Los populares apoyan la proposición ultraderechista para restringir las regularizaciones de inmigrantes pese a calificar el texto como «criminalizador». El Congreso rechaza la iniciativa con 177 votos en contra y 169 a favor del PP y Vox, evidenciando la convergencia ideológica de ambas formaciones en materia migratoria. La diputada popular Maribel Sánchez justifica el voto favorable como necesario para «abrir el debate» sobre inmigración, mientras la portavoz de Vox, Rocío de Meer, defiende «deportaciones masivas» y califica el arraigo como un «regalo indiscriminado» de la identidad española.
El Partido Popular votó junto a Vox a favor de tramitar una proposición de ley para restringir las regularizaciones por arraigo, consolidando su deriva hacia posiciones ultraderechistas en materia migratoria. La iniciativa de Vox, que pretendía eliminar una de las principales vías de regularización de personas migrantes en España, fue rechazada por el Congreso con 177 votos en contra frente a los 169 votos favorables del PP y Vox, mientras que UPN se abstuvo. La votación evidencia la convergencia ideológica entre ambas formaciones conservadoras, que han encontrado en la inmigración el principal vector de competencia electoral hacia la derecha radical.
La diputada popular Maribel Sánchez justificó el voto favorable argumentando la necesidad de «abrir el debate» sobre política migratoria, aunque reconoció que el texto de Vox «criminaliza al extranjero por el hecho de serlo». Esta aparente contradicción refleja la estrategia del PP de competir con Vox en su propio terreno ideológico mientras mantiene un lenguaje aparentemente más moderado. Sánchez rechazó expresamente «cualquier discurso de odio» pero avaló con su voto una proposición que pretendía endurecer significativamente las condiciones de regularización de personas que llevan años viviendo en España de forma irregular.
La portavoz de Vox, Rocío de Meer, defendió la proposición con un discurso abiertamente xenófobo, calificando el arraigo como «la trampa del regalo indiscriminado de lo más valioso que tenemos: nuestra nación, nuestra pertenencia y nuestra identidad». De Meer exigió «deportaciones masivas» y la supresión inmediata del arraigo, argumentando que España «se merece ni un colapso más, ni una niña en peligro más, ni un hijab más, ni un mataleón más, ni un machetazo más». Su intervención incluyó datos alarmistas sobre el incremento del 650% en las regularizaciones por arraigo familiar entre 2020 y 2025, pasando de 43.848 a 328.841 casos.
Mecanismo consolidado desde hace dos décadas
El arraigo es una herramienta jurídica consolidada en España desde 2000, que permite regularizar la situación de personas migrantes tras un período de residencia continuada y la acreditación de vínculos laborales, familiares o sociales. La figura ha sido aplicada tanto por gobiernos del PP como del PSOE durante las últimas dos décadas, constituyendo uno de los principales instrumentos para ordenar los flujos migratorios y facilitar la integración social. Los requisitos incluyen la demostración de permanencia en España durante al menos dos años, carecer de antecedentes penales y acreditar vínculos reales con el país, ya sea mediante contratos de trabajo, vínculos familiares o integración social demostrable.
La propuesta de Vox pretendía ampliar de 60 a 180 días el período máximo de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros, argumentando «dificultades para localizar» a las personas cuando se completa el expediente de expulsión. Sin embargo, los principales obstáculos para las repatriaciones suelen provenir de los países de origen, que dificultan la readmisión de sus nacionales. La iniciativa también incluía la eliminación de salvaguardas procesales que actualmente protegen a personas con vínculos familiares o laborales consolidados, contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La oposición parlamentaria criticó duramente tanto la proposición como el apoyo del PP. El diputado socialista Luc Andre Diouf calificó las palabras de De Meer como «un verdadero atentado contra la democracia», acusando a Vox de mantener posturas «islamófobas» y cargadas de «odio hacia el inmigrante africano». Desde Sumar, Candela López denunció que Vox pretende «destruir los mecanismos de integración social» y comenzar con «la expulsión de esos más de ocho millones de inmigrantes que viven en nuestro país», en referencia a las declaraciones previas de De Meer sobre deportaciones masivas.
Convergencia con la ultraderecha
La votación conjunta de PP y Vox marca un punto de inflexión en la estrategia popular, que había mantenido tradicionalmente posiciones más equilibradas en materia migratoria. Esta convergencia responde a la presión electoral ejercida por Vox, que ha conseguido arrebatar más de un millón de votos al PP desde 2023 según las encuestas internas de ambas formaciones. La sangría electoral ha obligado a Alberto Núñez Feijóo a reconsiderar estrategias que durante su etapa como presidente gallego había rechazado sistemáticamente, adoptando ahora los «discursos del miedo» que anteriormente criticaba.
El giro hacia posiciones restrictivas se ha consolidado durante los últimos meses, especialmente tras la inclusión en la nueva ponencia ideológica de julio de una política más restrictiva en inmigración. Los sondeos revelan que la mayoría de los votantes de Vox proceden del PP, obligando a Feijóo a demostrar que puede ser tan «garante del orden» como Santiago Abascal. Esta dinámica ha llevado al PP a adoptar propuestas como la «expulsión automática de inmigrantes que cometan delitos», rompiendo con principios de proporcionalidad tradicionalmente defendidos por los conservadores.
Los partidos de la izquierda aprovecharon el debate para exigir la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que solicita la regularización de aproximadamente 500.000 personas migrantes. Jon Iñarritu, de EH Bildu, subrayó que «el arraigo no solamente es positivo, sino que es una necesidad», mientras Salvador i Duch, de ERC, instó a «presentar la ILP y ver quién vota en contra». Mikel Legarda, del PNV, acusó a Vox de «instrumentalizar la inmigración con fines electorales» y al PP de «alimentar un monstruo que les devorará», en referencia a las consecuencias de legitimar el discurso xenófobo de la ultraderecha.
