La investigación sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe avanza hacia una nueva línea: la posible implicación de redes criminales en el departamento de Caquetá. Esta hipótesis tomó fuerza tras la captura de Katherine Martínez, alias Gabriela, acusada de haber entregado el arma utilizada en el ataque perpetrado el pasado 8 de junio en Bogotá.
Martínez habría viajado desde Florencia hasta la capital a inicios de junio. Según fuentes cercanas al caso, entregó una pistola Glock 9 mm modificada para disparos en ráfaga al adulto que trasladó al menor de 15 años que ejecutó el ataque en el parque Golfito, en el sur de Bogotá. Cámaras de seguridad confirmarían el contacto entre Martínez y ese intermediario.
La investigación no descarta que grupos armados disidentes que operan en Caquetá estén detrás del intento de homicidio. Aunque no se han ofrecido declaraciones oficiales al respecto, el Ministerio de Defensa indicó que se está fortaleciendo la cooperación entre unidades de inteligencia y la Fiscalía.
Miguel Uribe permanece hospitalizado. El equipo médico habla de una fase “subaguda” en su evolución, aunque su estado sigue siendo delicado. La gravedad del caso ha generado inquietud pública y reacciones políticas, en un momento especialmente sensible para el país, marcado por tensiones electorales y brotes de violencia.
El atentado ocurrió apenas semanas después de que Uribe confirmara su intención de competir por la presidencia en 2026. Aunque vinculado políticamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, Miguel Uribe ha tratado de proyectar un perfil propio dentro del espectro del centroderecha colombiano.
La detención de Martínez y la llamada “pista Caquetá” abren un nuevo capítulo en la investigación, en medio de temores sobre el alcance territorial de las redes criminales y su eventual injerencia en el proceso electoral colombiano.
