Los populares responden a la ofensiva ultra abriendo el debate sobre restricciones al arraigo mientras rechazan la criminalización generalizada de la inmigración. El Congreso tumbó la proposición de ley de Vox para endurecer las expulsiones, aunque el PP mostró disposición a reformar la legislación vigente. La pugna entre ambas formaciones marca la agenda política española en pleno debate sobre la regularización de medio millón de personas sin papeles.
El Partido Popular y Vox han convertido la inmigración en el principal campo de batalla por el voto de la derecha española. El Congreso de los Diputados rechazó el pasado mes de septiembre una proposición de ley de la formación ultra para restringir drásticamente el arraigo y ampliar las expulsiones de extranjeros, pero los populares dejaron una puerta abierta al mostrarse dispuestos a debatir cambios legislativos. La votación, con 177 votos en contra y 169 a favor, evidenció las tensiones dentro del arco parlamentario y la determinación del PP de no ceder terreno ante el discurso de Santiago Abascal sobre inmigración.
La propuesta de Vox, defendida por la diputada Rocío de Meer, planteaba un endurecimiento generalizado de la legislación migratoria. La iniciativa buscaba convertir en obligatorio no tener antecedentes penales para renovar permisos de residencia y ampliar los supuestos de expulsión a cualquier extranjero condenado por delitos graves o tres delitos leves. De Meer sostuvo desde la tribuna del Congreso que más de 300.000 personas fueron regularizadas mediante arraigo en el último año, frente a las 40.000 de 2020, calificando el sistema como un «coladero» para la inmigración irregular. El discurso de la diputada ultra incluyó afirmaciones sobre el colapso de los servicios públicos y la seguridad ciudadana que generaron rechazo en la mayoría de los grupos parlamentarios.
El equilibrio imposible del PP
La respuesta del Partido Popular reflejó el difícil equilibrio que busca mantener Alberto Núñez Feijóo en esta materia. La diputada almeriense Maribel Torregrosa manifestó la voluntad de su grupo de abrir el debate sobre reformas legislativas y reivindicó que los informes autonómicos sobre acogida de inmigrantes tengan carácter vinculante. Sin embargo, la parlamentaria popular marcó distancias con el discurso de Vox al rechazar explícitamente la criminalización de los inmigrantes por el simple hecho de serlo. Torregrosa dirigió un mensaje directo a la bancada ultra defendiendo que muchos inmigrantes vienen a trabajar sin régimen de explotación y que los empresarios españoles, incluidos los almerienses, generan riqueza y empleo con su contribución.
El PP ha sometido sus propuestas sobre inmigración a estudios cualitativos entre votantes socialistas, según fuentes de la dirección del partido. Los populares detectan rechazo hacia la regularización masiva incluso entre el electorado de izquierdas, mientras conceptos como la expulsión inmediata de quienes delincan o las limitaciones de acceso a ayudas sociales obtienen respaldo transversal. Esta estrategia se enmarca en la Declaración de la Región de Murcia, firmada por todos los presidentes autonómicos del PP, que propone un sistema de visados más restrictivo inspirado en modelos como el australiano, canadiense o británico, vinculado además a criterios de integración cultural.
Feijóo argumentó que España no puede asumir una regularización masiva porque la inmigración sin requisitos produce efecto llamada. El líder popular sostiene que convertir lo irregular en regular o lo ilegal en legal supone el fin del Estado de Derecho. Esta postura choca frontalmente con las demandas de Sumar, que exige al Gobierno aprobar antes de octubre la regularización de medio millón de personas mediante decreto ley, siguiendo el modelo que aplicó José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificó la estrategia del PP como estar rehén del modelo migratorio de Vox.
El Gobierno atenúa el debate
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido un perfil relativamente bajo ante esta escalada dialéctica. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusó al PP de copiar el discurso xenófobo de Vox para arañar votos a la ultraderecha, pero descartó utilizar la vía del decreto para la regularización masiva. Alegría defendió que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea regularizar a medio millón de personas debe seguir su tramitación parlamentaria normal, a pesar de llevar más de un año bloqueada en el Congreso por la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno y formaciones como Junts per Catalunya.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la propia Alegría calificaron el plan del PP de ocurrencia, aunque sin elevar excesivamente el tono. El Gobierno ha defendido que la prosperidad actual de España se debe también al trabajo de los inmigrantes y que entre el 0,4 y el 0,7 por ciento del crecimiento en renta per cápita lo aportan los migrantes, según un informe del Banco de España. Además, la ministra de Inclusión, Elma Sáez, señaló que algunas medidas propuestas por el PP ya se implementan mientras otras serían ilegales según la legislación vigente.
El debate sobre inmigración se ha instalado en el centro de la agenda política española con ramificaciones que afectan al equilibrio parlamentario. El Congreso rechazó recientemente otra proposición de ley consensuada entre PSOE y Junts para ceder competencias migratorias a Cataluña, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos y UPN. Incluso dentro de Sumar hubo división interna, con el diputado de Compromís Alberto Ibáñez y el de Chunta Aragonesista Jorge Pueyo rompiendo la unidad de voto al considerar la iniciativa racista. Esta fragmentación evidencia que la inmigración se ha convertido en una cuestión transversal que atraviesa el espectro político más allá de las tradicionales divisiones ideológicas.
La pugna entre PP y Vox por marcar el discurso sobre inmigración refleja una tendencia europea donde formaciones de centro-derecha endurecen sus posiciones para frenar el avance de la ultraderecha. Los populares se sienten respaldados no solo por sus estudios de opinión internos, sino también por políticas similares adoptadas por líderes europeos de diversos signos políticos. El laborista británico Keir Starmer anunció recientemente medidas más restrictivas tanto para la inmigración irregular como para la legal, una señal de que el debate ha trascendido las fronteras españolas para convertirse en un fenómeno continental que redefine las coordenadas políticas tradicionales.
