El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo experimenta una transformación profunda que le aleja del «centro reformista» proclamado y le aproxima a posiciones ultraderechistas. Entre el plante al Rey en la apertura del año judicial y la adopción del discurso antiinmigración de Abascal, los populares buscan con la imitación de la estrategia ultra frenar el ascenso de Vox, que les amenaza con 48 escaños según recientes encuestas.
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo atraviesa una metamorfosis que le está alejando del «centro reformista» que dice representar para aproximarse a posiciones tradicionalmente asociadas con la ultraderecha. La competencia electoral con Vox, que según las últimas encuestas podría alcanzar 48 escaños y el 15,1% del voto, ha empujado a los populares hacia una estrategia de mimetismo discursivo que incluye desde el cuestionamiento de las instituciones hasta la adopción de retóricas antiinmigración. Esta evolución plantea interrogantes sobre la naturaleza del conservadurismo español y las consecuencias para la estabilidad democrática del país.
La transformación del PP se evidencia en una serie de hitos que marcan una ruptura con la tradición institucional del partido. El más reciente y simbólico ha sido la ausencia de Feijóo del acto de apertura del año judicial presidido por Felipe VI, una decisión sin precedentes en el líder de la oposición que buscaba deslegitimar la figura del fiscal general Álvaro García Ortiz. Esta actitud contrasta radicalmente con el respeto institucional tradicional de los populares y se asemeja a las estrategias de confrontación sistemática empleadas por Vox desde su irrupción en el panorama político nacional.
El desplante institucional no constituye un episodio aislado sino la culminación de una estrategia que comenzó a tomar forma a finales de mayo cuando Feijóo calificó al Gobierno de «mafia» y convocó una manifestación con ese lema, reproduciendo exactamente la terminología empleada por Vox en su moción de censura de 2023. Esta apropiación del lenguaje ultra marca el inicio de una deriva que ha llevado al PP a adoptar progresivamente postulados que hasta hace poco rechazaba como extremistas y contrarios a los valores democráticos europeos.
La presión de las encuestas y la aritmética electoral
La evolución discursiva del PP responde directamente a la presión ejercida por el crecimiento electoral de Vox, que ha pasado de ser un socio menor a convertirse en una amenaza real para las aspiraciones de gobierno en solitario de Feijóo. Las encuestas de Sigma Dos sitúan a la formación de Santiago Abascal en 48 escaños, lo que la convertiría en un socio indispensable para cualquier alternativa conservadora al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta realidad aritmética condiciona decisivamente la estrategia popular, que se ve obligada a competir en el terreno ideológico de la ultraderecha para evitar una mayor sangría electoral.
La paradoja de esta estrategia radica en que el intento de frenar a Vox mediante la imitación de sus postulados puede estar generando el efecto contrario, legitimando sus propuestas y facilitando su crecimiento. Los datos de transferencia de votos muestran que un millón de electores ha migrado del PP a Vox desde 2023, evidenciando que la moderación relativa de Feijóo no ha conseguido retener a un sector del electorado conservador que busca propuestas más radicales. Esta dinámica empuja al PP hacia posiciones cada vez más extremas en un intento de recuperar terreno electoral que puede resultar contraproducente.
La dirección nacional del PP justifica esta estrategia argumentando que tiene más margen de crecimiento por su derecha que hacia el centro, descartando la posibilidad de arañar votos al PSOE o a formaciones nacionalistas como PNV o Junts. Esta lectura estratégica, que prioriza la competencia interna en el espacio conservador frente a la ampliación del electorado centrista, marca una ruptura con la tradición popular de apelar al votante medio y refleja una radicalización programática significativa.
Inmigración y seguridad: la adopción del discurso de Vox
El ámbito donde resulta más evidente la convergencia entre PP y Vox es el discurso sobre inmigración y seguridad ciudadana. Feijóo ha adoptado progresivamente la narrativa ultra que vincula inmigración irregular con incremento de la criminalidad, pese a que los datos oficiales demuestran que España vive los niveles de criminalidad más bajos de su historia democrática. La afirmación del líder popular de que «la criminalidad se ha incrementado» a medida que ha crecido «la inmigración ilegal» reproduce literalmente los argumentos empleados por Abascal para justificar sus propuestas de deportaciones masivas.
Esta evolución se ha concretado en medidas específicas como el bloqueo de la acogida de menores migrantes llegados a Canarias en otras comunidades autónomas, una decisión que contradice tanto la solidaridad territorial tradicionalmente defendida por el PP como los compromisos humanitarios internacionales. La ponencia política aprobada en el congreso nacional popular incluye propuestas como «repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales» y exigir «conocimiento del idioma y de la cultura española» a las personas migrantes, formulaciones que replican las demandas históricas de la ultraderecha europea.
Los episodios racistas de Jumilla y Torre Pacheco han servido como laboratorio para esta convergencia discursiva, con el PP murciano apoyando mociones para prohibir el rezo islámico en edificios públicos y legitimando narrativas que presentan a las comunidades musulmanas como amenazas para la convivencia social. Esta deriva islamófoba marca una ruptura con el discurso de integración multicultural tradicionalmente defendido por los populares y los sitúa en posiciones indistinguibles de las mantenidas por la ultraderecha europea más radical.
El cuestionamiento institucional como estrategia política
La adopción por parte del PP de estrategias de deslegitimación institucional representa quizás el aspecto más preocupante de su evolución hacia posiciones antisistema. La ausencia de Feijóo de actos institucionales presididos por el Rey, como la apertura del año judicial o la conmemoración del 40 aniversario de la entrada de España en la UE, rompe con décadas de consenso sobre el respeto a las instituciones del Estado. Esta actitud se extiende al cuestionamiento sistemático de organismos como el Tribunal Supremo, la Fiscalía General o incluso la Corona cuando sus decisiones no favorecen los intereses partidistas del PP.
El bloqueo de la quita de deuda autonómica, que habría permitido ahorrar 60.000 millones de euros a las comunidades gobernadas por el PP, ilustra hasta qué punto la confrontación política ha llegado a primar sobre el interés de los ciudadanos. Esta decisión, que perjudica directamente a los territorios populares, evidencia una radicalización que antepone la oposición sistemática al Gobierno central sobre consideraciones de eficiencia económica o bienestar social. La negativa a aceptar fondos que beneficiarían a sus propios electores marca un punto de inflexión en la política española hacia posiciones de obstruccionismo absoluto.
Las descalificaciones personales contra miembros del Gobierno y sus familias, como las referentes a la prostitución realizadas por Feijóo en el Congreso, representan otra línea roja cruzada en la degradación del debate político. Esta personalización de los ataques, que incluye a familiares sin responsabilidades públicas, reproduce las tácticas empleadas por movimientos populistas y ultraderechistas internacionales para generar indignación emocional frente a argumentación racional.
Las consecuencias para la democracia española
La deriva antisistema del PP plantea interrogantes fundamentales sobre la salud de la democracia española y la estabilidad del sistema de partidos. La normalización de discursos antes considerados extremistas y la ruptura del consenso constitucional sobre el respeto a las instituciones pueden generar efectos a largo plazo que trasciendan los cálculos electorales inmediatos. La legitimación de narrativas antiinmigración, islamófobas y antiinstitucionales por parte del principal partido de la oposición amplifica su alcance social y facilita su penetración en sectores tradicionalmente moderados del electorado conservador.
Los politólogos consultados alertan sobre el «tensionamiento del discurso muy perjudicial para el conjunto de la democracia» que supone esta evolución del PP hacia posiciones que cuestionan los fundamentos del sistema democrático liberal. La profesora Júlia Miralles, de la Universidad Pompeu Fabra, advierte que «ya no va de derecha europeísta, va de derecha antisistema en el peor de los sentidos», una transformación que podría tener consecuencias irreversibles para la cultura política española.
La proximidad de las elecciones en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco debe someterse a las urnas antes de febrero de 2026, constituye el primer test electoral de esta nueva estrategia popular. Los resultados en esta comunidad, tradicionalmente conservadora y afectada por la crisis de los incendios forestales, servirán como indicador de la efectividad de la estrategia de mimetismo con Vox y podrían determinar si el PP mantiene o rectifica su actual deriva antisistema.
El riesgo para el PP es que al intentar frenar a Vox mediante la imitación de sus postulados pueda estar legitimando un discurso que facilite el crecimiento de la ultraderecha y erosione los fundamentos democráticos que históricamente ha defendido. La experiencia europea demuestra que las estrategias de convergencia discursiva con la ultraderecha raramente logran frenar su ascenso y frecuentemente generan el efecto contrario de normalizar posiciones extremistas. La evolución futura del conservadurismo español dependerá de la capacidad del PP para evaluar los costes a largo plazo de una estrategia que puede poner en riesgo tanto su identidad política como la estabilidad del sistema democrático.
