Más de cincuenta eurodiputados han pedido a la Unión Europea de Radiodifusión la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión. El reclamo, que se suma a la decisión de RTVE de condicionar la participación española en 2026, confirma que la política internacional ha alcanzado de lleno a un certamen concebido como espacio de encuentro cultural.
El Festival de Eurovisión, creado en 1956 con la ambición de unir a los pueblos europeos en torno a la música, se encuentra hoy en el centro de un debate que lo trasciende. En Bruselas, eurodiputados de distintas familias políticas, entre ellos españoles de PSOE, ERC, PNV, BNG, Podemos, Bildu y Sumar, han firmado una carta en la que reclaman que Israel sea apartado del certamen. Argumentan que permitir su presencia, mientras la Corte de La Haya investiga posibles crímenes de guerra en Gaza, equivale a un blanqueamiento cultural de la ofensiva militar.
El precedente de Rusia en 2022 está muy presente. Entonces, la Unión Europea de Radiodifusión suspendió a Moscú tras la invasión de Ucrania, con el argumento de que su participación dañaba la reputación del concurso. Los firmantes de la carta señalan que si aquel criterio fue válido en aquel contexto, también debería aplicarse a Israel. El paralelismo abre una discusión incómoda para las instituciones europeas: la consistencia de sus decisiones en materia de derechos humanos.
En España, el tema ya tiene consecuencias políticas. El Consejo de Administración de RTVE decidió retirar al país del festival de Viena en 2026 si Israel participa. Con ello, España se convirtió en el primer miembro del “Big Five” que condiciona su permanencia a la expulsión de un Estado participante. La medida encontró respaldo en sectores sociales movilizados por la causa palestina, aunque el debate está lejos de cerrarse.
La Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, considera un error este tipo de boicot cultural, porque a su juicio castiga al pueblo israelí sin presionar de forma efectiva al Gobierno. La discrepancia entre la posición institucional y la de eurodiputados y radiotelevisiones nacionales refleja la fragmentación de Europa ante Gaza.
Eurovisión se convierte así en espejo de la política continental. Lo que se discute no es únicamente quién canta o quién gana, sino qué legitimidad otorga la cultura en un escenario donde la guerra y los crímenes contra civiles marcan la agenda internacional. La carta de los eurodiputados lo expresa con crudeza: permitir que Israel cante en Viena sería enviar al mundo un mensaje de normalidad, cuando las bombas siguen cayendo sobre la Franja.
En tiempos de guerra, ningún escenario cultural es neutral. La música, que aspira a unir, puede terminar convertida en campo de batalla simbólico. Y Europa, que construyó en Eurovisión un relato de convivencia, enfrenta hoy el dilema de decidir si ese relato admite a un Estado bajo investigación por genocidio.
