Una película de docuficción relata la tragedia de la mujer congoleña que murió en Marruecos esperando respuesta a su solicitud de asilo en España. Rosine había huido con sus cinco hijos tras sufrir persecución política, pero la administración española dilató el proceso durante años pese a que la ley amparaba la petición. Su muerte en 2020 precedió en meses a una sentencia de la Audiencia Nacional que le daba la razón, arrojando luz sobre un procedimiento que obliga a los refugiados a arriesgar sus vidas para acceder a protección.
La historia de Rosine Macosso se ha convertido en símbolo de las contradicciones del sistema europeo de asilo tras el estreno de la película de docuficción que lleva su nombre, dirigida por Pablo Zareceansky. La mujer congoleña murió en 2020 en Marruecos esperando una respuesta favorable a su solicitud de protección internacional en España, un proceso que se prolongó durante años pese a tener acreditada su condición de perseguida política. Su caso ilustra las disfunciones de un marco legal que reconoce derechos sobre el papel pero los vacía de contenido en la práctica.
Rosine había huido de la República Democrática del Congo con sus cinco hijos menores tras sufrir persecución por sus actividades políticas y de defensa de los derechos humanos. Se estableció en Marruecos con la esperanza de conseguir refugio por motivos políticos en Europa, iniciando en 2015 un proceso de solicitud de asilo que se prolongaría hasta su muerte. Su abogada, Elisabeth Ureña, confirmó que la legislación española amparaba plenamente su derecho a solicitar protección internacional desde un tercer país.
El artículo 38 de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece la posibilidad de presentar solicitudes de protección internacional desde el extranjero en misiones diplomáticas españolas. Sin embargo, esta vía legal ha demostrado ser «casi inoperativa y vaciada de contenido» según expertos en derecho de extranjería. La productora Sonia Ros explicó que Rosine «vivió en primera persona las dificultades de pedir asilo a través de las embajadas de la Unión Europea» durante un proceso iniciado formalmente en 2018.
La Administración española dilató sistemáticamente el expediente de Rosine pese a las evidencias documentales que acreditaban su situación de persecución en el Congo. Los funcionarios encargados de evaluar su caso aplicaron criterios restrictivos que contradicen el espíritu protector de la normativa internacional sobre refugiados. Esta práctica sistemática de dilación administrativa convierte el derecho de asilo en una carrera contra el tiempo donde las víctimas de persecución deben sobrevivir en condiciones precarias mientras esperan una resolución que puede no llegar nunca.
El fallo llegó demasiado tarde
La cruel ironía del caso de Rosine se completó en 2021, cuando la Audiencia Nacional española dictó una sentencia que le daba la razón de forma póstuma. Los magistrados reconocieron que había sido víctima de persecución política en su país de origen y que merecía protección internacional, confirmando lo que organizaciones de derechos humanos habían documentado años antes. La resolución judicial llegó varios meses después de que Rosine falleciera por la grave enfermedad que padecía, agravada por años de vida en condiciones precarias.
Esta sentencia póstuma evidencia que el sistema español de asilo no falla por falta de marco legal, sino por la aplicación restrictiva de normas que deberían garantizar protección a las víctimas de persecución. Los funcionarios encargados de evaluar solicitudes aplican criterios de credibilidad diseñados para rechazar casos en lugar de identificar situaciones genuinas de necesidad de protección. La burocracia se convierte así en una barrera adicional que las personas refugiadas deben sortear además de la violencia que las obligó a huir.
El destino de los cinco hijos menores de Rosine ilustra las consecuencias humanas de estas dilaciones administrativas. Quedaron huérfanos en Marruecos, país donde carecían de estatus legal y enfrentaban un futuro incierto. Su situación demuestra cómo la ineficiencia del sistema de asilo genera víctimas colaterales entre los menores, quienes sufren las consecuencias de decisiones administrativas que no consideran el interés superior del menor como criterio prioritario.
Un sistema que obliga al riesgo
La experiencia de Rosine confirma las denuncias del Defensor del Pueblo sobre la inoperancia práctica del artículo 38 de la ley de asilo. Según datos oficiales, menos del 1% de las solicitudes de protección internacional se tramitan a través de misiones diplomáticas, lo que demuestra la brecha entre la normativa teórica y su aplicación real. Esta disfunción obliga a las personas con necesidades de protección a utilizar rutas irregulares que ponen en riesgo sus vidas.
Los profesionales del derecho de extranjería denuncian que la eliminación de facto del artículo 38 convierte el Mediterráneo y las vallas de Ceuta y Melilla en las únicas vías disponibles para solicitar asilo en España. Esta realidad contradice los compromisos internacionales asumidos por España en materia de protección de refugiados y convierte el acceso a la protección internacional en una lotería donde sobreviven quienes pueden permitirse pagar a las mafias del tráfico de personas.
El caso de Rosine también revela las contradicciones de la política migratoria española, que externaliza el control de fronteras hacia países como Marruecos sin garantizar que estos terceros Estados ofrezcan protección efectiva a las personas refugiadas. Esta estrategia trasladaba el problema humanitario fuera de las fronteras españolas sin resolver las causas estructurales que obligan a millones de personas a buscar refugio lejos de sus países de origen.
La historia de Rosine Macosso trasciende el caso individual para convertirse en denuncia de un sistema que reconoce derechos formalmente pero los niega en la práctica. Su muerte representa el fracaso de las instituciones europeas para garantizar protección a quienes huyen de la persecución, evidenciando que el derecho de asilo se ha convertido en privilegio reservado para quienes tienen recursos económicos o contactos suficientes para sortear obstáculos burocráticos. La docuficción que relata su historia busca que su tragedia personal contribuya a visibilizar las reformas urgentes que necesita el sistema europeo de asilo para cumplir realmente su función protectora.
