protestas nacionales convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel.
El presidente Daniel Noboa salió ileso del ataque registrado en el cantón Tambo, provincia de Cañar, cuando su convoy oficial se desplazaba hacia el estadio local para participar en eventos relacionados con obras de infraestructura. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, confirmó que aproximadamente 500 personas bloquearon el paso de los vehículos y lanzaron piedras y otros objetos contra la caravana. Videos difundidos por la presidencia muestran el momento del ataque desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios proyectiles impactan contra los vidrios blindados mientras una voz grita instrucciones de seguridad.
Manzano señaló que hay signos de disparos en el vehículo presidencial, aunque no especificó el calibre ni la cantidad de impactos. La funcionaria declaró que el gobierno presentó ante la Fiscalía una denuncia por tentativa de asesinato contra Noboa y que los cinco detenidos serán procesados por terrorismo, delito que en Ecuador puede implicar penas de hasta 30 años de prisión. El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes busquen desestabilizar el país serán procesados sin excepción y anunció una investigación interna para determinar si el esquema de seguridad presidencial funcionó adecuadamente.
Pese al ataque, el mandatario continuó con su agenda oficial en Cañar. Noboa supervisó la entrega del sistema de alcantarillado de Sigsihuayco, los avances de la planta de tratamiento de aguas residuales y firmó un convenio para construir un nuevo sistema de alcantarillado en Quilloac. Las inversiones suman más de seis millones de dólares y beneficiarán a cerca de 26.000 habitantes de la zona, según informó la Secretaría de Comunicación. Durante su discurso en el acto, el presidente afirmó que estas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador y que la ley se aplica para todos.
El indigenismo rechaza las acusaciones
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador rechazó las acusaciones de estar detrás del supuesto intento de magnicidio. En un comunicado, la organización responsabilizó al gobierno de provocar el incidente al atravesar con el convoy una zona de resistencia en medio de las protestas. La CONAIE calificó el recorrido presidencial como una provocación política y no descartó que se trate de un acto de falsa bandera para criminalizar el movimiento indígena y popular. La organización cuestionó cómo los servicios de seguridad no valoraron que una situación de estas características podría producirse al cruzar por una zona de movilización.
El abogado y líder indígena Yaku Pérez informó que los detenidos, entre ellos un hombre de 60 años y una mujer, le expresaron que ninguno estuvo en la protesta y que fueron confundidos en medio del alboroto, cuando la fuerza pública utilizó gas lacrimógeno. La CONAIE exigió la liberación inmediata de los arrestados y denunció que habrían sido sometidos a abusos durante su detención. Las organizaciones indígenas insisten en que el Estado debe garantizar la seguridad del presidente sin exponer a la población civil ni usar los recorridos oficiales como provocación política.
El ataque se inscribe en un contexto de profunda tensión social en Ecuador. Desde el 22 de septiembre, el país enfrenta un paro nacional convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1.80 a 2.80 dólares el galón. Las manifestaciones han dejado un fallecido, al menos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y más de un centenar de detenidos. Los pueblos originarios, que representan casi el ocho por ciento de los 17 millones de habitantes del país, han bloqueado vías y protagonizado enfrentamientos con la fuerza pública en varias provincias.
Condenas internacionales y clima de tensión
La comunidad internacional condenó el ataque contra Noboa. El gobierno argentino expresó su firme rechazo al atentado y manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo ecuatoriano. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos calificó el hecho como un atentado contra la estabilidad democrática. La embajada de Italia, cuyo representante había acompañado previamente a Noboa en otro convoy atacado, condenó los hechos como un acto terrorista dirigido contra el jefe de Estado ecuatoriano.
Este no es el primer incidente de este tipo durante las protestas. Hace una semana, un convoy encabezado por Noboa y que incluía a los embajadores de la Unión Europea e Italia fue atacado en la provincia de Imbabura, epicentro de las manifestaciones. En ese episodio, 12 militares resultaron heridos mientras custodiaban el convoy y otros 17 fueron retenidos temporalmente por manifestantes. El presidente ha acusado la infiltración de grupos del crimen organizado, como la banda venezolana Tren de Aragua, entre los manifestantes, aunque no ha presentado evidencias concretas.
El gobierno ecuatoriano anunció que reforzará las medidas de seguridad del mandatario y que los responsables del ataque serán llevados ante la justicia. La audiencia de flagrancia para los cinco detenidos se instaló el ocho de octubre, donde se formalizaron los cargos. El caso evidencia el clima de polarización que atraviesa Ecuador, marcado por la crisis económica, el avance del narcotráfico, el deterioro del tejido social y el histórico enfrentamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, que acusan al gobierno de avanzar con decisiones unilaterales sin diálogo previo.
