¿Colombia necesita una nueva Constitución? El abogado Andrés Caro pasa revista y factura a la gestión progresista de Gustavo Petro en Colombia. La lista de promesas incumplidas y fallidas, por parte de ese proyecto político, parece interminable. Sin embargo, en criterio del columnista, la peor herencia no serán los escándalos de corrupción, tampoco la mediocridad de los funcionarios, ni siquiera el aparato de persecución y propaganda que montaron desde el Sistema de Medios Públicos (RTVC) o la charlatanería discursiva de Petro quien pretende pontificar sobre lo divino y lo humano, ni la guerra revestida con el eufemismo de “paz total”. Lo peor de esta gestión será “haber sacado a la izquierda del consenso constitucional de 1991”, sostiene.
Para el abogado y columnista Andrés Caro, Colombia no necesita una nueva Constitución. Esta pretensión no es más que el exabrupto y capricho de un narcisista. Caro se muestra decepcionado porque pensaba, al arribo del gobierno progresista, que la izquierda colombiana era o sería leal a la Constitución de 1991 que le permitió competir y llegar al poder ya no a través de la combinación de todas las formas de lucha, sino en el marco del juego democrático. “Pensaba –ingenuo que uno es– que una constitución que fue escrita en parte por el M-19 y que consagró derechos e instituciones progresistas iba a ser una que la izquierda iba a defender con la misma vehemencia con la que la defendió durante los gobiernos de Álvaro Uribe. Parece que estaba equivocado”, admite, con evidente desencanto.
La Constitución de 1991 no es perfecta, pero tampoco tiene que serlo. ¿Cómo se mide la perfección de una Constitución? Los experimentos populistas de la región han mostrado como en años anteriores la megalomanía de los dirigentes, autodenominados progresistas, les llevó a escribir una nueva carta política en consonancia con el tamaño de sus deseos y ambiciones. Las nuevas constituciones lejos de ser perfectas han afectado severamente los principios democráticos de los países vecinos, la división de poderes, la alternancia y han socavado las reglas del juego democrático con lo cual los líderes populistas han podido jugar con la cancha inclinada en su favor.
La Constitución de 1991 no es perfecta, pero sí es incluyente, todos los actores y voces del país están incluidos en la carta política, ninguna fuerza o partido la impuso de manera hegemónica como ocurrió con las constituciones previas. “Ningún grupo se la puede atribuir toda, tampoco, ni se puede ver perfectamente reflejado en ella. Y eso, precisamente, la hace una buena constitución. Es (¿es? ¿fue? ¿todavía persiste?) una carpa grande en la que todos, aunque incómodos y a los gritos, creemos caber sin tener que matarnos”, puntualiza el jurista.
La Constitución de 1991 es una carta política liberal que no aspira a la perfección ni a la utopía que suele seducir al populismo izquierdista, siempre proclive a proyectos tan grandilocuentes como irrealizables. Esa Constitución ha dado marcos para la tolerancia, el pluralismo y la resolución imperfecta y temporal de problemas. Es una Carta que fija límites al poder desmedido y que contiene mecanismos para salvaguardar los pesos y contrapesos que precisa toda democracia, además “ha producido y protegido un espacio cívico grande y diverso que ha criticado y vigilado a los gobernantes”.
Caro tiene razón. Incluso si la Constitución de 1991 no es perfecta, es mucho mejor de la que podría salir actualmente “con una polarización que va de la corrupción de Daniel Quintero a la mediocridad de Vicky Dávila, del marxismo melancólico de Iván Cepeda al autoritarismo de Abelardo de la Espriella (todo esto bajo el sonambulismo de nuestros centristas)”.
Una nueva constitución en 2026 o en 2027 sería, efectivamente, “un texto imposible”, sin consensos duraderos. Las fuerzas políticas desconfían unas de otras: “las diferencias parecen irreconciliables entre una derecha ya no liderada por Álvaro Gómez, sino inspirada en Bukele y en Trump (una que le rinde pleitesía a Netanyahu, por ejemplo), y una izquierda que ya no cree en el crecimiento económico sino en la propaganda y en la estigmatización de los adversarios”.
Por eso, la peor herencia tanto del gobierno como del presidente no es lo que en principio cualquier ciudadano crítico podría sugerir: la corrupción, la mediocridad de sus funcionarios, el aparato de persecución y propaganda desde el Sistema de Medios Públicos, ni siquiera los excesos discursivos de Petro o su fallida “paz total”. La peor herencia es “haber sacado a la izquierda del consenso constitucional de 1991”.
Por todo ello, la izquierda, que hizo parte de ese consenso que dio pie a la Constitución de 1991, debe “desembarazarse del lastre con el que la quiere encartar el petrismo”. El país no necesita una nueva constitución: ese es, simplemente, “el capricho de un narcisista”.
