La paz en Colombia dejó de ser una promesa incumplida para convertirse en una geografía del abandono. Cuando una comunidad indígena debe desfilar desnuda, con lanzas y pancartas, no está escenificando un ritual ancestral, sino diagnosticando el fracaso de un Estado que no llega a tiempo ni con autoridad ni con dignidad.
Cúcuta amaneció atravesada por una imagen que condensa medio siglo de violencia desplazada y nunca resuelta. Cientos de indígenas motilón-barí —con cerbatanas, plumas y pancartas donde se leía “No nos maten”— marcharon por las calles de la capital fronteriza para denunciar lo que los comunicados oficiales evitan nombrar: la guerra en el Catatumbo no se detuvo nunca, solo cambió de protagonistas. La consigna no era simbólica, era literal.
Según la Defensoría del Pueblo, más de 73.000 personas han sido desplazadas en esa región desde enero, en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC. Se trata del mayor éxodo forzado del siglo XXI en Colombia, y sin embargo ha generado menos ruido mediático que cualquier crisis ministerial o escándalo parlamentario. La violencia en la frontera con Venezuela, lejos de disiparse bajo el discurso de la “paz total”, se ha reconfigurado alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación lucrativa. Allí donde el Estado retrocede, los grupos armados legislan.
El gobierno de Gustavo Petro había prometido procesar la guerra desde sus raíces y desmontar las economías criminales que la mantienen viva. Hoy, los hechos revelan otra realidad: los diálogos con el ELN están suspendidos, las disidencias de las FARC actúan con autonomía territorial y el control estatal es más declarativo que efectivo. El envío anunciado de 25.000 soldados puede calmar titulares, pero no altera el mapa de los poderes locales ni devuelve la confianza a quienes abandonan su selva porque ya no les pertenece.
La dimensión transfronteriza del conflicto añade una capa estratégica. El Catatumbo funciona como corredor ilegal compartido por actores armados, contrabandistas, redes de narcotráfico y estructuras que operan indistintamente en Colombia y Venezuela. La cooperación anunciada entre Bogotá y Caracas, más que una alianza, es un reconocimiento implícito de que la frontera no está custodiada por los Estados, sino administrada por quienes lucran en su sombra.
El gesto de los motilón-barí, lejos de ser testimonial, revela una fractura mayor: los pueblos originarios se han convertido en los últimos guardianes de territorios que los gobiernos no controlan ni protegen. No marchan por visibilidad, marchan por supervivencia. Cuando gritan “queremos garantías y territorio”, no están pidiendo asistencia humanitaria, sino continuidad histórica.
La escena de hombres marchando desnudos no responde a un exotismo antropológico: es una forma extrema de decir que ya no tienen nada que perder. Y cuando un pueblo indígena abandona su selva para tomar una ciudad fronteriza, la urgencia deja de ser comunitaria para convertirse en nacional.
Colombia, una vez más, administra el conflicto en vez de resolverlo. La “paz total” se desvanece en los territorios donde nunca llegó la paz parcial. El Estado promete negociar mientras los actores armados acumulan rentas, territorios y silencios. Y en medio de ese vacío, los pueblos ancestrales se ven obligados a recordar que existían antes de la guerra y que podrían desaparecer antes que ella.
La marcha en Cúcuta no fue una protesta folclórica. Fue un parte de guerra dictado por quienes aún creen que hablar vale más que morir en silencio.
