La marcha en Buenos Aires tras el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez revela que la violencia de género se entrelaza con el narcotráfico, la pobreza y la discriminación. La sociedad argentina reclama justicia mientras la región se enfrenta a un espejo incómodo.
Miles de personas tomaron las calles de Buenos Aires para reclamar justicia por un crimen que ha sacudido a la Argentina y que resume, en su brutalidad, varias de las fracturas más hondas de América Latina. El asesinato de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de apenas 15, no puede ser leído como un hecho aislado. La violencia que sufrieron, con rasgos macabros de tortura y descuartizamiento, está vinculada a la lógica de un crimen organizado que actúa con saña ejemplarizante y a la vez con la impunidad que habilita la precariedad del Estado.
El eco de la marcha, con pancartas que denunciaban “narcofemicidio” y con el grito colectivo de “¡Vivas nos queremos!”, es un recordatorio de que la violencia de género en la región no se reduce a cifras estadísticas ni a relatos judiciales. Es, ante todo, una herida social que se alimenta de la desigualdad. Las tres jóvenes eran parte de un barrio empobrecido en la periferia bonaerense, y sus familiares insistieron en desmentir rumores que pretendían vincularlas con la droga o la prostitución. Esa defensa revela otro nivel de violencia: la estigmatización de las víctimas pobres, cuyo derecho a la dignidad debe ser reivindicado incluso después de muertas.
El caso forma parte de un patrón regional en el que violencia criminal y violencia de género se entrelazan. Los femicidios como “castigos ejemplares” muestran la crueldad de las bandas y la fragilidad de comunidades sometidas a poderes paralelos. Aún más perturbador resulta que las torturas fueran transmitidas por redes sociales, en un grupo cerrado, con lo cual el horror deja de ser solo castigo físico para transformarse en espectáculo destinado a sembrar miedo.
La marcha en Buenos Aires mostró que el feminismo argentino, con movimientos como Ni Una Menos, sigue siendo un actor central para visibilizar estas violencias y exigir respuestas. Las consignas, los tambores, las fotografías de las víctimas en pancartas y camisetas construyeron un espacio de duelo y denuncia que recuerda que la sociedad no está dispuesta a aceptar el silencio ni la indiferencia. La voz de los familiares fue desgarradora: padres, abuelos y tías se mezclaron con miles de manifestantes para exigir que la justicia no se detenga en culpables menores, sino que revele toda la cadena de responsabilidades.
El trasfondo es estructural. En un país donde la pobreza golpea con mayor dureza a los barrios periféricos, las jóvenes pobres resultan doblemente vulnerables, pues además de ser mujeres cargan con el peso de una geografía social marcada por la exclusión. Como dijo una de las manifestantes, “siempre es trasmano salir adelante”, expresión que condensa la impotencia de quienes sienten que las condiciones de vida se transforman en condena anticipada. La violencia contra las mujeres en América Latina no puede entenderse al margen de estas desigualdades materiales.
La indignación no debería limitarse al ámbito argentino. El triple femicidio interpela a toda la región, donde la retórica oficial sobre la igualdad convive con cifras alarmantes de feminicidios y con Estados que fallan en proteger a las más vulnerables. La movilización de Buenos Aires confirma que la sociedad civil sigue dispuesta a sostener la denuncia, pero también expone que los mecanismos institucionales permanecen débiles frente al poder del narcotráfico y a la naturalización de la violencia.
El clamor en Buenos Aires tras el asesinato de Morena, Brenda y Lara es un llamado a mirar de frente una realidad que no admite atajos. La violencia de género se agrava cuando se cruza con pobreza y crimen organizado. América Latina no puede permitirse que las vidas de sus jóvenes mujeres sigan siendo descartables. La verdadera justicia será aquella que logre quebrar esa espiral de impunidad y devuelva dignidad a las víctimas y protección a las futuras generaciones.
