Muchas familias latinoamericanas dependen de las remesas enviadas por sus seres queridos radicados en Estados Unidos, de manera legal o irregular. Ese dinero suele constituir el principal ingreso del hogar y se destina a cubrir gastos de vivienda, salud, educación y alimentación. En el caso de los inmigrantes sin estatus legal que realizan envíos periódicos, los ingresos provienen sobre todo de oficios en la construcción, la carpintería y otros trabajos manuales. Con el giro político en Washington bajo la nueva gestión de Donald Trump, el miedo y la zozobra ante el riesgo de ser detenidos están incidiendo en la dinámica de las remesas.
Un reportaje de CNN analiza el impacto de las redadas y deportaciones en los envíos hacia México y Centroamérica. Aunque los mexicanos tienen más experiencia con los procesos de expulsión, los centroamericanos son quienes expresan mayor temor y están adelantando envíos de dinero a sus países de origen.
De acuerdo con testimonios recogidos por la cadena estadounidense, en México las remesas han registrado un descenso por la incertidumbre que atraviesan las comunidades migrantes. Según cifras del Banco de México, los envíos cayeron 4,6% en mayo de 2025, tras más de una década de crecimiento ininterrumpido.
El comportamiento de la comunidad mexicana refleja un grupo más asentado y estable en Estados Unidos, con lazos familiares y económicos que se transforman con el paso del tiempo. Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Inter-American Dialogue, señala que “ya no podían seguir enviando más como otras nacionalidades (…) los mexicanos están más familiarizados con el problema de las deportaciones, pero su capacidad de envío llegó a un tope”. Además, muchos de sus hijos ya viven en Estados Unidos, lo que reduce la urgencia de remitir dinero de manera constante.
La forma de transferir recursos también está cambiando. CNN documenta que “aumenta la urgencia, cambia la frecuencia y, en algunos casos, también los canales de envío”.
En Centroamérica y el Caribe la situación es distinta: las remesas crecieron hasta un 20% en lo que va del año y alcanzaron niveles históricos en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia y República Dominicana, según el Observatorio de Migración y Remesas de la Fundación BBVA. Orozco explica que este aumento se debe al miedo: “Si una persona enviaba 300 dólares, ahora manda 360 o 370, porque teme ser deportada pronto y trata de adelantar envíos por si el próximo año ya no puede hacerlo”.
Las comunidades con procesos migratorios más recientes e irregulares —como las de Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela— son las más proclives a este comportamiento, al carecer de estatus legal o figuras de protección como el TPS o el asilo. Aunque los mexicanos tienen larga experiencia en materia de deportaciones, hoy son los centroamericanos quienes actúan con mayor premura para transferir recursos.
El temor se ha intensificado en los últimos meses por el endurecimiento de la política migratoria y la incertidumbre sobre posibles cambios adicionales. Jimmy Harris, experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apunta que muchos migrantes están repatriando ahorros acumulados: “Lo que vemos es gente que envía recursos guardados como previsión ante un futuro incierto”.
Para millones de hogares en Centroamérica y el Caribe, las remesas constituyen la única fuente de ingresos, indispensables para la compra de alimentos, útiles escolares o gastos médicos. De ahí que cualquier interrupción en esos flujos afecte de manera directa la vida cotidiana.
A esta situación se suma la decisión del Congreso estadounidense de aplicar nuevos impuestos. En julio, Trump firmó una ley que fija un gravamen del 1% a determinadas remesas, medida que entrará en vigor en enero próximo. Orozco advierte que incluso un incremento de esa magnitud podría reducir los envíos promedio en 30 dólares y, si el aumento llegara al 10%, uno de cada diez remitentes podría dejar de transferir dinero.
Las proyecciones para 2026 anticipan una desaceleración generalizada: hasta 5% menos en Nicaragua, 3% en Honduras y 2% en Guatemala. Frente a este panorama, las compañías de envío de dinero han intensificado la competencia para retener clientes antes de que busquen alternativas informales.
