Un informe de la Comisión Europea alerta que el futuro económico del continente dependerá de la integración de quienes han permanecido al margen del empleo formal: mujeres, personas mayores, migrantes y trabajadores con discapacidad. El diagnóstico interpela también a América Latina, donde la informalidad y la fuga de talento plantean desafíos paralelos.
Bruselas ha puesto cifras a una realidad que hasta ahora se presentaba como intuición: la Unión Europea perderá hasta dieciocho millones de trabajadores en el horizonte de 2050 si no actúa con decisión. El informe 2025 sobre empleo y evolución social señala que uno de cada cinco europeos en edad de trabajar, lo que equivale a más de cincuenta millones de personas, permanece fuera del mercado laboral, un dato que refleja tanto las rigideces de los sistemas de protección como los prejuicios que aún condicionan la participación de amplias capas sociales.
El peso de las mujeres en este escenario resulta central, ya que treinta y dos millones siguen excluidas de la fuerza laboral debido a la sobrecarga de cuidados familiares, a la falta de guarderías accesibles y a un sistema de prestaciones que desincentiva su incorporación plena al trabajo. La Comisión Europea considera que el incremento de su participación podría no solo elevar el crecimiento económico sino también transformar la cohesión social en sociedades que envejecen aceleradamente.
El segundo bloque lo conforman los trabajadores de entre cincuenta y cinco y sesenta y cuatro años que, en casi veinte millones de casos, permanecen inactivos por normas rígidas de jubilación, falta de opciones de retiro gradual o problemas de salud sin cobertura adecuada. El informe propone rediseñar los sistemas de pensiones, ofrecer formación continua y fomentar la flexibilidad laboral con el fin de prolongar la vida activa de este sector de la población.
Los migrantes, por su parte, constituyen un capital humano desaprovechado. Más de siete millones de ellos no participan en el mercado laboral europeo pese a contar con competencias necesarias para sectores estratégicos como la construcción, la agricultura, los servicios o la salud. La barrera del idioma, la falta de reconocimiento de títulos y la discriminación pesan más que la demanda real de trabajo, lo que explica que un 38 por ciento se encuentre en riesgo de pobreza aunque forme parte de la población activa.
El retrato que ofrece Bruselas se proyecta más allá de Europa y dialoga con América Latina, donde los problemas adquieren otros contornos pero conducen a un mismo resultado: una gran parte del capital humano permanece desaprovechada. En la región, la informalidad crónica, la precariedad de los empleos y la migración forzada de profesionales cualificados hacen que el talento se diluya en lugar de sostener la producción y el desarrollo. Europa se preocupa por cómo atraer y retener mano de obra, mientras varios países latinoamericanos se preguntan cómo detener la fuga de quienes ya no encuentran oportunidades en casa.
El informe de la Comisión Europea diagnostica un déficit laboral y advierte al mismo tiempo sobre la urgencia de replantear las bases de la economía social. La integración de mujeres, mayores, migrantes y personas con discapacidad se presenta como un requisito indispensable para sostener la competitividad de la Unión en un escenario internacional marcado por tensiones comerciales y transformaciones tecnológicas que reconfiguran los equilibrios económicos.
El porvenir europeo se jugará en la capacidad de convertir a los colectivos hasta ahora invisibles en protagonistas de la vida productiva, y en la manera en que esa experiencia inspire a América Latina a entender que el crecimiento trasciende las cifras del PIB y se mide en la aptitud de una sociedad para integrar plenamente a quienes la sostienen desde la discreción.
