La instructora que investiga las muertes por la riada del 29 de octubre de 2024 incluye al bebé de una mujer embarazada fallecida entre las víctimas. Sus autos desmontan progresivamente la versión oficial del Gobierno valenciano sobre la gestión de la catástrofe, rechazando el relato del «apagón informativo» y señalando que había «sobrada información» que fue ignorada. La jueza ha imputado a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso por presuntos delitos de homicidio imprudente.
La jueza que investiga las 229 muertes ocasionadas por la riada del 29 de octubre en Valencia ha incorporado una nueva víctima mortal al procedimiento judicial tras recibir un informe del Instituto de Medicina Legal. La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado librar de oficio un exhorto al Registro Civil para inscribir al bebé de una mujer embarazada de ocho meses que falleció durante la catástrofe, elevando así el número oficial de víctimas mortales a 229 personas.
La decisión judicial refleja el rigor con que la instructora está abordando una investigación que trasciende lo meramente técnico para convertirse en un análisis exhaustivo de responsabilidades políticas y administrativas. La magistrada ha requerido además a ADIF la remisión del informe completo enviado a Les Corts Valencianes en mayo de 2025, incluyendo todas las comunicaciones sobre la suspensión del tráfico ferroviario durante los días 29 y 30 de octubre de 2024.
Los autos dictados por la jueza van desmantelando progresivamente el relato oficial construido por el Gobierno de Carlos Mazón sobre la gestión de la emergencia. En sus resoluciones, la instructora ha rechazado explícitamente la tesis del «apagón informativo» que han venido proclamando dirigentes del Partido Popular valenciano para involucrar a la administración central en las responsabilidades. «Había sobrada información, el problema es que se ignorara», asegura la magistrada en una de sus providencias.
La investigación se centra en la actuación del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), órgano clave durante la emergencia cuyo «mando único» corresponde al gobierno autonómico según establece el Estatuto de Autonomía. La jueza ha criticado la «gran demora» en convocar este órgano y en la toma de decisiones, señalando que la Generalitat disponía de información suficiente para actuar con mayor celeridad y eficacia en la protección de la población.
Imputaciones que señalan a la cúpula autonómica del PP
La instructora ha llamado a declarar como investigados a la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, convirtiéndolos en las primeras personas formalmente imputadas en la causa. La decisión se fundamenta en que a la consejería competente le correspondía «ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil», según establece la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
Los testimonios recabados durante la instrucción han aportado elementos comprometedores para los investigados. Varios testigos han confirmado que Pradas supervisó personalmente el texto y el envío del sistema de alerta ES-Alert, dictando el mensaje como «máxima autoridad» y mostrándose «muy imperativa» durante el proceso. La coordinadora de recursos y protección civil del Centro de Emergencias y el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo han ratificado esta versión ante la magistrada.
La jueza ha emplazado la instrucción para «determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables» de por qué no se indicó a la población que se resguardara en zonas altas más allá del «doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido» mensaje que se limitaba a evitar desplazamientos. La omisión temporal de las alarmas y la actuación errónea en su contenido constituyen, según la instructora, elementos que justifican la imputación por presunta responsabilidad en los fallecimientos.
La investigación ha revelado también las pausas en el funcionamiento del CECOPI como uno de los elementos que acreditarían la presunta negligencia imputada a los dos investigados. El testimonio del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, resulta especialmente revelador sobre el papel del responsable de Emergencias: «El papel de Emilio Argüeso no le digo nulo, pero fue muy básico, al menos allí en el CECOPI a viva voz no intervino», declaró ante la jueza.
El presidente aforado que esquiva la investigación
Carlos Mazón, que no puede ser imputado por la jueza debido a su condición de aforado como diputado autonómico, ha sido requerido para presentarse voluntariamente si lo considera oportuno. El presidente de la Generalitat ha optado por el silencio público, argumentando que respeta el proceso judicial, una estrategia que le sirve de parapeto para no valorar las conclusiones cada vez más comprometedoras de la instructora.
La investigación va acorralando progresivamente el relato político que el Partido Popular ha tratado de imponer sobre la gestión del día de la tragedia. La jueza ha rechazado citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la catástrofe en el restaurante El Ventorro, argumentando que ello desplazaría «sustancialmente» el objeto de la investigación hacia la actuación del presidente, algo «no factible» dada su condición de aforado.
Los testimonios de técnicos y responsables administrativos han ido dilucidando puntos clave de un procedimiento rodeado de conspiracionistas y ataques a la instructora. José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la AEMET en Valencia, ha sufrido una «impresionante persecución» según fuentes próximas al caso, obligando a la jueza a salir en defensa del testigo en varias ocasiones ante las presiones de las defensas de los investigados.
La magistrada ha solicitado en múltiples ocasiones las grabaciones audiovisuales del CECOPI, consideradas evidencia clave para determinar cómo actuaron las autoridades autonómicas en las horas críticas. El último requerimiento establece un plazo máximo de tres días para aportar este material, lo que evidencia que no se ha entregado completamente o dentro de los términos solicitados por el juzgado.
La investigación judicial de la DANA se ha convertido en un proceso que trasciende lo meramente penal para convertirse en un examen exhaustivo de la gestión política de la mayor catástrofe natural de la historia reciente de Valencia. Las conclusiones de la instructora van configurando un relato muy diferente al oficial, donde las 229 víctimas mortales aparecen como consecuencia de decisiones políticas y técnicas que pudieron evitarse con una gestión más eficaz de la emergencia.
