La semana pasada en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia contra siete excomandantes de las FARC. La JEP impuso ocho años de restricción de libertad y de trabajos de restauración a siete antiguos comandantes de la organización subversiva por los secuestros cometidos en el marco del conflicto colombiano. Algunas víctimas de esa guerrilla, que permanecieron varios años secuestradas, han dicho que se sienten revictimizadas y que este fallo no las repara. El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se realizó la negociación que llevó a la desmovilización de esa guerrilla, reconoció la frustración frente a las débiles sanciones, pero recordó que “la palabra del Estado es inviolable” y pidió no desfigurar el acuerdo firmado en 2016.
Humberto de la Calle, exjefe negociador del gobierno Santos en el proceso de paz que llevó a la desmovilización de las FARC, se refirió a la sentencia de la JEP contra siete excomandantes de esa guerrilla. De la Calle admite que algunas víctimas han expresado enorme insatisfacción. “Es comprensible. Se trata de personas que padecieron sufrimientos descomunales e injustificados. La sociedad tiene que arroparlos. No podemos exigirles un comportamiento diferente”. De la Calle también observa que otras víctimas “han encontrado descanso espiritual a partir de la sentencia”. En ello incide el grado de victimización y el hecho de que hay quienes encuentran alivio en el perdón, puntualiza.
El exjefe negociador del gobierno Santos dice que Colombia afrontó disyuntivas para lograr la desaparición del que fue el grupo guerrillero más grande, más fuerte en lo militar y más perturbador para la vida de los colombianos. “Si se pudiese retrotraer la historia, el panorama que veríamos es que, tras sesenta años de respuesta militar, el Estado no pudo hacer efectiva sanción alguna contra los miembros del Secretariado [de las FARC]”.
Aunque es comprensible que muchas de las personas afectadas por esa guerrilla hubiesen preferido largas condenas para los responsables de los crímenes, lo cierto es que a ese tipo de condenas solo podría llegarse si el Estado hubiera derrotado a las FARC y capturado o dado de baja a los guerrilleros. Ese no fue el caso. De ahí el rol y la figura de la justicia transicional. Sin negociación y desmovilización el camino se habría hecho todavía más tortuoso, prolongando el sufrimiento y, por consiguiente, con mayores violaciones de los derechos humanos. “Es un momento en el que se logra el fin de la confrontación militar a cambio de tratamientos menos severos para los alzados en armas. Es una decisión profunda y desgarradora que hay que mirar no solo desde la perspectiva de las víctimas ya acaecidas, sino igualmente desde las víctimas futuras evitadas”, precisa el abogado y político colombiano.
El camino del proceso de paz no estuvo libre de tropiezos, pero se negaron las amnistías generales que habían sido tradicionales en procesos previos y, también, se buscaron sanciones alternativas, además de propender a la verdad, reparación y no repetición a través de mecanismos de justicia transicional acordados por las partes involucradas en la negociación. “Una guerrilla que de manera voluntaria acepta el juzgamiento judicial de sus acciones, asume sus sanciones, como lo dijo el Secretariado el día 16 de septiembre, reconoce su responsabilidad y, de nuevo, pide perdón”, abunda de la Calle.
Este es el primer paso en las sanciones a los responsables del conflicto colombiano, sanciones que también llegarán para los militares que actuaron por encima del ordenamiento constitucional del país sudamericano.
De la Calle nota que ha habido dificultades en la vía de la justicia restaurativa. La principal es que la sentencia ha tardado diez años en llegar y ello acrecentó la percepción de impunidad que planeó sobre todo el proceso de paz y en los años siguientes. La demora en la sentencia “contribuyó a generar un vacío en la sociedad. Hay una comprensible dislocación entre estas sanciones menos duras y la suerte que corren otros colombianos en manos de la justicia”.
Por otra parte, el Estado abandonó a la JEP porque los gobiernos siguientes no actuaron en consonancia. Sin embargo, habrá nuevos espacios de reparación que ayuden a mitigar algunas de las insatisfacciones actuales. El exjefe negociador subraya que la sociedad debe continuar en la lucha por la reconciliación social sorteando las dificultades y que esa “sanación”, aunque tomará tiempo, solo puede llegar por la constatación de la no repetición, la verdad y el reconocimiento de múltiples culpas en el conflicto interno colombiano de más de medio siglo. De la Calle se solidariza con el dolor de las víctimas a la vez que reconoce a quienes dejaron las armas y renunciaron a la combinación de todas las formas de lucha.
