Naciones Unidas documenta más de 2.200 detenciones arbitrarias y 25 asesinatos en el periodo postelectoral, confirmando una estrategia de persecución política que constituye crímenes de lesa humanidad. El régimen de Maduro empleó torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, intensificando su maquinaria represiva tras el cuestionado proceso electoral del 28 de julio de 2024. La justicia venezolana ha abdicado de sus funciones, trasladando a instancias externas la única esperanza de reparación para miles de víctimas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un informe que documenta la intensificación de la represión estatal tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. El documento, elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, revela una estrategia sistemática de persecución política que abarca desde asesinatos hasta desapariciones forzadas. Los expertos califican estos hechos como crímenes de lesa humanidad por razones políticas. La Misión documentó que «las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024, se hacen sin base legal y son realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales».
El periodo analizado entre julio de 2024 y agosto de 2025 registra cifras que confirman la naturaleza sistemática de la represión chavista. La Misión documentó «más de 2.200 detenciones arbitrarias» concentradas especialmente en «dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo». Entre las víctimas se encuentran opositores políticos, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares de disidentes y menores de edad. La persecución no distingue edades ni grados de participación política.
Los métodos empleados por las fuerzas de seguridad revelan técnicas de represión. El informe describe «una maquinaria estatal que emplea torturas sistemáticas: asfixia con bolsas plásticas, palizas, descargas eléctricas en genitales y amenazas de violación», mientras que los tribunales ignoran sistemáticamente las denuncias de tortura. Esta sistematización de la violencia confirma que no se trata de excesos individuales sino de una política de Estado dirigida desde las esferas del poder.
La situación se agrava por la captura del sistema judicial venezolano. «El poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados». Esta subordinación institucional explica por qué las víctimas no encuentran reparación en instancias nacionales. Los organismos internacionales se han convertido en su única esperanza de justicia tras el colapso del sistema legal interno.
Persecución sin fronteras
La persecución del régimen de Maduro trasciende las fronteras nacionales y afecta también a ciudadanos extranjeros. La Misión expresó «preocupación por la detención de al menos 150 personas extranjeras acusadas de participar en conspiraciones contra el Gobierno» cuyo «paradero desconocen tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad». Esta práctica de desapariciones forzadas contra extranjeros agrava la crisis diplomática regional. El régimen demuestra su desprecio hacia el derecho internacional.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo simboliza esta dimensión internacional de la represión chavista. Detenido arbitrariamente en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar legalmente al país, Gallo permanece desaparecido pese a las gestiones diplomáticas argentinas. Su situación ilustra cómo el régimen utiliza la detención de extranjeros como instrumento de presión geopolítica. Las autoridades venezolanas violan las convenciones internacionales sobre protección consular de manera flagrante.
La violencia estatal alcanzó niveles extremos durante las protestas postelectorales, con episodios que evidencian el uso de fuerza letal contra manifestantes. «En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos». La Misión confirmó que las fuerzas armadas recibieron órdenes de reprimir violentamente cualquier manifestación de disidencia.
Control total del espacio cívico
La estrategia represiva incluye también el control del espacio cívico mediante legislación restrictiva. «Las leyes de ‘financiación de ONG’ y ‘Simón Bolívar’ han funcionado como ‘piezas adicionales de la maquinaria represiva’, forzando a organizaciones civiles a limitar programas o cerrarlos». Esta combinación de violencia directa y control legal busca eliminar cualquier forma de organización social independiente. El objetivo es consolidar un Estado donde solo existe espacio para la adhesión al régimen.
La respuesta internacional ha sido contundente pero insuficiente ante la magnitud de la crisis. La Unión Europea y múltiples países latinoamericanos condenaron la represión, exigiendo investigaciones y liberación de detenidos. Sin embargo, la persistencia de las violaciones demuestra que las condenas diplomáticas no han logrado frenar la escalada autoritaria. Como advirtió Marta Valiñas, presidenta de la Misión: «Las evidencias confirman que el crimen de persecución por motivos políticos continúa en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar estas graves violaciones».
El informe concluye que Venezuela vive una crisis de derechos humanos donde la impunidad se ha institucionalizado y la justicia nacional ha colapsado. La única esperanza para las víctimas radica en mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y las instancias regionales de derechos humanos. La crisis venezolana se ha convertido en una prueba para la eficacia del sistema internacional de protección de derechos humanos.
